Hay una pregunta cuya respuesta el país evade y con ello lo único que se ha logrado es aumentar la lista de asesinatos ante un Gobierno que anuncia “tomar medidas” para terminar haciendo nada o muy poco. Mientras tanto, los asesinos siguen tan campantes y mueren colombianos en territorios de nadie; mentira, territorios del crimen.
Una pregunta sencilla de formular cuya respuesta clarificaría el camino a seguir: ¿qué papel juega el narcotráfico como generador de violencia? ¿En Colombia se mata por política o por plata? Con el Acuerdo de La Habana terminaron ciertas formas de violencia, especialmente la indiscriminada contra la población y la propia de acciones militares, pero siguió otra centrada ahora en líderes comunales, en territorios donde reinan los narcocultivos. Su propósito es claro, aterrorizar a poblaciones que quieren creerle al Gobierno y dejar atrás esos cultivos, algo que los criminales consideran como una osadía que se paga con la vida. Su interés tiene un norte: no solo conservar las áreas sembradas sino aumentarlas, tumbando selva en los parques nacionales, donde la guerrilla operó como una protectora de hecho.
Retiradas las Farc de esos territorios, el Gobierno no hizo presencia inmediata y el resultado es el que conocemos, territorios donde además han llegado personas que se lucran con el saqueo de maderas finas y la ampliación de una ganadería de frontera que aumenta pastizales a costa de la selva.
Pero no nos engañemos, en esas tierras la locomotora de la destrucción natural y de la muerte es el narcotráfico. Falta ver qué significa para esta situación el difuso Plan Colombia II, anunciado en asocio de un gobierno norteamericano hipócrita que evade su gigantesca responsabilidad en el negocio asesino, al pretender que el consumidor estadounidense es la inocente víctima del malvado latino narcotraficante, cuando es de simple sentido común que si hay consumidores listos para pagar caro el pase de perica, hay quien se le mida a venderle la droga y con un agravante, pues a mayor persecución, mayor es la rentabilidad y el atractivo de este negocio criminal.
Esta situación tiene dos causas sabidas pero ignoradas por razones políticas: de una parte, unas negociaciones en donde por conveniencia política, dada la urgencia por lograr firmar un acuerdo a cualquier costo, se minimizó el papel del narcotráfico en la violencia y el conflicto armado, haciendo caso omiso de que este llevaba más de 40 años avanzando y penetrando la sociedad. La historia es conocida: en un principio, lo enfrentó la guerrilla fariana cuando apareció en sus territorios de influencia involucrando a comunidades campesinas que tenían un modus vivendi establecido con el grupo armado, de respeto y apoyo; luego pasó al cobro “del gramaje” como contribución del negocio al sostenimiento de la acción guerrillera, abriéndole así el camino al creciente involucramiento guerrillero en el narcotráfico, que terminó por transformar la acción guerrillera, que se hizo cada vez menos política y más mercantil, más asociada al negocio cocalero.
La negociación, en las difíciles circunstancias de polarización política existentes, llevó al gobierno Santos a enfatizar en el carácter político de la guerrilla y de su lucha, y a minimizar su creciente componente mafioso. Y así se hizo. El tema quedó circunscrito a establecer el compromiso estatal con los territorios y comunidades escenarios del conflicto, de adelantar una estrategia de reforma rural integral, importante y necesaria, pero sin nada concreto y efectivo para ponerle fin a lo que ya se sabía era el principal generador de violencia. Con ello quedó libre el perro rabioso de la violencia, que sigue haciendo de las suyas y de una manera trágica y dolorosa, ahora ensañada con los jóvenes, en comunidades apartadas del país. Allí donde manda el negocio de la coca.
Hay una pregunta cuya respuesta el país evade y con ello lo único que se ha logrado es aumentar la lista de asesinatos ante un Gobierno que anuncia “tomar medidas” para terminar haciendo nada o muy poco. Mientras tanto, los asesinos siguen tan campantes y mueren colombianos en territorios de nadie; mentira, territorios del crimen.
Una pregunta sencilla de formular cuya respuesta clarificaría el camino a seguir: ¿qué papel juega el narcotráfico como generador de violencia? ¿En Colombia se mata por política o por plata? Con el Acuerdo de La Habana terminaron ciertas formas de violencia, especialmente la indiscriminada contra la población y la propia de acciones militares, pero siguió otra centrada ahora en líderes comunales, en territorios donde reinan los narcocultivos. Su propósito es claro, aterrorizar a poblaciones que quieren creerle al Gobierno y dejar atrás esos cultivos, algo que los criminales consideran como una osadía que se paga con la vida. Su interés tiene un norte: no solo conservar las áreas sembradas sino aumentarlas, tumbando selva en los parques nacionales, donde la guerrilla operó como una protectora de hecho.
Retiradas las Farc de esos territorios, el Gobierno no hizo presencia inmediata y el resultado es el que conocemos, territorios donde además han llegado personas que se lucran con el saqueo de maderas finas y la ampliación de una ganadería de frontera que aumenta pastizales a costa de la selva.
Pero no nos engañemos, en esas tierras la locomotora de la destrucción natural y de la muerte es el narcotráfico. Falta ver qué significa para esta situación el difuso Plan Colombia II, anunciado en asocio de un gobierno norteamericano hipócrita que evade su gigantesca responsabilidad en el negocio asesino, al pretender que el consumidor estadounidense es la inocente víctima del malvado latino narcotraficante, cuando es de simple sentido común que si hay consumidores listos para pagar caro el pase de perica, hay quien se le mida a venderle la droga y con un agravante, pues a mayor persecución, mayor es la rentabilidad y el atractivo de este negocio criminal.
Esta situación tiene dos causas sabidas pero ignoradas por razones políticas: de una parte, unas negociaciones en donde por conveniencia política, dada la urgencia por lograr firmar un acuerdo a cualquier costo, se minimizó el papel del narcotráfico en la violencia y el conflicto armado, haciendo caso omiso de que este llevaba más de 40 años avanzando y penetrando la sociedad. La historia es conocida: en un principio, lo enfrentó la guerrilla fariana cuando apareció en sus territorios de influencia involucrando a comunidades campesinas que tenían un modus vivendi establecido con el grupo armado, de respeto y apoyo; luego pasó al cobro “del gramaje” como contribución del negocio al sostenimiento de la acción guerrillera, abriéndole así el camino al creciente involucramiento guerrillero en el narcotráfico, que terminó por transformar la acción guerrillera, que se hizo cada vez menos política y más mercantil, más asociada al negocio cocalero.
La negociación, en las difíciles circunstancias de polarización política existentes, llevó al gobierno Santos a enfatizar en el carácter político de la guerrilla y de su lucha, y a minimizar su creciente componente mafioso. Y así se hizo. El tema quedó circunscrito a establecer el compromiso estatal con los territorios y comunidades escenarios del conflicto, de adelantar una estrategia de reforma rural integral, importante y necesaria, pero sin nada concreto y efectivo para ponerle fin a lo que ya se sabía era el principal generador de violencia. Con ello quedó libre el perro rabioso de la violencia, que sigue haciendo de las suyas y de una manera trágica y dolorosa, ahora ensañada con los jóvenes, en comunidades apartadas del país. Allí donde manda el negocio de la coca.