Es la política, estúpidos

Durante la primera campaña presidencial de Bill Clinton, cuando ésta no despegaba, uno de sus asesores escribió en un tablero, “Es la economía estúpidos”; la situación dio entonces un vuelco, Clinton ganó la elección.

El economista Piketty la semana pasada, al analizar la situación de la economía mundial, hizo afirmaciones sintetizables en una frase simétrica a la anterior, “Es la política estúpidos”. Se refería a la alarmante concentración de riqueza – como patrimonio e ingresos – que vive el mundo, Colombia incluida, donde el 1% de la población tiene una riqueza igual a la del 99% restante y donde el valor del patrimonio de los particulares es el doble del público. La dinámica del capitalismo concentra crecientemente los recursos de capital y de tecnologías, y las oportunidades, que solo puede ser contrarrestada con una política fiscal activa para que el reparto del ingreso después de impuestos, tenga una estructura más equilibrada económicamente y más equitativa en términos sociales. Son desequilibrios originados en procesos económicos, cuya solución es política.

Hace treinta años ese proceso se revivió con el neoliberalismo triunfante que nos regresó a la situación de la “Bella Época”, de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, cuando el capitalismo avanzó sin control o regulación alguna y la concentración de la riqueza alcanzó unos picos que ahora se vuelven a conocer, consecuencia del arrinconamiento del Estado por las fuerzas de un mercado absolutamente libre. Es el fundamentalismo de mercado que denuncia George Soros, exitoso especulador y agudo analista, que lo considera la mayor amenaza que enfrenta el capitalismo contemporáneo. La tendencia concentracionista se reversó durante los cuarenta años de la era de la política económica keynesiana (1935 – 1975), gracias al activismo del Estado en el manejo de la moneda y sobre todo de las finanzas públicas, con la tributación progresiva, el gasto y el endeudamiento público como instrumentos para dinamizar y estabilizar la actividad económica.

Con el regreso del pensamiento económico liberal - de mercados libres y estado mínimo -, se volvieron a soltar, con renovados bríos, las fuerzas de un mercado no competitivo, en el seno de una economía mundializada sometida a los intereses cortoplacistas y especulativos del capital financiero; una economía en la cual la tecnología y la llegada al mercado mundial de países con mano de obra abundante y barata, reducen el costo del trabajo y su participación en la riqueza disponible.

Desde John Stuart Mill, uno de los antecesores de un liberalismo social, se considera que el reparto de la torta de la riqueza y el ingreso nacional es fruto de una negociación socio política, en manos del Estado. Piketty ahonda en esa dirección y habla de un “Estado social fiscal” basado en una tributación progresiva del ingreso y del patrimonio heredado, para financiar con impuestos nacionales los gastos de la solidaridad nacional, como él la denomina, expresada en la oferta de bienes públicos, principalmente educación de calidad al alcance de todos, independientemente de su nivel de ingreso; salud, vivienda, seguridad social

Es prioritario en la agenda de las tareas pendientes y urgentes del país, establecer un código fiscal con vocación redistributiva de la riqueza nacional y no simplemente fiscalista para soliviantar las afugias coyunturales periódicas de un Estado insaciable y derrochador – entre la corrupción y la improvisación e intrascendencia de mucha parte de la inversión pública -. Un estatuto tributario sencillo, sin letra menuda preñada de favoritismos y exenciones injustificadas. Un estatuto que grave progresivamente los ingresos del capital y del patrimonio pero no al patrimonio en sí; que aligere significativamente la carga tributaria de los ingresos del trabajo. Con un IVA a los bienes no esenciales, especie de impuesto al consumo suntuario. La pregunta es ¿Hay la voluntad y la capacidad política para asumir una decisión que es política y del alma de toda sociedad que sea de verdad democrática? Esa es la primera de las decisiones difíciles pero ineludibles de una Colombia en trance de dejar atrás décadas de una guerra estéril que aplazó reformas a las que parece que finalmente les llegó la hora.