Van 30 días de conflicto social en el Catatumbo, reeditando por enésima vez la conocida y triste historia de un país carente de la mínima sindéresis o perspectiva social o política, donde unos temas avanzan a velocidades suicidas, como sucede con los tratados de libre comercio que se aprueban a manotazo limpio, como si los mercados internacionales estuvieran en promoción y se fueran a agotar las posibilidades de acceder a ellos.
Mientras otros asuntos públicos que, esos sí, no dan espera para su atención, dan vueltas y revueltas sin solucionarse, en medio de promesas formuladas y reiteradas a lo largo de los años de manera precipitada por funcionarios despelucados que ofrecen soluciones improvisadas bajo la presión del paro cívico, de la protesta ciudadana, de las vías tomadas. Promesas incumplidas que serán la cuota inicial del futuro paro convocado para protestar por el viejo problema y por la palabra oficial incumplida una vez más.
Es una historia de no acabar, costosísima para la sociedad en su conjunto. En lo político, al desvalorizar y deslegitimar la autoridad y la palabra oficial, dejándole el campo libre a la guerrilla, que frente a la comunidad desatendida y desairada, ni corta ni perezosa, busca ocupar o conservar el espacio abandonado por un Estado legal pero ausente. La desatención de legítimos reclamos y protestas de las comunidades movilizadas, generalmente rurales, tiene un costo económico indeterminado y acrecienta y perpetúa tanto la pobreza social y económica de amplios sectores ciudadanos como la insolidaridad.
Esa realidad la tergiversan los distintos gobiernos con el argumento de que la protesta y el reclamo no es ciudadano y libre, sino subversivo e impuesto. La satanización sistemática del descontento ciudadano, desvirtúa aún más a nuestra desangelada democracia y termina por debilitar la legitimidad del Estado, haciéndole sin querer el juego a la guerrilla y a su pretensión de actuar como estado frente a esas comunidades desairadas por la autoridad legítima.
Es obvio que por nuestra accidentada historia, la guerrilla por años ha estado cercana a muchas comunidades, lo cual no las hace guerrilleras. Si hay un responsable de la situación, no es la guerrilla que la aprovecha a su favor ni la comunidad obligada por su historia a convivir con ella, sino el estado que al incumplirles a esos conciudadanos y calificarlos de subversivos, los aísla cada vez más de la sociedad colombiana, condenándolos a seguir conviviendo con la guerrilla, su vecina y en ocasiones única “autoridad”. El estado no tiene una política distinta a la de reaccionar frente a las crisis y las movilizaciones, en medio de la improvisación.
Nos falta el propósito nacional que hace medio siglo reclamaba Alberto Lleras, es decir, un horizonte compartido que permita ordenar y priorizar las acciones, disponer planificadamente de unos recursos escasos para salirle adelante a las coyunturas, a las problemáticas y a las promesas precipitadas e irresponsables. Solo así dejaremos de ser simplemente reactivos, “apagando el incendio del día”, para asumir el control de nuestro destino, con una visión de largo plazo y políticas públicas acordadas democráticamente a las cuales se les dé el tiempo necesario para madurar y dar sus frutos.
Lo del Catatumbo es la repetición de un cuento viejo y triste. Muestra no el poderío guerrillero sino la torpeza y frivolidad de unas instituciones y una dirigencia a las cuales parecería que la realidad nos quedó grande.
