Con La Habana no terminará la violencia

“Hay que transformar la economía ilegal o esta será generadora de violencia”.

Una observación oportuna y veraz, no como las que se han escuchado recientemente, expresada por Todd Howland, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En medio de toda la cháchara sobre paz y postconflicto que se mueve entre el desconocimiento de la cruda realidad del país, que trasciende a las FARC y su guerra subversiva fallida, y una especie de pensamiento mágico, alimentado por el gobierno Santos, que plantea que al día siguiente de la firma nadaremos en la abundancia económica en un mar de armonía social; todo ello aderezado con planteamientos ultraideologizados de amigos y enemigos de los acuerdos; de “derecha” y de “izquierda” para utilizar dos desgastadas categorías políticas-.

Howland pone el dedo en la llaga: el problema central del país, la madre de todos sus conflictos, es la economía ilegal que tiene su barco insignia en el narcotráfico y crecientemente en la minería ilegal, directamente adelantada o controlada por organizaciones abiertamente criminales o guerrilleras, que no en la perseguida megaminería, que merece columna aparte. Esa economía ilegal es la fuente económica de la corrupción que nos carcome, principal beneficiaria con la permanencia de la violencia; ilegalidad y corrupción que requieren la violencia y el desorden social que ella genera, como condición para su permanencia y crecimiento. Economía ilegal convertida en importante y en ocasiones única fuente de empleo y referente de vida para tantas personas excluidas de una sociedad con su carcaza legal pero en su interior y alma carcomida por la insolidaridad y el vacío ético; una sociedad a la cual hoy tantos desafían y odian por egoísta e hipócrita.

No se trata de minimizar la importancia de lograr acuerdos con las FARC para facilitarles salir dignamente de una guerra revolucionaria fallida. Esa movida, que ha mostrado que no es fácil, requiere que por su parte las FARC, aún a costa de dividirse, rompan toda relación con el crimen organizado que controla al narcotráfico y a la minería ilegal. Hasta el momento es claro su interés, de naturaleza principalmente política, de liderar la sustitución de cultivos en las regiones donde históricamente han estado presentes y han ejercido autoridad, con ese sector del campesinado, el de las comunidades de campesinos colonos, convertidos muchos de ellos en cocaleros, que no desean permanecer como tales pero no han encontrado la salida por el sucesivo fracaso de las políticas de sustitución de cultivos. Es un planteamiento coherente con la realidad de esas comunidades y territorios, que permitiría que la guerrilla con su experiencia y su presencia en esas regiones, las ponga al servicio de un propósito que le interesa al país, a los norteamericanos y a ellos en trance de volverse una fuerza política desarmada.

Hacer esos cambios en la base económica del país, no solo de su componente rural, significa adelantar una verdadera transformación nacional que requiere mucha plata, la cual no vendrá de la limitada cooperación internacional, por más que lo pregone el gobierno; vendrá sí del esfuerzo solidario y patriótico de los colombianos que le tienen que “invertir” para construir un futuro digno, más amable para todos, ricos incluidos, para dejar atrás un presente con aromas mafiosas, cínico hasta las cachas, donde reina un “sálvese quien pueda” que es la antítesis de una sociedad que merezca ese nombre. Hablar de estos asuntos remite a la crisis de liderazgos y de organización política en que está sumido el país. Ojalá los avances habaneros sirvan de electrochoque para revivir el moribundo cuerpo de la política. Termino con un lugar común que no debe servir de consuelo sino de estímulo: las grandes crisis pueden abrirle las puertas a grandes oportunidades. Cruzo los dedos para que así sea.