Caminar por las calles del centro histórico de Quito obliga a hacer comparaciones tristes y preocupantes con el caótico espacio público de Bogotá.
Quito, desde la alcaldía de Paco Moncayo, héroe militar ecuatoriano, le ha dado continuidad a una política de ciudad respaldada por acciones nacionales de lucha contra la exclusión. Han sido 15 años de esfuerzo continuado, serio e integral. Algo bien distinto a lo sucedido en Bogotá.
Las dos últimas administraciones distritales, de Moreno y Petro, sucumbieron presas de arrebatos populistas y electoreros que desembocaron en la triste situación actual de calles, plazas y parques capitalinos, víctimas de una invasión desbordada por toda clase de negocios piratas, financiados y explotados por empresarios quienes , a costa de la ciudad, se aprovechan y explotan la pobreza y la necesidad del rebusque de un creciente ejército de informales urbanos.
En la administración de Lucho Garzón, de la que fui Secretario de Gobierno siempre se planteó que se trataba, como bien lo expresó Antanas Mockus, de “construir sobre lo construido”. Las políticas tenían una continuidad sin caer en el simple continuismo. Se consideró que en el espacio público, armazón y tejido conectivo de la ciudad, se encontraban enfrentados dos derechos. Por un lado, el de todos los ciudadanos a disfrutar de los espacios urbanos y por el otro, el de la ciudad a regular el uso de ese espacio. Era posible que de una manera no invasiva, bajo normas claras y no simplemente de la ley de la selva con el “sálvese quien pueda”, ciudadanos autorizados podrían vender allí productos pocos y determinados que demanda el peatón – periódicos y revistas, tiquetes de transporte público, cigarrillos, alimentos embolsados… -, como sucede en casi todas las ciudades organizadas del mundo. Una práctica social que anima los bulevares de ciudades como Barcelona, París, Roma, Buenos Aires, Santiago… Quito.
Se lograron acuerdos con los vendedores callejeros, se firmaron compromisos, se diseñaron los módulos como parte del equipamiento urbano de la ciudad, -que ganaron el premio de diseño de la Universidad Tadeo Lozano-. Se aprobó y estructuró un programa que en su primera etapa comprendería la instalación de más de 200 módulos, se instalaron los primeros, pero hubo cambio de administración y hasta ahí llegó el programa. NI un módulo más hasta el sol de hoy.
¿La razón? Se empezó a ver en los vendedores callejeros no a unos conciudadanos que organizados podían desarrollar en puntos definidos del espacio público de la ciudad una actividad comercial formal y útil, sino simplemente a posibles electores con los cuales había que ser complacientes; como dato curioso, no hubo ni módulos ni votos. El único resultado fue el regreso, con renovados bríos, de la invasión caótica de las calles. Se reinstaló el abandono del espacio público, cuya máxima expresión, su “obra maestra”, es la pseudo peatonalización de la Carrera Séptima por el alcalde Petro, monumento a la improvisación y a la falta de sentido de “lo público” olvidando que este tiene una ética y una estética, como bien lo planteaba ese enamorado de Bogotá que fue Rogelio Salmona.
En el alma de ciudadanos y dirigentes, de ricos y pobres, de urbanos y campesinos, de jóvenes y viejos, está ausente o hay un preocupante déficit del sentido de lo público, de la responsabilidad ciudadana, del esfuerzo continuado. Y de manera notoria esa ausencia está presente en el discurso político de una izquierda sumida en una peligrosa complacencia populista que anula la posibilidad de formar una conciencia ciudadana proactiva, no dependiente del asistencialismo. Pero también de la derecha que con su individualismo, sin horizonte ni perspectiva, no tiene otro propósito que ordeñar el presente en beneficio propio. La experiencia de Quito bien puede aportarles sencillas enseñanzas a unos y a otros.
