Durante años la disculpa en Colombia para no hacer lo que se debía hacer era que no había plata, que como éramos pobres… Hoy no es que seamos ricos, pero como se dice, “tenemos con qué”. Así que la disculpa se acabó.
Dos de los puntos críticos para ser admitidos en la OCDE, el vaticano de las buenas prácticas administrativas y de gobierno, están en la picota pública, y con razón: el no futuro de una política de ciencia y tecnología que merezca ese nombre, y los preocupantes, por no decir desastrosos resultados obtenidos en las pruebas PISA de evaluación de los logros educativos, que periódicamente realiza nada menos que la misma OCDE.
En el escenario actual colombiano conseguir las metas es un asunto socialmente controlable. Pero en ambos casos seguimos sin tener una política y un propósito compartido y obligante, que permita darle coherencia, continuidad y sentido al esfuerzo realizado, única manera de liberarlo del azar de las coyunturas o, peor aún, de los caprichos o veleidades de quienes deciden. Falta una visión que identifique, comprometa y ordene las prioridades, acciones y desembolsos presupuestales y que entienda que los resultados en educación e investigación exigen compromiso y continuidad en períodos de tiempo largos, ajenos a los cuatrienios presidenciales y a los cronogramas electorales.
El no saber hacia dónde se quiere (y se puede) avanzar lleva a la errática asignación de los recursos económicos, técnicos y humanos que aunque ahora sean más abundantes, siguen siendo limitados frente a la magnitud de la tarea a realizar. La calidad del gasto público, de la inversión de los recursos de los ciudadanos, fue subestimada mientras la preocupación se concentraba en la permanente falta de presupuesto. Hoy en cambio, esa es la prioridad.
En ambos asuntos, pero especialmente en lo que a investigación se refiere, se necesita combinar racionalmente, no a base de favoritismos o de simple clientelismo, el componente regional con el nacional, pues tanto por los temas a investigar como por la capacidad de cada región para adelantar esa tarea, no es válido aplicar una regla única e inflexible. Las decisiones concretas tienen que estar sometidas a la consideración juiciosa de distintas variables: del interés y pertinencia del asunto, es decir, si es nacional o regional; de su complejidad y naturaleza, si se trata de investigación básica o aplicada; de la estructura regional para adelantarla…Las iniciativas regionales y nacionales, ambas igualmente necesarias y valiosas, deben ser evaluadas como proyectos complementarios y no competitivos en el marco de una estrategia de país que reconozca la activa participación y compromiso territorial.
Al respecto es importante mantener presente que la voz y el querer regional no pueden confundirse con la voz y el querer de los políticos. Ésta debe ser una decisión concertada localmente entre la academia, los empresarios y los gobiernos territoriales, los tres actores y dolientes regionales de la investigación. Un desequilibrio en su participación produce malos resultados como sucede por ejemplo con Corpoica, donde el control de los gremios con sus fondos parafiscales ha distorsionado el sentido y alcance de una actividad fundamental que no puede ser tarea burocrática del gobierno, ni fuente adicional de ingresos para las instituciones académicas regionales o solo instrumento del legítimo interés económico de los gremios y sus afiliados.
Para seguir con el caso agropecuario, las experiencias brasileñas y argentinas muestran claramente que se necesita una política nacional con sus componentes regionales, ejecutada en ambos escenarios con la activa participación de la academia, los empresarios privados (no solo los grandes) y el estado, el nacional y los regionales. El debate que reabrió el tema del presupuesto es de la mayor importancia y no se debe silenciar con unos millones más para el 2015. El asunto en juego es más que de billete.
