¿Gigantes que han perdido el foco?

Hace años, como estudiante en Bretaña, Francia, aprendí, a partir de la experiencia de las cooperativas agrícolas creadas por el General de Gaulle en la postguerra, que las entidades públicas o solidarias cambian su lógica, sus propósitos y su manera de operar cuando superan un cierto umbral de crecimiento.

El tamaño sí importa. Pierden el foco de su misión como prestadoras del servicio, abandonando por así decirlo a sus usuarios originales, para dedicarse a cuidar sus intereses egoístas como institución, centradas obsesivamente en generar cada vez más utilidades y no mejores servicios.

Algo así puede estarle ocurriendo a EPM en Medellín, a la privatizada Empresa de Energía de Bogotá, a ISA, pero también de cierta manera a la Federación de Cafeteros. Su pecado, olvidar su naturaleza pública o solidaria para terminar reducidas a una empresa privada más, eso sí, con las ventajas que le da su naturaleza jurídica. Su nuevo objetivo es generar utilidades financieras, que no sociales, con el propósito fundamental de acumular y crecer como empresa para llegar a ser un “jugador internacional”. Su propósito, empoderarse ella y sus directivos. La empresa era el medio para lograr un fin claro, servir a aquellos que la crearon o para la cual fue creada, pero termina ella convertida en el fin. Con ello el interés ciudadano sale de la escena, útil para adornar la imagen institucional y a un paso de verse reducido al ámbito de la correspondiente “responsabilidad social empresarial”.

En Bretaña, los campesinos crearon las cooperativas para que los apoyaran, pero 20 años después descubrieron que habían dejado de estar a su servicio, y que ellos habían terminado subordinados a su organización. Las cooperativas no respondían ya a sus intereses sino a los de la burocracia que se movía en los corredores del poder parisino. Esa situación marcó el fin del cooperativismo agrario francés.

En los casos colombianos mencionados, las empresas de servicios públicos crecieron gracias a una clientela cautiva por ley, a la cual inicialmente le dedicaron sus esfuerzos y recursos, en cumplimiento de su misión. Con el tiempo, gracias a la experiencia adquirida, la capacidad institucional desarrollada y el personal capacitado, terminaron prestando un servicio por inercia para lanzarse a la conquista empresarial de otros mundos y mercados. Los usuarios son los menos beneficiados, así como la calidad del servicio que prestan.

El por qué se ha llegado a esa situación tiene varias explicaciones, empezando por la ideológica de considerar que el único propósito empresarial, aún en la esfera pública, se limita a maximizar las utilidades “del negocio” con olvido de toda consideración sobre su impacto social, razón de ser de los servicios públicos. Los sucesivos gobiernos se han matriculado en esa mentalidad privatizadora y financiera de los emprendimientos públicos. Los usuarios protestan por su mala calidad, por lo costosa de las tarifas, por su baja cobertura, pero fuera del cierre de vías, quema de llantas y escaramuzas con el Esmad, nada más sucede.

Es un tema que amerita estar en la agenda pública. Lo lógico, lo justo y constitucional es regresarles plenamente su carácter de empresas de servicio público, eso sí, con una administración técnica y con control ciudadano, para que crezcan, se fortalezcan y modernicen pero sin abandonar su vocación y razón de ser: la prestación universal de los servicios públicos, con calidad y costos razonables. No son objetivos contradictorios sino complementarios, pero para lograrlo es necesario dejar de lado el frenesí que se apoderó de unas empresas esclavas de su éxito financiero y que solo miran a sus actuales o posibles accionistas y no a sus usuarios, para quienes fueron creadas. Una confusión que es no solo grave sino injusta en una sociedad que lucha por salir de la pobreza y superar la exclusión social.