En este mundo, las locuras de los ricos son tenidas por planteamientos serios, afirmaba hace 30 años John Kenneth Galbraith. No fue un comunista furibundo sino un reconocido economista keynesiano, profesor de Harvard y asesor del presidente Kennedy. Y lo decía porque amparado en el discurso liberal del dejar hacer se da la acción de grandes empresas que terminan por destruir las instituciones constitutivas de un capitalismo de libre mercado.
La razón de ello, que se fue consolidando luego de la Segunda Guerra Mundial, es un proceso de traslado del poder efectivo en las empresas y conglomerados grandes, de los accionistas, sus propietarios, a su administración. Accionistas numerosos y dispersos, desordenados y desinformados o poco informados, sin poder en la asamblea. Mientras que la administración la conforma un equipo consolidado, con jefe (los todopoderosos CEO), capacidad técnica y de acción. En ese escenario de distribución desigual de capacidades y poder real, una administración empoderada termina por seleccionar a los miembros de las juntas directivas que formal y teóricamente deberían representar los intereses de los dueños y no de los administradores.
El resultado es esperable: el poder real termina controlado por la administración y ésta lo pone en mayor o menor grado a su servicio, escapando al control de los accionistas. De manera progresiva logra aumentar su tajada en los ingresos producidos bajo la forma de altísimos salarios y prebendas como opciones de compra de acciones y beneficios al retiro (el “golden parachute” pleno de privilegios finales).
Es un capitalismo localizado en las antípodas del original, que tenía una administración, con el gerente a la cabeza, dependiente de los accionistas, es decir de los dueños activos en las asambleas y en el reparto de las utilidades como dividendos; de ahí la importancia de los gravámenes fiscales a las acciones. En el capitalismo actual, bajo la lógica de los administradores empoderados, la prioridad es reservar utilidades para nuevos proyectos de inversión que amplían el poder y prebendas de los administradores. Las inversiones, más que para crear nuevas empresas, son para compras o tomas de empresas ya existentes, generalmente con el apalancamiento de créditos respaldados por los balances de la empresa prestataria. Es un capitalismo de concentración más que de creación de capacidad productiva, donde el capital financiero es actor central.
Lo del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) es una variante de lo expuesto con un ingrediente propio y bien importante, y es que se trata de un conjunto de empresas cuyas acciones en altísimo porcentaje están repartidas entre ellas, permitiendo priorizar la reinversión de utilidades, dejando por consiguiente un saldo magro para repartir como dividendo. Es claro: la prioridad no son los intereses e ingresos de los accionistas sino el fortalecimiento de las empresas y por consiguiente del Grupo como tal – y, consecuentemente, del poder de los administradores –. Los accionistas van en un segundo plano, mientras que la administración dispone del grueso de las utilidades y de abundantes créditos, otorgados principalmente por bancos del Grupo y garantizados con activos de gran y creciente valor. El resultado, empresas florecientes y diversificadas mientras sus acciones en la bolsa están completamente subvaluadas, constituyéndose en un manjar exquisito y barato para Gilinski y los árabes, pues aún con el mayor precio ofrecido por estos, su valor real intrínseco es muy superior.
Tenemos entonces un capitalismo sui géneris, en la línea de lo analizado por Galbraith hace 30 años, implantado por esa época en “la industria antioqueña” para defenderse de una primera toma por Jaime Michelsen Uribe y su grupo financiero, y para blindarse de una posible penetración del capital del narcotráfico, por entonces en plena expansión en Antioquia y Colombia. Una acción que era para atender situaciones coyunturales terminó siendo el corazón de una estrategia exitosa en lo económico para las empresas y el Grupo, pero acabó debilitándolas y haciéndolas vulnerables, al desconectarse cada vez más de su región de origen, fuente de su fortaleza institucional, social y aún política, y desarrollar comportamientos monopólicos signados por la prepotencia, dándole la espalda a su región y a sus accionistas. Para colmo, terminaron cayendo en el escenario que siempre quisieron evitar.
