Escuchando esta semana a Álvaro Uribe en su larga exposición “extraoficial” ante miembros de la Comisión de la Verdad, cuya existencia legal desconoce pero ante la cual presentó su versión de los hechos, contestando además preguntas de su presidente, Francisco de Roux, y de dos de sus miembros, queda uno con la impresión de que ya no sería algo imposible dar pasos decisivos hacia la reconciliación nacional, indudablemente la máxima aspiración de muchísimos colombianos y el logro mayor que podría alcanzar el accidentado proceso de paz. El padre De Roux fue claro, diría que vehemente, en urgirle al expresidente que se jugara a fondo por la reconciliación de los colombianos, que considera sería factible con el compromiso de Uribe, al resaltar su influencia y credibilidad con millones de colombianos – ya no tanto, afirmó el interesado-. Sería además el apoyo del principal crítico de las negociaciones habaneras y de sus resultados.
Ya al final de la conversación pública y ante la insistencia tozuda y casi suplicante de Francisco de Roux por que el expresidente se la juegue por la reconciliación, Uribe expuso dos puntos ya conocidos los cuales, en la perspectiva actual del país, admiten una nueva lectura que le podría abrir un camino a la esperanza, una lucecita en un túnel negro y, hasta ahora, sin fin. Planteó dos condiciones para moverse en esa dirección: que en la JEP los militares tengan un tratamiento especial y que exmiembros de las Farc acusados o condenados por crímenes de lesa humanidad, tipificados internacionalmente, no puedan ser elegidos ni ejercer como congresistas hasta no arreglar sus cuentas con la justicia, que en estos casos sería la ordinaria. La novedad estaría en que una vez superados esos escollos, la reconciliación tendría en Uribe un promotor de la mayor importancia por lo que él representa políticamente.
Parodiando la célebre y manida frase de Enrique IV, rey de Francia, cuando estaba a punto de perder la capital francesa en medio de las guerras religiosas, “París bien vale una misa”, bien podría decirse que la reconciliación nacional que pasa por el apoyo del expresidente Uribe bien vale una misa, es decir, un sacrificio.
El gobierno bien podría impulsar una reforma a la JEP para crear una sala especial para juzgar a los miembros de la fuerza pública, de acuerdo con sus estipulaciones y por jueces civiles. Ese sería el aporte del Estado a la reconciliación para mover al sector que sigue a Álvaro Uribe. En relación con la exclusión del Congreso de excomandantes de las Farc acusados o condenados por delitos de lesa humanidad, esto llevaría que la JEP que en este momento lleva los casos los priorice y falle con prontitud. Ambas iniciativas propuestas por el expresidente implican reformas constitucionales por la vía legislativa dado que el Acuerdo de paz tiene rango constitucional. Con propósito político, se podría.
De ser lo anterior cierto, el precio a pagar estaría más que compensado por los beneficios que para Colombia significaría lograr una sociedad reconciliada o en el camino de alcanzarla. Nada es imposible cuando hay la voluntad para lograrlo. ¿Existirá hoy?
