La paz para transformar a Colombia

Asumo mi voto en el plebiscito de octubre con las reservas normales cuando nos encontramos ante una gran decisión, sea ésta de naturaleza personal o colectiva, dada la incertidumbre que envuelve a todo cambio de fondo.

Dicho lo anterior, considero  votar por el SÍ, porque da la posibilidad de iniciar esos cambios estructurales en  los propósitos, instituciones y prácticas del país, que desde hace mucho necesitan un sacudón de fondo para tumbar mucha hojarasca que nos ahoga  y hacerle podas correctoras al árbol de la Nación, para que adquiera  forma y pueda desarrollarse de manera equilibrada y sostenible, cosa que hoy no es posible. Así algunos partidarios del No  argumenten que tenemos un país que funciona bien, que no hay razón para reorganizarlo y que con ello simplemente se buscaría satisfacer las oscuras intenciones de las Farc y su supuesto proyecto “castrochavista”.

Guerrilla y Estado acabaron sentadas  para convenir o negociar unas condiciones mínimas de acuerdo,  única manera de  dejar atrás una guerra, en la que ni uno ni otro  había sido derrotado militarmente. En esas condiciones, las partes quedaron parcialmente insatisfechas  pues debieron  ceder en unos puntos y conceder otros.  Por eso, con pragmatismo planteó Humberto de la Calle, logramos el mejor acuerdo posible, no el ideal; dicho de otra manera: lo mejor –el ideal- es enemigo de lo bueno, o sea, de lo posible. Puede sonar mediocre y hasta “entreguista” pero no lo es; es simplemente realista.

Mis reservas nacen con lo que viene el día después del  plebiscito, para lo cual el país está en cero: no tiene un acuerdo nacional, políticamente refrendado que saque adelante la gran tarea de transformación de Colombia, pues el  propósito no se limita a que la guerrilla “cambie fusiles por votos”,  sino que el país  definitivamente de un paso adelante en su destino histórico, pues  requiere una reorientación fundamental  del rumbo,  con o sin acuerdos, no porque  lo exija la guerrilla sino porque nuestra realidad lo reclama. No se trata del  castrochavismo que algunos imaginan, sino de lograr una Colombia digna y respetuosa, solidaria y pujante. En este escenario la negociación ha de ser el  catalizador de una decisión nacional.

La versión final de los acuerdos preocupa no  porque sean una  amenaza, sino porque su estructura  sería una verdadera camisa de fuerza para la tarea a desarrollar, dado el afán de los negociadores de no dejar resquicio alguno por donde la mano aleve de la politiquería pudiera  hacer su agosto; se privó así  de plantear una  visión de futuro, que delineara los grandes temas y propósitos a cuyo desarrollo se debería convocar a los colombianos con sus iniciativas, conocimientos, compromisos y recursos; terminó reducida a un catálogo de instrucciones  detalladas y de obligatorio cumplimiento para “armar un nuevo modelo de Colombia”. Por cerrarle la entrada a los políticos y su corruptela,  marginó la creatividad ciudadana, quedando envuelto en un velo de autoritarismo tecnocrático que acaba por dejar todo en manos de unos técnicos conspicuos y anónimos que desde las “altas esferas” del gobierno, serán los encargados de darle contenido y viabilidad a los acuerdos.

El problema no termina ahí, pues el país requiere una reforma a fondo de sus instituciones, instrumentos y objetivos nacionales para que el propósito de la transformación sea una realidad en el mediano plazo. Desde el plan de desarrollo –que debería tener vigencia por la duración del tiempo asignado al proceso– a los presupuestos e ingresos públicos que deben tener un claro sentido redistributivo en estos tiempos de cambios y de reordenamiento de las cargas y responsabilidades. Esto implica un giro de 180 grados en el camino seguido hasta ahora, que para nada contempla lo que se viene. Igual en la justicia que según los críticos de los procedimientos de justicia transicional, tendríamos una justicia  modelo con cero impunidad, a diferencia de la transitoria aprobada. El necesario cambio del diseño centralista, agotado en su capacidad de respuesta, aunque fortalecido en su capacidad de control, y unos departamentos que en la actual constitución quedaron en una situación de “ni chicha ni limonada”. La lista es larga y simplemente sirve para resaltar  la necesidad imperiosa de una nueva constitución para que de frente y no por los laditos, se asuma la tarea de definir el marco de esa Colombia remozada. El debate está abierto y es pertinente porque de él depende que de verdad la firma de la paz sea la orden de largada para un profundo reordenamiento del país.