La corrupción, solo el síntoma

Parecería como si en el mundo y en Colombia viviéramos una verdadera explosión de la corrupción, como si la bestia hubiese despertado lanzándose contra la sociedad. La primera pregunta que uno se hace ante esta situación es sencilla: se trata de que hoy hay más corrupción o de que los hechos se conocen más. Posiblemente se trata de una combinación de ambas realidades. Hoy hay más riqueza –más para robar o de donde robar–, a la par que las economías se han desregulado y el Estado dejó de ser el dispensador de bienes y servicios públicos para abrirle la pista a la danza de la contratación pública; adicionalmente le cedió el puesto al mercado como eje único del proceso económico, y este no suele distinguir entre legal e ilegal; para rematar, la globalización de los mecanismos e instituciones financieras, desregulados como están, favorecen el movimiento de capitales y recursos monetarios, el camuflaje de su naturaleza delictiva y evadir los controles estatales; la ilegalidad y las finanzas acabaron como las grandes favorecidas en el mundo globalizado, mientras que los estados están no solo debilitados para ejercer los controles nacionales sino impotentes para actuar en el plano internacional.

El caso Odebrecht está mostrando el camino: un delito internacional requiere de medidas internacionales para que la autoridad y la ley puedan enfrentarlo de tú a tú. Los desarrollos informáticos favorecen las movidas criminales pero simultáneamente permiten rastrearlas y combatirlas. Esa internacionalización abre el camino para darle en la cabeza a la corrupción, al permitir desentrañar su operación financiera y localizar las fortunas con hedor a crimen y corrupción. Al corrupto no lo disuade tanto la amenaza de la cárcel como la posibilidad de que lo despojen de su fortuna mal habida. Esto solo será posible como una gran y permanente actividad de cooperación internacional, que tiene como condición necesaria, el desmonte real y total de los llamados paraísos fiscales, verdaderas vergüenzas internacionales. Los “Panamá papers” dan una idea del calado del problema y de su grado de generalización.

Ha alcanzado niveles de cinismo generalizado la complacencia, rayana con la complicidad, con el irrespeto a la ley, en un mundo capturado por la vivencia instantánea y obsesiva de la satisfacción personal, por encima de cualquier consideración, que se traduce en un consumismo irracional e incontenible; se privilegia el tener más cosas por sobre ser más como persona. Complacencia que lleva a excusar la evasión de impuestos, la compra sin factura, comprar mercancías de contrabando, burlar las obligaciones laborales, la práctica de pagos legales por debajo de la mesa…; la única razón para semejantes comportamientos es que me favorece, a la sociedad y a los demás que se los lleve el diablo…, adicionalmente, la sociedad nada me ha dado y nada le debo. El terreno social y cultural es óptimo para que florezcan mil expresiones de la corrupción, al anteponer mis intereses a los de la sociedad recurriendo para ello a medios ilegales, francamente criminales.

El peligro con los discursos anticorrupción, que empiezan a tomarse el escenario político preelectoral nacional, es que se limiten a denunciar los hechos y cuando más a proponer, muy a la colombiana, una nueva ley; se quedan en los síntomas o expresiones de lo que es el producto de un conjunto de circunstancias y actuaciones. Parecen olvidar que la corrupción es consecuencia de una realidad compleja que exige una estrategia que atienda esa complejidad; lo demás es fuego fatuo que puede disminuir temporalmente los síntomas pero sin curar el mal; por lo demás, las propuestas preelectorales permitirían recoger unos votos.

Para toda infección no hay nada mejor que el sol y el aire. Por ello lo primero es garantizar la máxima transparencia en el manejo de los dineros públicos, especialmente la contratación del Estado con los particulares; que las licitaciones no salgan amañadas desde los mismos pliegos.

La sistematización de la información permite hacer públicos los procesos contractuales y licitatorios, lo mismo que la presentación de los planes a realizar y su justificación; así como los recursos asignados y su ejecución. Hay cómo hacerlo, pero no se hace. Se debe obligar a hacerlo. Urgen normas tributarias, contractuales y pliegos más simples, sin tantos incisos que le abren la puerta a la interpretación y el acomodo, convertidos en son banquete para los abogados y perdición  para el interés común. El desinfectante social opera si se garantiza información suficiente, clara y pertinente, sin la cual la ciudadanía en su intento por apersonarse de sus cosas –proyectos y presupuestos– terminan dando palos de ciego. Son medidas necesarias pero se quedarán cortas si no se da de fondo una reconstrucción, una recuperación de los valores sociales, que no será el resultado de medidas administrativas y legales, por bien orientadas que estén.

Una visión integral del fenómeno de la corrupción, no simplemente de algunos de sus síntomas, puede ser el punto de partida para esa gran transformación de mentalidades, comportamientos y valores que complemente la que habrá de traer el espíritu y acciones del acuerdo de La Habana.