Los hechos de violencia de la semana pasada ponen a la Policía en el ojo del huracán. Su discurrir institucional ha sido tan accidentado y contrastado como la historia misma del país: sumida en violencias multiformes; navegando en un mar de corrupción y de irresponsabilidad o incultura ciudadana, en ocasiones con notas de comportamiento antisocial y hasta suicida; instrumentalizada en una lucha partidista que fue generadora de violencia y muerte; en fin, llevando sobre sus hombros la lucha, con características de una guerra, contra grupos armados cuya motivación política fue tiñéndose de empresa puramente delincuencial con el transcurso de los años.
La policía nace como una organización local de vigilancia civil para luego evolucionar a Policía Nacional, bajo la égida del Ministerio de Gobierno pero dependiente de los gobiernos territoriales, viéndose entonces envuelta en la brutalidad del 9 de abril del 48. En 1950 se nacionaliza su operación y es incorporada al Ministerio de Guerra como el cuarto componente del Comando General de las Fuerzas Militares, junto con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La Constitución vigente establece que la Fuerza Pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. A esta la define como “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. A su vez, establece que las Fuerzas Militares constituidas por las tres armas mencionadas tendrán como finalidad primordial la defensa de la Nación, en su soberanía, independencia, integridad territorial y orden constitucional.
Distinciones de competencias clarísimas que hacen inconstitucional la permanencia de la Policía Nacional en el Ministerio de Defensa, generándose con ello una contradicción o al menos una gran ambigüedad en un asunto tan delicado como es la responsabilidad en el mantenimiento del orden público, en cabeza del presidente de la República con sus agentes, los gobernadores y alcaldes, estos últimos definidos constitucionalmente como “la primera autoridad de policía del municipio. La Policía cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que imparta el alcalde por cuenta del respectivo comandante”.
Una situación ambigua, que conocí como secretario de Gobierno de Bogotá, y que se hizo dramática la semana pasada. Se origina porque la cadena de mando de la cual hace parte el comandante de la Policía no termina en el despacho del alcalde de la ciudad sino en el del ministro de Defensa. Ambigüedad que solo se corregirá si esta regresa al Ministerio de Gobierno.
La experiencia internacional señala que la institución debe tener dos componentes principales:
1. La policía civil, que no de civiles y de la cual haría parte el Esmad, encargada de velar por la convivencia ciudadana como señala la Constitución, provista de armas cortas y “bolillo” para patrullar, vigilar preventivamente y acompañar la cotidianidad de la vida de la ciudad. Son los guardianes de paz franceses, los mozos de cuadra catalanes, los bobbies ingleses…
2. Una policía ofensiva con las armas correspondientes y con una tecnología de punta para sus labores de información, inteligencia y seguimiento, en su misión de combatir el crimen organizado de las bandas delincuenciales que actúan en escenarios nacionales e internacionales, y que por su naturaleza y poder superan el ámbito de la convivencia ciudadana. Son la Guardia Republicana francesa, los carabineros italianos, la Guardia Civil española…
Lo vivido por los bogotanos la semana pasada es augurio de lo que nos espera en el futuro próximo cuando la protesta ciudadana estará a la orden del día, como expresión y aun válvula de escape de la honda crisis de la sociedad, no solo la colombiana, acrecentada por el impacto integral de la pandemia. El desafío es evitar que la violencia que algunos desean desatar no desnaturalice la legítima protesta ciudadana, y ello depende en buena medida de la tarea de inteligencia previa y del tratamiento policial que se le dé. Es un desafío igualmente universal garantizar que sean movilizaciones ciudadanas que fortalezcan la democracia y no que la minen por la acción anticiudadana de las extremas, sean de derecha o de izquierda.
Los hechos de violencia de la semana pasada ponen a la Policía en el ojo del huracán. Su discurrir institucional ha sido tan accidentado y contrastado como la historia misma del país: sumida en violencias multiformes; navegando en un mar de corrupción y de irresponsabilidad o incultura ciudadana, en ocasiones con notas de comportamiento antisocial y hasta suicida; instrumentalizada en una lucha partidista que fue generadora de violencia y muerte; en fin, llevando sobre sus hombros la lucha, con características de una guerra, contra grupos armados cuya motivación política fue tiñéndose de empresa puramente delincuencial con el transcurso de los años.
La policía nace como una organización local de vigilancia civil para luego evolucionar a Policía Nacional, bajo la égida del Ministerio de Gobierno pero dependiente de los gobiernos territoriales, viéndose entonces envuelta en la brutalidad del 9 de abril del 48. En 1950 se nacionaliza su operación y es incorporada al Ministerio de Guerra como el cuarto componente del Comando General de las Fuerzas Militares, junto con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La Constitución vigente establece que la Fuerza Pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. A esta la define como “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. A su vez, establece que las Fuerzas Militares constituidas por las tres armas mencionadas tendrán como finalidad primordial la defensa de la Nación, en su soberanía, independencia, integridad territorial y orden constitucional.
Distinciones de competencias clarísimas que hacen inconstitucional la permanencia de la Policía Nacional en el Ministerio de Defensa, generándose con ello una contradicción o al menos una gran ambigüedad en un asunto tan delicado como es la responsabilidad en el mantenimiento del orden público, en cabeza del presidente de la República con sus agentes, los gobernadores y alcaldes, estos últimos definidos constitucionalmente como “la primera autoridad de policía del municipio. La Policía cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que imparta el alcalde por cuenta del respectivo comandante”.
Una situación ambigua, que conocí como secretario de Gobierno de Bogotá, y que se hizo dramática la semana pasada. Se origina porque la cadena de mando de la cual hace parte el comandante de la Policía no termina en el despacho del alcalde de la ciudad sino en el del ministro de Defensa. Ambigüedad que solo se corregirá si esta regresa al Ministerio de Gobierno.
La experiencia internacional señala que la institución debe tener dos componentes principales:
1. La policía civil, que no de civiles y de la cual haría parte el Esmad, encargada de velar por la convivencia ciudadana como señala la Constitución, provista de armas cortas y “bolillo” para patrullar, vigilar preventivamente y acompañar la cotidianidad de la vida de la ciudad. Son los guardianes de paz franceses, los mozos de cuadra catalanes, los bobbies ingleses…
2. Una policía ofensiva con las armas correspondientes y con una tecnología de punta para sus labores de información, inteligencia y seguimiento, en su misión de combatir el crimen organizado de las bandas delincuenciales que actúan en escenarios nacionales e internacionales, y que por su naturaleza y poder superan el ámbito de la convivencia ciudadana. Son la Guardia Republicana francesa, los carabineros italianos, la Guardia Civil española…
Lo vivido por los bogotanos la semana pasada es augurio de lo que nos espera en el futuro próximo cuando la protesta ciudadana estará a la orden del día, como expresión y aun válvula de escape de la honda crisis de la sociedad, no solo la colombiana, acrecentada por el impacto integral de la pandemia. El desafío es evitar que la violencia que algunos desean desatar no desnaturalice la legítima protesta ciudadana, y ello depende en buena medida de la tarea de inteligencia previa y del tratamiento policial que se le dé. Es un desafío igualmente universal garantizar que sean movilizaciones ciudadanas que fortalezcan la democracia y no que la minen por la acción anticiudadana de las extremas, sean de derecha o de izquierda.