La paz es dignidad

“Vamos a reconocer y a responderles a las víctimas, para satisfacer sus derechos y para que esto no vuelva a ocurrir… con la verdad”.

Son palabras del consejero Sergio Jaramillo durante un foro con Kofi Annan, que bien vale la pena analizar para ayudar a sacar a “la paz” y “el postconflicto” de la maraña de lugares comunes, de declaraciones apresuradas y oportunistas y de posiciones emociónales de uno y otro signo, en que cayeron los dos asuntos.

Primero que todo, se trata de cuestiones frente a las cuales nadie se puede sustraer. El plural que emplea Jaramillo implica el reconocimiento de que el conjunto de la sociedad colombiana – pasiva o activamente, como víctima o victimario - ha estado involucrado, comprometido, con una violencia presente y actuante en su seno, por décadas y con intensidad variable, que marcó de manera profunda al conjunto de la vida social, tanto la urbana como la rural. Hasta ahora los análisis políticos y académicos han señalado reiteradamente al campo como el escenario y el generador de todo lo sucedido, como si la ciudad no hubiese jugado un papel en esa historia, como generadora y víctima, con responsabilidades directas e indirectas en todo lo sucedido y vivido durante más de medio siglo de un conflicto de baja intensidad, que como la fiebre baja y permanente, ha minado la salud del organismo social.

Ese reconocimiento trae como consecuencia que así como con la violencia estamos involucrados “todos a una”, lo debemos estar igualmente con su superación. La Constitución al respecto establece que es un deber de la persona y el ciudadano “propender al logro y mantenimiento de la paz”. Se equivocan y confunden quienes reclaman que de La Habana debe llegar esa paz, tan esperada y tan mal explicada y comprendida por los ciudadanos, pues solo de ellos dependerá su logro.

Es un conflicto donde, a pesar de lo que se dice, no hay ni vencedores ni vencidos, pero sí oscuros intereses económicos y políticos, que como en cualquier conflicto armado, sobretodo en uno tan deteriorado como el colombiano, buscan seguir beneficiándose con el desorden. Por esa razón, las partes no pueden imponer sus condiciones. No tienen otro camino que o patear la mesa, y el actual escenario internacional cierra ese camino, o respetar a la contraparte y proceder a buscar los acuerdos que permitan una salida digna para todos. Es tarea de todos, negociadores y ciudadanos, identificar lo que une y no lo que diferencia, como se ha hecho hasta ahora. Sin ese común denominador de acuerdos será imposible movilizar la energía y el compromiso ciudadano que reclamarán las transformaciones sociales, económicas, institucionales y mentales necesarias para aclimatar la convivencia, sin la cual la paz seguirá como un sueño.

En esa línea puede ubicarse un hecho novedoso y promisorio: por primera vez en la ya larga y significativa experiencia del país en estas lides, son las víctimas de todas las condiciones y orígenes, y no los victimarios, el corazón y eje de las negociaciones y de los acuerdos. Es decir, no se trata de una paz para pasar cuentas de cobro o para simplemente “decirles adiós a las armas”, sino una que finalmente les permita a los colombianos, reconocer y respetar las diferencias, que hasta ahora nos han dividido y enfrentado, para manejarlas de manera civilizada y no a balazos.

Para lograrlo hay un solo camino: el de la verdad de los hechos y de las responsabilidades. “Si lo hice”, es la declaración esperada de tanto responsable, sin la cual no será posible que entre nosotros se instale la justicia, que no se confunde con castigo, gracias al reconocimiento de los derechos conculcados a las víctimas y del enorme daño hecho a las personas y a la sociedad, a sus comunidades y valores. En eso Jaramillo es claro.

El Comisionado remata diciendo que la paz es para rescatar la dignidad, la de las víctimas pero también del combatiente. “Sin dignidad no es posible terminar un conflicto”.