Los hechos, no los discursos, son contundentes y hoy está claro que el tinglado de las negociaciones de paz debió construirse sobre la base firme de un trípode político y social: los ciudadanos; el Estado, representado por el Gobierno Santos, y las Farc.
Meses después de la firma del Acuerdo del Teatro Colón se comprende mejor que una cosa es la terminación del conflicto armado y otra la construcción de las condiciones materiales e institucionales de una paz concreta, que se viva y no solo se proclame. La terminación del conflicto es responsabilidad de los actores enfrentados, Estado y guerrilla, por medio de una negociación que es de naturaleza política, pues no es consecuencia de una simple rendición. Los temas propios de un tal acuerdo que definieron las partes enfrentadas militarmente son, entre otros, el desarme; la reincorporación de los combatientes; la justicia a aplicarse a responsables de delitos no imputables al conflicto propiamente dicho y violatorios de los códigos de la guerra; el reconocimiento y protección de los derechos ciudadanos, civiles y políticos de las personas en armas y de sus organizaciones desarmadas.
Esto exige un gran trabajo gubernamental que debe empezar, algo que no sucedió, por la ocupación por el Estado de los territorios evacuados por la guerrilla desmovilizada, para que no se generara un vacío de poder, como en efecto sucedió, por incapacidad o desidia gubernamental, que lleva a que muchas de esas comunidades desamparadas añoren el anterior “régimen fariano”. Supone igualmente la pronta operación del necesario sistema de justicia transicional diseñado, el resultado más significativo de los acuerdos que genera preocupación en muchos por su novedad y complejidad.
Igualmente, por sus profundas imbricaciones es inaplazable enfrentar el problema mayor del narcotráfico, el cáncer social, ético y político de Colombia y principal generador y alimentador de ese y muchos otros conflictos en el país, que seguirá vivo y coleando mientras continúe siendo un negocio mundial súper rentable. Por ello, la sustitución de cultivos hace parte de la agenda de terminación del conflicto para contener su avance e incorporar a los campesinos cocaleros a la legalidad y al alero del Estado.
Pero la construcción de las condiciones materiales e institucionales para aclimatar la paz trasciende el tema de la terminación del conflicto armado y hace parte de la tarea, en buena medida inconclusa, de lograr una Colombia moderna, integrada social, económica y territorialmente, que pueda avanzar por su senda propia de desarrollo. Tarea inconclusa que debe adelantarse independientemente del resultado final de los acuerdos. Sus responsables y dolientes principales somos los ciudadanos diversos, actuando desde nuestros territorios de vida y de trabajo, rurales y urbanos. Ciudadanos con iniciativa y capacidad de acción, eso sí, acompañados y respaldados por el Estado, pero no por el lejano e indolente Estado central, responsable como pocos de la situación del país, sino por los gobiernos territoriales y locales que, a pesar de sus debilidades presentes, son los llamados a actuar hombro a hombro con las comunidades y organizaciones ciudadanas de diferente tipo, para adelantar un proceso largo de transformación integral de este país, gracias a una dinámica de abajo hacia arriba, originada desde mil sitios que se pone en marcha a velocidades y con características propias. Solo ese proceso generalizado abrirá caminos, definirá metas, transformará realidades. El reclamo, menos consultores sabihondos y profundamente ignorantes y más acuerdos ciudadanos.
Para rematar, lo más increíble es que en el Acuerdo de Paz, aunque se habló de paz territorial se desconoció el elemento fundamental para estructurar, ejecutar y preservar la transformación colombiana: el fortalecimiento y enriquecimiento de la dimensión territorial del Estado, el espacio donde se materializa el gobierno de la gente y con la gente y actúa el gobernante que el ciudadano ve como propio. No en vano se dice sabiamente que la política es local. Guerrilla y negociadores no escaparon a la falacia que ha emproblemado desde hace decenios a Colombia: limitarse a lo que se cocina y ordena desde la fría y lejana capital.
