Cuando lean esta columna, ya habrá sido presentado un libro de la excanciller María Ángela Holguín el cual, según anticipan en W Radio, toca temas sensibles políticamente y daría pistas para entender el enredo en que quedó sumido el proceso de paz, que no puede seguirse imputando solo a la tibieza del gobierno Duque y algunos han llegado a calificar de indiferencia. Sin pretender lavarle la cara a este, sí creo que deben tenerse en cuenta hechos relacionados con la forma como se logró el Acuerdo de Paz que marcarían luego las dificultades en su aplicación. El libro en cuestión podría ayudar a aclarar este asunto, bastante más importante que una mera curiosidad para la historia.
El camino a La Habana, que se inició con los avances pioneros de Belisario Betancur, no surgió de la nada en el discurso de posesión de Juan Manuel Santos. Tuvo un recorrido largo durante el cual se fueron dando los hechos que lo harían posible: gracias a la derrota política de las Farc al desnudarse sus reales intenciones guerreras en el Caguán con Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, interpretando políticamente un sentimiento ciudadano ampliamente expandido en esa coyuntura, pudo presentarse como el salvador que derrotaría militarmente a una guerrilla que seguía apostándole a la victoria militar. Uribe ganó la mano militar y el discurso de Santos se volvió factible.
Apareció entonces la ambición legítima del nuevo presidente de ser el colombiano que lograra la paz, el sueño frustrado de Betancur y Uribe. Pero fue distorsionada por un arrebato de vanidad personal, ganarse el Premio Nobel de Paz, afán que habría de imponerle una fecha límite a la firma del Acuerdo sin tener en cuenta su dinámica. Fecha arbitraria que le introduciría un factor de urgencia y precipitud a un proceso de gran complejidad que demandaba calma y no afán, con unos cronogramas acoplados a su avance y no a las fechas de un premio.
Precipitud que generó el pecado original del proceso y que a la fecha lo sigue marcando: no haber sido el resultado de un gran acuerdo ciudadano y político, necesario para que fuera un propósito nacional nacido de ese acuerdo, como se hizo y se logró con el proceso constitucional del 91. Tristemente acabó en manos de unos pocos cercanos al presidente, mientras que el grueso de la ciudadanía no se sintió vinculada ni solidaria ni corresponsable de su éxito. La apatía ciudadana y política lo envolvió y solo cambió tardíamente como reacción al voto negativo en el plebiscito aprobatorio.
Buscando “aligerar”, facilitar la negociación, el tema del narcotráfico en general y de los narcocultivos en particular fue abordado de manera superficial, tangencial para evitar demoras en su firma, soslayando su papel central en el conflicto como es hoy patente. Alimenta una violencia que no cesa y unos cultivos disparados por la señal perversa que el gobierno Santos envió en el marco de las negociaciones y que terminó convertida en promoción del cultivo: no más fumigaciones ni controles y el gobierno les pagará la coca sembrada en el marco de la sustitución. Las cifras no mienten y son simplemente escandalosas.
Juan Manuel Santos ha hecho un reconocimiento táctico y cultivado de esta última circunstancia. Veremos si María Ángela Holguín es menos diplomática al respecto.
