Atrás quedó definitivamente, por irreal, la utopía revolucionaria que desde los 60 y al calor de la Revolución Cubana soñaba con tumbar “el sistema” a bala; lo único que logró fue menguar nuestra democracia, retardando su desarrollo al alimentar el fantasma de “lo subversivo” que, especialmente bajo la férula del estado de sitio, permitió satanizar la propuesta ciudadana. El Frente Nacional modernizó a Colombia en muchos aspectos pero mantuvo maniatado su desarrollo político. La Constitución del 91 creyó que rompiendo el bipartidismo liberaría la política; aunque en ello fue ingenua, abrió espacios para que la política evolucionara y se pusiera a tono con un país que cambiaba en medio de grandes contradicciones. Betancur y Barco tuvieron presente que el gran obstáculo para lograrlo era la ya vieja, descarriada, eterna y estéril guerra subversiva. Con realismo y responsabilidad, iniciaron el camino de la negociación. Aunque la Constitución abrió nuevos horizontes democráticos, a la finalización de la guerra le faltaba el último hervor y se lo dio Álvaro Uribe al plantear que esta solo terminaría cuando el adversario entendiera que no la podía ganar; a eso se dedicó sin cuartel. Juan Manuel Santos entendió que, como consecuencia de la exitosa ofensiva militar, estaban dadas las condiciones para construir la paz con una guerrilla que finalmente se despedía de su viejo sueño de la revolución triunfante.
Mientras andábamos en estas, en medio de asesinatos y una corrupción sin nombre —en la historia, guerra y corrupción suelen ir de la mano—, a merced de un Estado que ni ocupaba ni ejercía soberanía en el conjunto del espacio nacional, se creó un vacío de autoridad y de proyecto nacional en el cual pelecharon para-Estados: el de la guerrilla con sus quimeras revolucionarias y otros que eran simplemente criminales, mafiosos, entregados con pasión al narcotráfico y hoy a la minería ilegal y criminal, corruptores y devastadores de vidas, de naturaleza y de convivencia democrática. Guerrilla y narcos con su brazo paramilitar rápidamente pasaron de enfrentarse a entremezclarse, a unirse frente a su enemigo común, un Estado que a ratos parecía desbordado por la situación.
El bando de los subversivos lo desorganizó y en buena medida desarmó el Acuerdo de La Habana, que aun con sus falencias y limitaciones sacó la política del rincón y el amodorramiento en que había estado. Se iniciaron entonces dos procesos que originaron la realidad que ahora vivimos. El primero fue la desaparición del pretexto, en especial durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, para tildar de subversiva toda expresión o acción de protesta, normal en una democracia sana.
De otra parte, la amenaza armada dejó de ser para el Estado, dirigiéndose a las personas. Entramos a la era de la seguridad humana, punto este que Gustavo Petro tiene bien claro —“la defensa y el aumento de la vida”, en sus palabras altisonantes—. Con ello quedó definitivamente al desnudo que lo que puede derrumbar a nuestro Estado de derecho no son los fusiles guerrilleros sino los millones del crimen y la corrupción, hoy principales responsables de los asesinatos de ciudadanos, de muchos dirigentes sociales, cuya única falta es pretender defender a los suyos, a sus comunidades, del salvajismo del gran delito que hoy campea en el país, en el rural pero también en el urbano.
Como conclusión lógica de lo anterior, ingresamos al tiempo de otra política de seguridad y convivencia ciudadana, de la mano de una policía de verdad ciudadana que nos ha de acompañar en nuestra cotidianidad; los franceses sabia y bellamente denominan a sus efectivos “guardianes de paz”. Como sucede en muchos países, su tarea ha de ser complementada, para garantizar la defensa de la sociedad y la democracia, con un cuerpo de policía civil armada para enfrentar a los enemigos internos de la sociedad, ya no directamente de los ciudadanos, que operan de manera territorialmente localizada. Ya no son los subversivos sino los corruptos, narcos y el crimen organizado, con sus grandes empresas y ejércitos. Las Fuerzas Militares regresan a su nicho propio, la defensa de la soberanía y el territorio nacional frente a enemigos externos. Ha de ser una policía desmilitarizada bajo el mando de quien vela por el orden interno, el Ministerio del Interior.
Preocupa de las propuestas de Petro —el Gobierno todavía no supera esa fase— cómo se articula todo esto con la vaga paz total, donde todos, como pecadores arrepentidos, reciben el perdón de manera concreta, caso a caso, en sus territorios y espacios propios. Parecería que la paz se irá extendiendo a medida que territorialmente se desmonte el conflicto o, mejor, los conflictos. El narcotráfico queda en el limbo, pues así como su motor principal es internacional, igual tiene que ser su solución, sin ella podremos solo ponerle pañitos de agua. Con la minería criminal, por ser más “nacional”, podrían lograrse mejores resultados. Sobre la gran corrupción ligada a todo esto y que oronda se campea por todo el país —Estado, sociedad, mundo de los negocios—, poco o nada ha dicho el Gobierno y menos ha hecho.
