¿Será esa la suerte del Superintendente Robledo al final del actual round boxístico con los azucareros y en general con los centros de poder del suroccidente colombiano, donde ya hasta se habla de independencia?
A simple vista, todo indica que al Superintendente se le fue la mano en la sanción, que fue mucho más que ejemplarizante ¿Qué hay detrás de esa decisión respaldada por el Presidente Santos y la ministra Álvarez? Es un acertijo lleno de interpretaciones que van desde una venganza política presidencial hasta una ministra que solo ve futuro y modernidad/competitividad en la industria; otros creen ver asomar las orejas de la vieja pelea paisa – valluna…
Lo cierto es que más allá de la escaramuza de la multa, en el fondo de las decisiones y propuestas expresadas por el Superintendente en las últimas semanas sobre la política azucarera, se advierte el propósito de terminar el desmonte de lo que queda de protección a la producción rural. Responde a una pelea entre los intereses industriales y agropecuarios que aunque real, es falsa y peligrosa en su significado e implicaciones y que es tan vieja como la industrialización del país con diferentes episodios a lo largo de los años: pasteurizadores contra lecheros, molineros contra arroceros, productores de alimentos concentrados contra maiceros… la lista es tan larga como la de las industrias que procesan materias primas de origen agropecuario. Mientras estuvo vigente el “modelo cepalino” Colombia fortaleció el desarrollo más o menos equilibrado y diversificado de sus sectores productivos y, en medio de conflictos normales entre intereses económicos diferentes pero complementarios, construyó exitosamente un desarrollo de cadenas productivas que integraban en un gana - gana para el país en su conjunto, al creciente sector industrial con un sector agropecuario que lo acompañaba en su crecimiento y transformación; al tiempo se avanzaba sobre los dos pies, del mercado interno y el externo, especialmente el regional.
Pero de Washington llegó la ola neoliberal que nos regresó a la vieja posición colonial de productores de materias primas y compradores de aquellos productos que estuvieran más baratos en el mercado internacional. Se llegó a decir que sería una estupidez no beneficiar a nuestros consumidores de los generosos subsidios que los gobiernos de las economías desarrolladas, que son grandes potencias agrícolas, les entregaban a sus productores rurales; parecían olvidar que para ser un consumidor con capacidad de demanda primero hay que ser un productor con la capacidad de generar el ingreso que luego habrá de consumir. La tecnocracia económica hizo la alabanza de los mercados internacionales libres y competitivos que garantizarían un juego limpio para comprar; parecían no estar al corriente que los mercados menos transparentes, los más intervenidos por los gobiernos que cuidan a sus agricultores, son precisamente los mercados de productos agrícolas. Esa información si la conocen y la aprovechan los agroindustriales que buscan siempre abastecerse barato con las importaciones, aun sacrificando al productor nacional.
Y se entró en el camino culebrero del cual no salimos, plagado de informalidad, de crisis en el campo, de empleo precario, de desindustrialización, con unas finanzas públicas supeditadas a los ingresos petroleros. En una situación cunde el cortoplacismo y se olvidan las buenas experiencias cuando se valoraban las cadenas productivas y la complementación productiva que genera valor y le da solidez al aparato económico, única manera de no quedar sometido e indefenso ante los avatares de una economía internacional controlada por grupos monopólicos, que le imponen sus leyes a los mercados.
La pelea de la sanción tiene un sentido coyuntural, que deja mal posicionado al Superintendente, pero lo de fondo es lo que se vislumbra como un cambio en la política que abandera el doctor Robledo, en un escenario que preocupa cuando se trata de pensar no con perspectiva sectorial sino nacional.
