El proceso habanero alcanzó con el fallo de la Corte, lo que los navegantes denominan “el punto de no retorno”.
Preocupa que llegará la fecha del plebiscito y la ciudadanía aún no tiene la información suficiente para permitirle “declarar la suficiente ilustración” necesaria para votar responsablemente. Los colombianos han estado sistemáticamente desinformados por los amigos y los enemigos de las negociaciones, al no haberse aún debatido serenamente semejante tema. Como resultado, solo hay rumores y consignas respecto al sentido, contenido e implicaciones del acuerdo; sobre lo que le significará al país y a todos y cada uno de los colombianos.
Hay que empezar por explicar, no simplemente informar, que no se negoció ni el modelo económico ni el sistema político ni la organización del Estado, como lo afirman sectores de la oposición representados por el uribismo. El punto central de la negociación ha sido y es cómo salir decentemente de una guerra deteriorada al máximo, que acabó enredada en la telaraña criminal del narcotráfico, al no triunfar la guerrilla ni terminarse el enfrentamiento. Esa situación hace aún más necesario y difícil dignificar al enemigo, pues negociación en que las partes no se respetan será siempre una negociación inconclusa; enfrentamos un proceso exigente que obliga a las partes a “tragarse más de un sapo frío”.
El asunto de la paz trasciende el campo de la justicia y de las normas propias de tiempos y coyunturas “normales”; la actual ciertamente no lo es y por ello exige que las acciones y decisiones se nutran de principios éticos amplios y comprensivos para sustentar decisiones propias de la política con mayúscula. La transformación de los espíritus, fundamento de la justicia transicional de claras raíces cristianas, solo será posible si hay la disposición, la capacidad de perdonar acompañada del “firme propósito de la enmienda”. Ello no excluye el castigo a casos individualizados de atrocidades cometidas por actores de uno y otro de los bandos enfrentados, que determinen los jueces especializados.
El plebiscito aprobado por la Corte Constitucional no puede desembocar en un enredo equiparable al generado por el Brexit inglés, donde brilló por su ausencia la presentación de los pros y contras de la decisión propuesta que no tuvo un debate serio. Todo se limitó a generalidades para movilizar emociones en medio de los protagonismos e intereses personales de políticos irresponsables y de pequeñas pujas políticas al interior de los partidos; como consecuencia, los electores ingleses no pudieron entender y medir la importancia de lo que estaba en juego. Acá, en un contexto diferente podría pasar algo similar.
La última oportunidad para que esto no nos suceda es aprovechar responsablemente, no solo por el gobierno, el inminente debate del plebiscito, para contarle al país las limitaciones, alcances y compromisos nacidos de los Acuerdos: Que estos no traerán milagrosamente el cese súbito de la violencia y el inicio de una era de plenitud y bienestar para todos, pero que sin embargo serán un primer paso necesario pero no suficiente para lograrlo, pues permanecerá el problema gigantesco de la corrupción y el narcotráfico, los verdaderos cánceres de nuestra sociedad; que se abrirán las puertas a un cambio político fundamental y ningún partido parece preparado o preparándose, para enfrentar el nuevo escenario político y ciudadano en el cual, y no en La Habana como algunos creen, se definirán los asuntos fundamentales de la otra transformación, la de las políticas, que Colombia reclama, que ha de ser el eje de las acciones y presupuestos, no solo gubernamentales, durante los próximos diez años. Lo de la paz requiere que el país como un todo se comprometa con la tarea, empezando por su financiación, pues la cooperación internacional, distinto a lo que proclama el gobierno, aportará sumas limitadas por no decir marginales, respecto a la magnitud de la inversión a realizar. Si esto no se plantea de entrada con objetividad y realismo, el proceso terminará en una babosada con consecuencias impredecibles.
El comienzo lógico y necesario de esta tarea debería ser una conversación ante el país, serena y responsable, “patriótica” dirían algunos, entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, no para atacarse sino para que le cuenten al país las razones de sus planteamientos, de sus temores y esperanzas. Esa conversación se la están debiendo los dos a cuarenta y pico millones de colombianos.
