La historia de Colombia está marcada por masacres con altísimo número de víctimas fatales. Hagamos memoria sobre algunas de ellas. La masacre de las bananeras en 1928 dejó entre 47 y 2.000 trabajadores asesinados durante la huelga de la United Fruit Company. Masacres de Trujillo (1988-1994) entre 245 y 342 personas fueron torturadas y desmembradas. La Chinita en 1994, Apartadó Antioquia, con 35 personas asesinadas. Falsos positivos (1985-2010), 6.402 civiles asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Bojayá 2002 en Chocó, 79 personas asesinadas. Machuca 1998, 70 personas asesinadas.
Muchos creímos en la promesa del proceso de paz del gobierno Santos, hecha trizas presupuestalmente por el gobierno Duque y hoy por el de Petro, de que los colombianos habíamos superado la época de masacres en el país. 11′291.986 compatriotas creyeron en la promesa del Pacto Histórico y de Gustavo Petro, quien a rajatabla afirmó que con su política de paz total, bajo su gobierno, no regresarían las masacres.
Hoy la masacre del Catatumbo, con 80 asesinados y 20.000 desplazados, demuestra que esa promesa no solo fue incumplida sino traicionada. La política de paz total fracasó, además significó un retroceso para el Estado de derecho y un amparo total a la expansión territorial que ejercen todo tipo de organizaciones criminales y delincuenciales a punta de rentas criminales, violencia y terror sobre la población, con el apoyo al ELN de la Guardia Nacional Venezolana al servicio del dictador.
La gravedad de los hechos ocurridos en Norte de Santander no tiene precedentes porque esta vez involucra la intervención extranjera directa, violatoria de nuestra soberanía territorial, del régimen de Maduro. La incursión militar de la Guardia Nacional Venezolana, en alianza con el ELN, implicó crímenes de guerra y narcotráfico dentro del territorio colombiano. El gobierno, entonces, no puede quedarse callado y debe presentar oficialmente una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En su defecto, la denuncia puede presentarla el secretario general de la ONU o la OEA.
Los bárbaros y dolorosos hechos del Catatumbo dejan varios interrogantes: ¿El Estado colombiano realiza actividades de inteligencia en Venezuela? ¿El Estado venezolano realiza actividades de inteligencia en Colombia? ¿Se intercambia información?
¿Existe intercambio de información entre Colombia y Venezuela que confirme que el ELN se movilizó desde Arauca hacia el Catatumbo a través del territorio venezolano? ¿Las tropas venezolanas al oriente del ELN lo están encerrando para evitar su regreso a Colombia o buscan consolidar objetivos específicos? ¿El despliegue de tropas venezolanas tiene como objetivo disimular una alianza con el ELN, asegurar su retirada hacia el oriente o es una estrategia coordinada con un aliado del gobierno colombiano? ¿Cuánto tiempo duró la orden y/o el alistamiento de las tropas venezolanas antes de desplegarse en la frontera? ¿El movimiento de tropas venezolanas es una estrategia propagandística? ¿Qué objetivos buscan alcanzar con este despliegue? ¿Existen comunicaciones controladas por la inteligencia colombiana en la frontera del Catatumbo? ¿Hay comunicación directa entre las unidades del Estado venezolano y el ELN? ¿Cuál es el precio actual del kilogramo de clorhidrato de cocaína en la frontera? ¿Cuál es el precio base de la pasta de base de coca (PBC) en la región? ¿Cómo están cubriendo los medios internacionales el movimiento de las tropas venezolanas? La prioridad en el Catatumbo es reconocer, escuchar, atender y proteger la vida de las comunidades.
Por Juan Manuel Galán Pachón