Atrás quedó definitivamente, por irreal, la utopía revolucionaria que desde los 60 y al calor de la Revolución Cubana soñaba con tumbar “el sistema” a bala; lo único que logró fue menguar nuestra democracia, retardando su desarrollo al alimentar el fantasma de “lo subversivo” que, especialmente bajo la férula del estado de sitio, permitió satanizar la propuesta ciudadana. El Frente Nacional modernizó a Colombia en muchos aspectos pero mantuvo maniatado su desarrollo político. La Constitución del 91 creyó que rompiendo el bipartidismo liberaría la política; aunque en ello fue ingenua, abrió espacios para que la política evolucionara y se pusiera a tono con un país que cambiaba en medio de grandes contradicciones. Betancur y Barco tuvieron presente que el gran obstáculo para lograrlo era la ya vieja, descarriada, eterna y estéril guerra subversiva. Con realismo y responsabilidad, iniciaron el camino de la negociación. Aunque la Constitución abrió nuevos horizontes democráticos, a la finalización de la guerra le faltaba el último hervor y se lo dio Álvaro Uribe al plantear que esta solo terminaría cuando el adversario entendiera que no la podía ganar; a eso se dedicó sin cuartel. Juan Manuel Santos entendió que, como consecuencia de la exitosa ofensiva militar, estaban dadas las condiciones para construir la paz con una guerrilla que finalmente se despedía de su viejo sueño de la revolución triunfante.
Mientras andábamos en estas, en medio de asesinatos y una corrupción sin nombre —en la historia, guerra y corrupción suelen ir de la mano—, a merced de un Estado que ni ocupaba ni ejercía soberanía en el conjunto del espacio nacional, se creó un vacío de autoridad y de proyecto nacional en el cual pelecharon para-Estados: el de la guerrilla con sus quimeras revolucionarias y otros que eran simplemente criminales, mafiosos, entregados con pasión al narcotráfico y hoy a la minería ilegal y criminal, corruptores y devastadores de vidas, de naturaleza y de convivencia democrática. Guerrilla y narcos con su brazo paramilitar rápidamente pasaron de enfrentarse a entremezclarse, a unirse frente a su enemigo común, un Estado que a ratos parecía desbordado por la situación.
El bando de los subversivos lo desorganizó y en buena medida desarmó el Acuerdo de La Habana, que aun con sus falencias y limitaciones sacó la política del rincón y el amodorramiento en que había estado. Se iniciaron entonces dos procesos que originaron la realidad que ahora vivimos. El primero fue la desaparición del pretexto, en especial durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, para tildar de subversiva toda expresión o acción de protesta, normal en una democracia sana.
De otra parte, la amenaza armada dejó de ser para el Estado, dirigiéndose a las personas. Entramos a la era de la seguridad humana, punto este que Gustavo Petro tiene bien claro —“la defensa y el aumento de la vida”, en sus palabras altisonantes—. Con ello quedó definitivamente al desnudo que lo que puede derrumbar a nuestro Estado de derecho no son los fusiles guerrilleros sino los millones del crimen y la corrupción, hoy principales responsables de los asesinatos de ciudadanos, de muchos dirigentes sociales, cuya única falta es pretender defender a los suyos, a sus comunidades, del salvajismo del gran delito que hoy campea en el país, en el rural pero también en el urbano.
Como conclusión lógica de lo anterior, ingresamos al tiempo de otra política de seguridad y convivencia ciudadana, de la mano de una policía de verdad ciudadana que nos ha de acompañar en nuestra cotidianidad; los franceses sabia y bellamente denominan a sus efectivos “guardianes de paz”. Como sucede en muchos países, su tarea ha de ser complementada, para garantizar la defensa de la sociedad y la democracia, con un cuerpo de policía civil armada para enfrentar a los enemigos internos de la sociedad, ya no directamente de los ciudadanos, que operan de manera territorialmente localizada. Ya no son los subversivos sino los corruptos, narcos y el crimen organizado, con sus grandes empresas y ejércitos. Las Fuerzas Militares regresan a su nicho propio, la defensa de la soberanía y el territorio nacional frente a enemigos externos. Ha de ser una policía desmilitarizada bajo el mando de quien vela por el orden interno, el Ministerio del Interior.
Preocupa de las propuestas de Petro —el Gobierno todavía no supera esa fase— cómo se articula todo esto con la vaga paz total, donde todos, como pecadores arrepentidos, reciben el perdón de manera concreta, caso a caso, en sus territorios y espacios propios. Parecería que la paz se irá extendiendo a medida que territorialmente se desmonte el conflicto o, mejor, los conflictos. El narcotráfico queda en el limbo, pues así como su motor principal es internacional, igual tiene que ser su solución, sin ella podremos solo ponerle pañitos de agua. Con la minería criminal, por ser más “nacional”, podrían lograrse mejores resultados. Sobre la gran corrupción ligada a todo esto y que oronda se campea por todo el país —Estado, sociedad, mundo de los negocios—, poco o nada ha dicho el Gobierno y menos ha hecho.