Si algo han dejado en claro estos casi dos años de pandemia es el conflicto entre los intereses de las empresas, que son de corto plazo, y las necesidades del país, que son de largo plazo, y cuya respuesta no genera beneficios económicos de corto plazo sino un crecimiento sostenible y equilibrado en el tiempo, económica y socialmente.
Es un conflicto que es visible y creciente cuando se ha iniciado una recuperación económica pospandémica en el mundo, y con ella afloran los mayores riesgos y fragilidades que tienen las economías nacionales. Este es un llamado del economista Daron Acemoglu frente a la atención de los empresarios a sus negocios a corto plazo sin tener en cuenta las realidades donde los sobrecostos en la producción aumentan en la medida en la que las cadenas de suministros se hacen más extensas y complejas; donde la falla en uno de sus eslabones se puede proyectar a otros, poniendo en riesgo hasta la seguridad alimentaria en ciertas naciones.
Se trató de una pandemia que acrecentó la concentración de riqueza a escala nacional y mundial, e hizo aún más inequitativo el acceso a condiciones de vida digna al grueso de la población universal. El tema de la vacunación es un ejemplo contundente y dramático, pues el problema no es técnico ni económico, sino de insolidaridad y de ausencia de al menos los elementos básicos de un gobierno supranacional; un sueño frustrado con la ONU, guardián de unos componentes básicos de un interés general mundial; un ideal utópico pero necesario en el mundo de hoy.
Además, en el escenario del actual sistema económico mundial se hace explícita la diferencia sustantiva entre la lógica e intereses de las empresas individualmente consideradas y las de la economía como un todo. Diferencia fundamental que nace del hecho de que las decisiones de las empresas, de sus directivos y ejecutivos, se rigen fundamentalmente por la búsqueda de ganancias de corto plazo para los accionistas, dependientes primordialmente de las señales de las bolsas de valores con su alto componente inmediatista y especulativo. Pero no son solamente los intereses de corto plazo de los accionistas: también son los de los altos ejecutivos, con sus ingresos extraordinarios, a los cuales crecientemente se les premia no su capacidad para aumentar el poderío y la iniciativa de las empresas a su cargo, sino el valor en un momento dado de su acción en la bolsa; valor que en alto grado es, en el actual capitalismo financiero, especulativo y manipulable.
Mientras tanto, en esta etapa de predominio del capital financiero, alimentador y beneficiario como ninguno de la especulación reinante, los intereses de la sociedad y de la economía como un todo, que deben ser el corazón de la política pública, están expósitos y a la buena de dios.
Estamos en una situación similar a la anterior a la pandemia, desnudada y dramatizada por esta, con efectos cada vez más claros y preocupantes que reclaman un timonazo fuerte y a tiempo, que solo pueden realizar los Estados nacionales a partir de reconocer que el desarrollo de cada país requiere una política, una estrategia de acción de mediano y largo plazo liderada por un Estado defensor y guardián del bien común, del interés general. Atrás debe quedar, por la fuerza de los hechos y exigencia de la realidad, el principio del viejo liberalismo del Estado mínimo. Se necesita un Estado fuerte y suficiente. No en nómina sino en autoridad y compenetración con los intereses de la nación. Es decir, de los ciudadanos, expresados en una política nacional de desarrollo, acordada democráticamente, que reconozca y defienda el puesto de Colombia en este mundo y en esta economía globalizada.
