Están en vías de concretarse el lenguaje y la propuesta, la bandera distintiva de la administración de Iván Duque. Hasta ahora no ha logrado cuajar un cuento que lo identifique, como fue la guerra con las Farc para Uribe o la paz para Santos. En los recientes documentos de política, de estrategia para la ejecución de los compromisos de La Habana, del Plan Nacional de Desarrollo y de la política de defensa y seguridad nacional, empieza a configurarse ese cambio a partir de dos elementos, de dos conceptos o maneras de abordar la realidad que podrían darle el sello distintivo al gobierno Duque.
El primer elemento, enunciado desde el discurso de posesión y tímidamente lanzado con ocasión del pacto contra la corrupción, es el de los pactos ciudadanos para acercar y en el límite integrar al ciudadano a la solución de los problemas, al diseño y ejecución de las políticas, en una perspectiva alejada del secretismo de Santos y su grupo o del caudillismo mesiánico de Uribe. El segundo elemento identificable permite vislumbrar que el presidente y su equipo buscan de manera simultánea liberar las políticas públicas de las restricciones a sus alcances y efectividad generadas al estructurarlas por sectores y entidades responsables, a la par que centrarlas en las realidades y especificidades de los territorios donde se defina su ejecución, asumiendo para ello la metodología del enfoque territorial de las políticas públicas. El desafío ahora está en a partir de lo logrado, concretar lo específico, lo distintivo de la administración en una frase, en una idea que lo resuma y que el ciudadano entienda y apoye.
En el caso de la política de seguridad y defensa nacional, la política gubernamental parte de no diferenciar entre narcotraficantes, disidencias de las Farc o Eln, al considerarlos como actores armados que constituyen una amenaza para toda Colombia; a partir de ese planteamiento se adelantaría una acción de presencia coordinada e integral del Estado, no solo de las fuerzas militares y de policía como ha sucedido hasta ahora, en los territorios donde sea necesario construir Estado de derecho, prioritariamente en los 170 municipios seleccionados por la anterior administración, con lo cual se busca pasar del simple control militar a lo que el Gobierno llama control institucional por el conjunto de las agencias estatales, que es sin duda el punto más débil en la materialización de los compromisos, especialmente rurales, de los acuerdos de La Habana. Como corolario de lo anterior, al conflicto armado se le baja el perfil, el protagonismo político que tuvo durante tantos años en cabeza de las Farc, y se incorpora como un factor más de inseguridad, más para los ciudadanos que para el Estado mismo. Es un empezar a trascender el horizonte de la guerra; el Eln es considerado como un agente perturbador de la tranquilidad y seguridad ciudadana.
En ese rescate de la presencia, acción y podría decirse de responsabilidad complementaria del ciudadano con los temas y políticas públicas y en lo referente a la seguridad significaría que ésta, superada la amenaza subversiva, ya no seguiría centrada en el Estado; la urgencia del presente es responder a la exigencia generalizada de la ciudadana de mayor seguridad en su vida diaria. La figura de las redes de participación cívica, centrada en la comunicación con celulares y sin armas ni pagos, se inscribe en esa visión más amplia de seguridad alineada con la lógica de los pactos, de los compromisos ciudadanos de solidaridad para enfrentar amenazas y desafíos concretos.
Al despojarse de las ataduras de ser una política eminentemente antisubversiva, ésta puede abrirse a horizontes más amplios, fundamentales y actuales como es la defensa de los recursos naturales que considera de interés estratégico nacional, frente a su depredación tanto por agentes internos como externos. Otro horizonte nuevo es la incorporación explícita de la política exterior como elemento constitutivo de la política de seguridad nacional, que en sana lógica debería tener un amarre con la política de defensa del medio ambiente y ser un punto de obligatoria consideración en las negociaciones internacionales y en la definición de las reglas de acceso de la inversión extranjera al país. Repito, debería ser...
La tarea del Gobierno es bien difícil pero no imposible y podría permitir caracterizarlo en el futuro como el Gobierno que hizo la transición hacia el inicio de la construcción de una nación que asume civilizadamente sus conflictos y construye unas metas social y democráticamente compartidas. Esa sería la tarea de la generación que se asoma al poder.
