La realidad mundial del acceso de los países a las vacunas en medio de una pandemia a la cual no se le ve un final, al menos próximo, es bien distinta a la que se vislumbraba en sus comienzos. Entonces se decía que una amenaza mundial solo se podía enfrentar con una estrategia y unas medidas globales, con lo cual por primera vez en la historia se daría una acción conjunta que no podía dejar a nadie, país o comunidad, por fuera de las medidas a tomar.
Primaba el sentido de solidaridad, de que la humanidad es una. Sentimiento reforzado porque entre los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se expresaba la decisión de que las vacunas que se produjeran tendrían disponibilidad y facilidad de acceso universales y que los laboratorios no harían con ellas su agosto.
Hoy la situación mundial es tristemente la contraria: las utilidades de las farmacéuticas están alcanzando cifras astronómicas, mientras que la humanidad sigue en las garras de la pandemia con países que escasamente han empezado a vacunar a su población. Las farmacéuticas se dedicaron no a cuidar su negocio, cosa legítima, sino a anteponer sus intereses económicos, posiblemente de corto plazo, dándole olímpica e irresponsablemente la espalda a la necesidad de garantizar la vida de la humanidad, inclusive la de ellos.
Empresas embriagadas con unas ganancias como caídas del cielo, que parecen olvidar una realidad fundamental y es que sus resultados y utilidades como productores no son solo fruto de su trabajo y capital, sino del acumulado de experiencias, investigaciones, conocimientos y técnicas, obra del trabajo de muchos investigadores y técnicos, de entidades académicas y gubernamentales.
El conocimiento es un bien público, no una simple sumatoria de logros individuales protegidos por los derechos de propiedad intelectual que permiten privatizarlos temporalmente, hasta que transcurridos períodos preestablecidos se vuelven públicos, como sucede con las drogas genéricas. Por consiguiente, los derechos de propiedad no son derechos absolutos, pues tienen un origen y unas consecuencias públicas. Son reconocidos y protegidos si sirven al interés público y no solo a intereses individuales.
Adicionalmente, la producción extrarrápida de las vacunas fue posible en buena medida por las enormes sumas de dinero aportadas para ese efecto por los gobiernos de los países de los laboratorios escogidos: Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China. Es decir, son producto de un gran esfuerzo conjunto que además es financiado en buena parte con dineros públicos. Podemos caracterizar su elaboración básicamente como un verdadero emprendimiento público-privado con el cual las farmacéuticas, de manera no justificada y contraria a los intereses nacionales y ciudadanos, han hecho el gran negocio.
En el cementerio de las buenas intenciones, que compite en magnitud con el de las víctimas del COVID-19, reposa, entre otras, la iniciativa COVAX de la ONU/OMS, de la cual hace parte Colombia, para que se comparta la vacuna con países con limitaciones para adquirirla; el compromiso eran 2.000 millones de dosis cedidas y solo se han entregado 90 millones. No han liberado las benditas patentes, necesarias para una producción nacional, descentralizada y liberada del oligopolio de los laboratorios, que hace que su costo no sea fruto de la competencia entre productores, sino del control del mercado por esos pocos laboratorios. Con el mismo propósito, la debilitada OMS fracasó en su propósito de conformar un pool mundial de acceso a la tecnología alimentado por los laboratorios; ninguno se ha movido a hacerlo, pero, eso sí, son raudos para bloquear a los gobiernos e impedir que autoricen el empleo de genéricos antivirales que en los primeros cinco días del contagio serían efectivos. El problema es que acaban no solo con el virus sino con el negocio. Así de simple.