En este mundo, las locuras de los ricos son tenidas por planteamientos serios, afirmaba hace 30 años John Kenneth Galbraith. No fue un comunista furibundo sino un reconocido economista keynesiano, profesor de Harvard y asesor del presidente Kennedy. Y lo decía porque amparado en el discurso liberal del dejar hacer se da la acción de grandes empresas que terminan por destruir las instituciones constitutivas de un capitalismo de libre mercado.
La razón de ello, que se fue consolidando luego de la Segunda Guerra Mundial, es un proceso de traslado del poder efectivo en las empresas y conglomerados grandes, de los accionistas, sus propietarios, a su administración. Accionistas numerosos y dispersos, desordenados y desinformados o poco informados, sin poder en la asamblea. Mientras que la administración la conforma un equipo consolidado, con jefe (los todopoderosos CEO), capacidad técnica y de acción. En ese escenario de distribución desigual de capacidades y poder real, una administración empoderada termina por seleccionar a los miembros de las juntas directivas que formal y teóricamente deberían representar los intereses de los dueños y no de los administradores.
El resultado es esperable: el poder real termina controlado por la administración y ésta lo pone en mayor o menor grado a su servicio, escapando al control de los accionistas. De manera progresiva logra aumentar su tajada en los ingresos producidos bajo la forma de altísimos salarios y prebendas como opciones de compra de acciones y beneficios al retiro (el “golden parachute” pleno de privilegios finales).
Es un capitalismo localizado en las antípodas del original, que tenía una administración, con el gerente a la cabeza, dependiente de los accionistas, es decir de los dueños activos en las asambleas y en el reparto de las utilidades como dividendos; de ahí la importancia de los gravámenes fiscales a las acciones. En el capitalismo actual, bajo la lógica de los administradores empoderados, la prioridad es reservar utilidades para nuevos proyectos de inversión que amplían el poder y prebendas de los administradores. Las inversiones, más que para crear nuevas empresas, son para compras o tomas de empresas ya existentes, generalmente con el apalancamiento de créditos respaldados por los balances de la empresa prestataria. Es un capitalismo de concentración más que de creación de capacidad productiva, donde el capital financiero es actor central.
Lo del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) es una variante de lo expuesto con un ingrediente propio y bien importante, y es que se trata de un conjunto de empresas cuyas acciones en altísimo porcentaje están repartidas entre ellas, permitiendo priorizar la reinversión de utilidades, dejando por consiguiente un saldo magro para repartir como dividendo. Es claro: la prioridad no son los intereses e ingresos de los accionistas sino el fortalecimiento de las empresas y por consiguiente del Grupo como tal – y, consecuentemente, del poder de los administradores –. Los accionistas van en un segundo plano, mientras que la administración dispone del grueso de las utilidades y de abundantes créditos, otorgados principalmente por bancos del Grupo y garantizados con activos de gran y creciente valor. El resultado, empresas florecientes y diversificadas mientras sus acciones en la bolsa están completamente subvaluadas, constituyéndose en un manjar exquisito y barato para Gilinski y los árabes, pues aún con el mayor precio ofrecido por estos, su valor real intrínseco es muy superior.
Tenemos entonces un capitalismo sui géneris, en la línea de lo analizado por Galbraith hace 30 años, implantado por esa época en “la industria antioqueña” para defenderse de una primera toma por Jaime Michelsen Uribe y su grupo financiero, y para blindarse de una posible penetración del capital del narcotráfico, por entonces en plena expansión en Antioquia y Colombia. Una acción que era para atender situaciones coyunturales terminó siendo el corazón de una estrategia exitosa en lo económico para las empresas y el Grupo, pero acabó debilitándolas y haciéndolas vulnerables, al desconectarse cada vez más de su región de origen, fuente de su fortaleza institucional, social y aún política, y desarrollar comportamientos monopólicos signados por la prepotencia, dándole la espalda a su región y a sus accionistas. Para colmo, terminaron cayendo en el escenario que siempre quisieron evitar.