En la salud son Estado y privados haciéndole juntos

La realidad no se da en blanco y negro, no es lo uno o lo otro, como si fuera un espacio, una elección ética entre dos absolutos, lo bueno y lo malo. Por ello, las políticas públicas necesitan tener la capacidad de ajustarse a la realidad de su tema. Los dogmáticos, que suelen tener almas de ayatolas por principistas e intransigentes con la opinión diferente y con la realidad misma, viven en el afán de que esa realidad, frecuentemente díscola para ser captada en su integridad y complejidad, se acomode a sus visiones y planteamientos. Por el contrario, deberían ser ellos los que se ajusten a la realidad, no para acomodarse sino porque solo comprendiéndola se puede transformar; lo demás es tan inútil como el perro ladrándole a la luna, mucho ruido, mucho escándalo y poco más.

Digo lo anterior para tratar de entender o al menos vislumbrar las entretelas de las posiciones de Gustavo Petro y su Gobierno respecto a la política de salud. En ese tema, que es literalmente de vida o muerte, en Colombia no estamos en el día cero de la creación, pero tampoco en el mejor de los mundos. Parece que desde el Gobierno miraran con nostalgia el viejo sistema estatal, centrado en los seguros sociales, en el ISS. Entiendo que el almendrón de la posición oficial es considerar que lo público o estatal per se es bueno porque representa el interés común y en su tarea solo está involucrado el bien de los ciudadanos, lo mueve el espíritu del servicio público, mientras que el sistema privado de salud no mira más que el lucro, pues la salud de la gente es solo un negocio. Una visión maniquea que deja de lado las dificultades, los intereses y las trapisondas que se mueven en los proyectos y las actividades estatales, salud incluida, e igualmente reduce lo privado a un negocio.

La Constitución del 91, de la cual tanto se vanagloria Gustavo Petro, hizo en este punto un avance fundamental para desarrollar un verdadero Estado social de derecho: estableció que no necesariamente lo público se circunscribe a la órbita de lo estatal, que el Estado puede delegar en particulares el desarrollo de políticas públicas, cuyas condiciones y alcances define a través de leyes, decretos y reglamentaciones que enmarcan la acción de los particulares, sometida a esas normas públicas. Por prestar un servicio público, por atender un derecho ciudadano en su nombre, su actividad es regulada por las correspondientes comisiones y supervisada por las superintendencias, creaciones ambas de la Constitución. Que estas entidades no estén cumpliendo con su responsabilidad constitucional — el caso frecuente del regulador capturado por el regulado— es otro problema y no se soluciona dando marcha atrás en las políticas.

Una salud solo en manos de particulares o solo bajo el control de funcionarios y políticos es un adefesio que impide garantizar el pleno derecho a la salud, al cual sin excepción ni condición tiene derecho todo colombiano, independientemente de su circunstancia. La Constitución fue sabia al evitar caer en un pecado mortal de estos tiempos: la estatolatría de unos fanáticos o la mercadolatría de otros. Permite aprovechar las ventajas de uno y otro escenario, de manera tal que se contrarresten, limando sus ángulos negativos del clientelismo y la corrupción o del afán de la ganancia ilimitada que cierra puertas de acceso al servicio por razones de desigualdad económica, traducida en exclusión e injusticia social contraria a la democracia social. La posición puramente ideológica del Gobierno Petro frente a este tema crítico de la salud termina tirando por la borda los fundamentos constitucionales y democráticos sobre los cuales está estructurado nuestro sistema de salud, en vez de mejorar un servicio que requieren la sociedad y la vida, que obviamente es mejorable y necesita ser mejorado. Es un caso claro en donde la pasión reformista, en vez de mejorar la situación, termina agravándola, deja de ser solución y se convierte en fuente de nuevos problemas.