Duque, engolosinado con el capital internacional

La conclusión inapelable que deja el debate ciudadano al malhadado proyecto tributario de la dupla Duque-Carrasquilla, es que Colombia requiere imperativamente que en lo inmediato y en el largo plazo los gobiernos dejen de cifrar en la capacidad de endeudamiento internacional del país y de captación de capitales internacionales, la obtención de los recursos para atender tanto las emergencias como las tareas del desarrollo nacional; razón por la cual a los gobiernos se les vuelve imperativo y a cualquier costo, cuidar el grado de inversión de nuestra deuda externa, definido por las mal llamadas “calificadoras de riesgo”, necesario para continuar la carrera de endeudar a Colombia en unos dólares cada vez más caros; endeudamiento que en los tres años de Duque alcanzó ya al 60% del producto interno bruto (PIB), mientras que el promedio regional oscila en torno del 35%. El reclamo es que este y los futuros gobiernos destierren la idea de financiar los inaplazables desembolsos de la pandemia y del desarrollo nacional con más endeudamiento externo y no con los generados con la capacidad productiva de la nación, con sus recursos disponibles. La estrategia equivocada del gobierno hace que el pago de esa deuda se convierta en la prioridad de prioridades gubernamentales, como lo expresa el proyecto de presupuesto para el 2022, en donde se aumentarían en un 10% los recursos para ello, mientras que las partidas para inversión se disminuirían en la cuarta parte. Son recursos de los colombianos que al destinarse al pago de la deuda externa saldrían del circuito económico nacional disminuyendo con ello la demanda agregada, motor de la recuperación económica que se alimenta principalmente del consumo de las clases medias y popular.

Las propuestas fiscales de la ANDI de aplicación inmediata, acogidas en carta de la Coalición de la Esperanza al Presidente Duque es un eco local de las voces y posiciones que se escuchan crecientemente, procedentes del mundo empresarial mundial (Davos y de alguna manera el FMI) y de las autoridades monetarias (Banco Central Europeo, Reserva Federal norteamericana). Empresarios que empiezan a entender finalmente que un capitalismo sin control, abandonado a sus “dinámicas naturales” de concentración y acumulación monopolista, termina estrangulándose a sí mismo. Que la distribución de riqueza y de ingresos es condición necesaria para tener un capitalismo moderno, vigoroso, innovador, generador de fuentes de empleo y de ingresos para los ciudadanos y no solo para unos pocos. E igualmente, que una clase media fuerte es consustancial con ese capitalismo vigoroso y esa democracia fuerte, hoy amenazada por populismos de corte autoritario, que aprovechan la protesta de los excluidos, que crece al ritmo en que se profundizan las desigualdades económicas.

En la futura reforma tributaria, estructural y progresiva, debe desterrarse el fácil expediente de generalizar el cobro del IVA y su monto, impuesto indirecto y regresivo porque no diferencia entre el consumidor rico y el pobre, entre bienes básicos y los de lujo y prestigio, que por lo demás podrían tener tasas de impuesto altas. La necesaria equidad tributaria, en la lógica de una economía de mercado y de un régimen democrático que merezca ese nombre, exige que se mire hacia la cúspide de la pirámide de ingresos, al 1% ubicado en el penthouse de los super super ricos, según feliz expresión de Luis Jorge Garay, quienes disfrutan del privilegio escandaloso de tener una tasa efectiva de tributación del 2% de sus ingresos. En ese grupúsculo de los oligarcas de verdad, se encuentra el corazón de la desigualdad imperante en Colombia en términos económicos, sociales y políticos, resultado de la antidemocrática e ilegítima distribución del esfuerzo fiscal.

Por ello la tarea, una vez se garantice la financiación de las acciones de atención de la crisis, será concertar un verdadero estatuto tributario que no se limite a remendar una legislación tributaria llena de agujeros y disposiciones “con nombre propio”: exenciones temporales o permanentes, descuentos que rompen el principio de la progresividad de los impuestos (“el que más recibe, más paga”), mandato constitucional nunca obedecido que deberá serlo para superar finalmente nuestro raquítico y deforme capitalismo. Una transformación tributaria que atienda el reclamo y aspiración ciudadana cuya voz de protesta se escucha a lo largo y ancho del país, para hacer realidad el justo y aplazado reclamo de campesinos, de trabajadores y de empresarios y agricultores, comprometidos con el desarrollo nacional; de la clase media, de cuyo vigor depende en alto grado la salud del cuerpo social colombiano.