La caja de pandora de la inconformidad

Lo del Catatumbo es una vitrina válida para entender y ver en acción la forma como a lo largo de decenios, hemos enfrentado y aún enfrentamos los conflictos propios de una sociedad inmensamente diversa y desigual en su conformación humana y social, en su hábitat, en sus formas de vivir y de ganarse el sustento.

Una sociedad donde se entrecruzan  el siglo XXI con el XIX. Sectores cosmopolitas pequeños pero crecientes, que se mueven como peces en el agua de la globalización, transformados en  verdaderos ciudadanos del mundo,  conviven con comunidades rurales  asentadas   al margen de esa  sociedad, conformadas por conciudadanos  sin plenos derechos,   producto de   un estado   secularmente ausente de áreas significativas  del territorio nacional  e incapaz   de acompañar   a tantas   comunidades  en  su desarrollo  y en la  defensa de sus derechos.

Es una historia hasta ahora sin salida, marcada por la desconfianza del ciudadano urbano ante el  habitante  rural –  colono campesino, indígena, negro –  percibido como diferente,  como un desconocido que le  genera reflejos defensivos y aún de rechazo, al asociarlo  con amenazas, con peligros. Comunidades rurales que resienten  esa lejanía, esa desconfianza e incomprensión hacia su situación, sus reclamos y derechos. Los intereses urbanos al  detentar lo fundamental del poder político, económico y mediático en el país,   elaboran e imponen su versión de la realidad y de la historia nacional que muy frecuentemente interpreta  el malestar, el reclamo rural, como el resultado de la acción embozada de la  subversión y con ello   desvirtúan el fundamento y sentido de  la voz ciudadana y entraban   la repuesta democrática a sus solicitudes, con el argumento peregrino de  no hacerle el juego a los subversivos. El único  resultado que se alcanza por esa  vía    es   consolidar el aislamiento de  esas comunidades y su alejamiento  del Estado, a la par que  acentuar   su cercanía a una guerrilla presente en sus regiones; una  presencia  de la  cual quisieran liberarse.

Los sucesivos gobiernos, presos del sesgo urbano anotado, van a remolque de los reclamos rurales de empresarios agrícolas, de campesinos, de ganaderos y ahora de los mineros informales, que no ilegales. Gobiernos que solo reaccionan   ante los hechos creados y se defienden diciendo   que “no negocian bajo presión”, olvidando que la confrontación nace de  su ligereza e inconsistencia frente a los hechos por  carecer de  una política y una visión estratégica de lo rural que les permitiría liderar los procesos sociales y no solo padecerlos. Lo que ofrecen precipitadamente, angustiosamente, se queda en eso, en simple ofrecimiento, alimentando  la frustración y  la desconfianza  de las comunidades frente a la autoridad, a su palabra y  a su seriedad  para cumplir  los compromisos adquiridos. 

Asistimos al crecimiento de  las protestas, las solicitudes y reclamos ciudadanos, mientras  se hace inocultable  la inconsistencia de las posiciones y compromisos oficiales. El gobierno Santos al reabrir las negociaciones en La Habana y al plantear como prioritarios la atención al problema de la tierra, del desarrollo rural y de las víctimas del conflicto así como la crisis estructural de una minería atravesada por la ilegalidad y por la informalidad,  destapó la Caja de Pandora de las inconsistencias, contradicciones, irracionalidades e injusticias del  desarrollo de nuestras riquezas y comunidades rurales, así como  la debilidad de la respuesta oficial tradicional que refleja, repitámoslo,   la ausencia de políticas integrales y estratégicas para lograrlo. La dinámica desatada por este gobierno para enfrentar esos viejos problemas,  una decisión necesaria para que Colombia se transforme, parece superar la capacidad de iniciativa y repuesta estatal.

Claramente, el Presidente Santos  subestimó la gravedad de la situación del país con   su saldo  de cuestiones importantes  no resueltas, así como la intensidad de la inconformidad ciudadana, la distancia entre el Estado y esas realidades rurales y la desvalorización que ha sufrido la palabra oficial. Lo más grave, es la desconfianza ciudadana en las instituciones del Estado de Derecho. Más que de La Habana,  las posibilidades de que Colombia termine el conflicto e inicie el camino de su transformación dependerán de cómo se maneje  la coyuntura actual. Solo entonces estaremos en condiciones de jugar con la frente en alto en el escenario mundial, como de manera precipitada lo ha pretendido el Presidente Santos.