Costoso el regalo a los pulpos de las pensiones

Hablar de pensiones es hablar de la calidad de vida de las personas después de los años de trabajo— la imagen de un viejo pobre es el vivo retrato de la desolación— pero son también fundamentales para la economía de un país por ser componente principal del ahorro de los ciudadanos que tienen la capacidad económica para realizarlo.

Hasta la ley 100 existía en Colombia, a semejanza de los europeos, un sistema pensional de prima móvil estatal a cargo del Seguro Social, hoy Colpensiones, al cual por ley debían cotizar empleados y trabajadores asalariados. Los recursos del aporte privado, más el del Estado, iban a un fondo común del cual salían las pensiones para los cotizantes que hubieran cumplido las condiciones de edad y número de cotizaciones. El Seguro Social invertía esos recursos en papeles de deuda pública, una colocación con una rentabilidad baja pero segura.

Las modificaciones en el trabajo y la informalización del mercado laboral, la desaceleración del crecimiento de la población y la ampliación de la esperanza de vida, fragilizaron los cimientos del sistema obligando a aumentos de los aportes del presupuesto nacional para cubrir el déficit creciente del sistema. Aparece entonces al calor de las reformas neoliberales y de su afán privatizador, la política de privatizar la administración de las pensiones, entregándosela a fondos privados especializados, donde el Chile de Pinochet abrió el camino. Serían cuentas individuales de ahorro obligatorio en las cuales el empleado o trabajador, sin discriminaciones o condiciones, cotiza periódicamente un monto de ahorro incrementado con lo producido por las inversiones que el fondo realiza con los ahorros entregados, cuyos resultados económicos están sujetos a los vaivenes de la economía y de la bolsa, en un escenario de alto riesgo. El Estado no interviene, pues es literalmente un negocio entre el fondo y el particular que decide hasta que monto o período va a ahorrar.

Con la solución adoptada las pensiones dejaron de depender de recursos del presupuesto y se convirtieran en un buen negocio para el sistema financiero a través de los fondos administradores de pensiones. Cuatro fondos controlan el negocio, administrando y disponiendo de la tercera parte de la riqueza nacional, del PIB, representada en recursos de ahorro por 317 billones de pesos.

Desde el decreto 558 de 2018, regalo de despedida de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas y Germán Vargas Lleras al sistema financiero, los fondos podrán invertir esos ahorros de los particulares en empresas y proyectos del grupo o pulpo del cual hacen parte. Ese es el corazón del negocio, no las comisiones de administración que cobran, que sin problema podrían reducirse al costo de su trabajo administrativo, ante lo jugosa de la torta de ahorro a su cargo de la cual pueden disponer sin limitación alguna. Duque simplemente “les mejoró el regalo”.

La situación clama parar los regalos a los pulpos del sistema financiero y ponerle orden al manejo de los ahorros que sustentan los ingresos de los pensionados; poderosas razones de equidad social y de lógica y necesidad económica señalan la urgencia de reformar los procedimientos y controles a las administradoras del ahorro privado que lo realizan por delegación del gobierno. Pero hay que ir más allá en las reformas, pues las pensiones no deben seguir a cargo de dos entidades independientes, sino ser parte de un mismo sistema, cumpliendo tareas diferentes pero complementarias. El Estado directamente con Colpensiones, sería el responsable de administrar y complementar los recursos del ahorro de trabajadores y empleados que cotizan para garantizar un aseguramiento universal con una pensión básica, a la cual tendría derecho toda persona que trabaje y genere un ingreso. Por su parte, los actuales fondos administradores se encargarían del componente complementario de quienes voluntariamente decidan cotizar adicionalmente, para aumentar el valor de su pensión.

Es un tema central por donde se le mire, que no ha merecido la atención que requiere. Petro tiene razón al abordarlo, pero lo hace de manera equivocada aunque políticamente atractiva. Más que simplemente descalificarlo, se debe discutir y plantear una propuesta seria. Hay tiempo para hacerlo en la campaña. Es necesario, diría que urgente.