Las cifras infladas de la tragedia rural

En una Colombia llena de problemas sin resolver, pero también de cosas buenas cargadas de vida – la vitalidad de sus gentes, su iniciativa y empuje (anárquica pero fuerte), su creatividad… -, es habitual complacerse en “lamer sus heridas”, en exagerar las situaciones, presentándolas peor de lo que son.

El cuento viene a propósito de los cuatro años de la expedición de la Ley de víctimas y restitución de tierras, una norma cargada de significado y de importancia para un país donde la violencia, de clara estirpe rural, ha sido prácticamente endémica. Una ley que por su contenido e implicaciones es más propia del postconflicto, lo cual la limita en su aplicación.

Parte de asumir el despojo violento de más de seis millones de hectáreas de tierras campesinas. Despojo que es considerado la causa fundamental del desplazamiento de más de seis millones de personas, campesinos principalmente. El objetivo de la Ley es claro e indiscutible: restituirles esas tierras a sus legítimos dueños y garantizarles el retorno seguro a sus veredas de origen. Se debía “despojar al despojador” de la tierra mal habida para devolvérsela a su legítimo propietario, a la víctima del despojo. No era un asunto redistributivo, de reforma agraria, sino de justicia, de restitución de un derecho violentamente arrebatado.

A medida que avanzó la aplicación de la ley, han aflorado problemas surgidos de la fragilidad de las cifras que la sustentan. Ante todo que la magnitud de la tierra despojada, siendo enorme, no era la que se había adelantado, tal vez porque no se estableció a partir de un estudio técnico sino de los denuncios y declaraciones de las víctimas, es decir, era una cifra con un alto contenido subjetivo. En segundo lugar, concordante con el hecho anterior, el número de campesinos despojados resultó inferior al que se estimaba. Finalmente se ha empezado a entender que la realidad es más complicada que la de campesinos propietarios de sus tierras enfrentados a sus despojadores.

En los cuatro años de aplicación de la ley solo se han presentado cerca de 78.000 solicitudes de restitución de tierras. Se arguye que la cifra, impresionantemente baja – se calculaba que debían ser del orden de las 500.000 –, se debe al temor y a las amenazas de los despojadores. Ello si bien puede explicar parcialmente la situación, no es consistente con los años de represamiento de las expectativas de los campesinos de que sus tierras les serían devueltas, por lo cual el volumen de las solicitudes debía ser muy alto, a pesar de la arraigada desconfianza campesina en los gobiernos. Sin duda, las cifras iniciales estaban sobreestimadas, máxime si se tiene en cuenta que según la Unidad de Restitución de Tierras, solo el 60% de esas solicitudes han resultado ciertas.

Esa nueva realidad es consistente con estudios recientes del volumen de tierras despojadas – que es distinto al de las tierras abandonadas -, realizados por la Universidad de Los Andes y la Comisión de seguimiento a la política de atención al desplazamiento, que lo sitúan en dos millones de hectáreas, una cifra aterradora pero que es solo un tercio o un cuarto de la tenida en cuenta al elaborar la ley y definir la política y sus objetivos.

Flaco servicio se le presta a una Colombia en trance de postconflicto al presentar distorsionada y agravada una situación de por si delicada y que amerita una solución definitiva a partir de diagnósticos veraces. Sin verdad y realismo no se saldrá del atolladero.