Están en vías de concretarse el lenguaje y la propuesta, la bandera distintiva de la administración de Iván Duque. Hasta ahora no ha logrado cuajar un cuento que lo identifique, como fue la guerra con las Farc para Uribe o la paz para Santos. En los recientes documentos de política, de estrategia para la ejecución de los compromisos de La Habana, del Plan Nacional de Desarrollo y de la política de defensa y seguridad nacional, empieza a configurarse ese cambio a partir de dos elementos, de dos conceptos o maneras de abordar la realidad que podrían darle el sello distintivo al gobierno Duque.
El primer elemento, enunciado desde el discurso de posesión y tímidamente lanzado con ocasión del pacto contra la corrupción, es el de los pactos ciudadanos para acercar y en el límite integrar al ciudadano a la solución de los problemas, al diseño y ejecución de las políticas, en una perspectiva alejada del secretismo de Santos y su grupo o del caudillismo mesiánico de Uribe. El segundo elemento identificable permite vislumbrar que el presidente y su equipo buscan de manera simultánea liberar las políticas públicas de las restricciones a sus alcances y efectividad generadas al estructurarlas por sectores y entidades responsables, a la par que centrarlas en las realidades y especificidades de los territorios donde se defina su ejecución, asumiendo para ello la metodología del enfoque territorial de las políticas públicas. El desafío ahora está en a partir de lo logrado, concretar lo específico, lo distintivo de la administración en una frase, en una idea que lo resuma y que el ciudadano entienda y apoye.
En el caso de la política de seguridad y defensa nacional, la política gubernamental parte de no diferenciar entre narcotraficantes, disidencias de las Farc o Eln, al considerarlos como actores armados que constituyen una amenaza para toda Colombia; a partir de ese planteamiento se adelantaría una acción de presencia coordinada e integral del Estado, no solo de las fuerzas militares y de policía como ha sucedido hasta ahora, en los territorios donde sea necesario construir Estado de derecho, prioritariamente en los 170 municipios seleccionados por la anterior administración, con lo cual se busca pasar del simple control militar a lo que el Gobierno llama control institucional por el conjunto de las agencias estatales, que es sin duda el punto más débil en la materialización de los compromisos, especialmente rurales, de los acuerdos de La Habana. Como corolario de lo anterior, al conflicto armado se le baja el perfil, el protagonismo político que tuvo durante tantos años en cabeza de las Farc, y se incorpora como un factor más de inseguridad, más para los ciudadanos que para el Estado mismo. Es un empezar a trascender el horizonte de la guerra; el Eln es considerado como un agente perturbador de la tranquilidad y seguridad ciudadana.
En ese rescate de la presencia, acción y podría decirse de responsabilidad complementaria del ciudadano con los temas y políticas públicas y en lo referente a la seguridad significaría que ésta, superada la amenaza subversiva, ya no seguiría centrada en el Estado; la urgencia del presente es responder a la exigencia generalizada de la ciudadana de mayor seguridad en su vida diaria. La figura de las redes de participación cívica, centrada en la comunicación con celulares y sin armas ni pagos, se inscribe en esa visión más amplia de seguridad alineada con la lógica de los pactos, de los compromisos ciudadanos de solidaridad para enfrentar amenazas y desafíos concretos.
Al despojarse de las ataduras de ser una política eminentemente antisubversiva, ésta puede abrirse a horizontes más amplios, fundamentales y actuales como es la defensa de los recursos naturales que considera de interés estratégico nacional, frente a su depredación tanto por agentes internos como externos. Otro horizonte nuevo es la incorporación explícita de la política exterior como elemento constitutivo de la política de seguridad nacional, que en sana lógica debería tener un amarre con la política de defensa del medio ambiente y ser un punto de obligatoria consideración en las negociaciones internacionales y en la definición de las reglas de acceso de la inversión extranjera al país. Repito, debería ser...
La tarea del Gobierno es bien difícil pero no imposible y podría permitir caracterizarlo en el futuro como el Gobierno que hizo la transición hacia el inicio de la construcción de una nación que asume civilizadamente sus conflictos y construye unas metas social y democráticamente compartidas. Esa sería la tarea de la generación que se asoma al poder.