¿Será que finalmente se ejecuta una alternativa económica y de vida para los colonos narcocultivadores que sea de verdad viable, que no se agote en un no simple discurso o en unos dineros entregados de afán? De La Habana pueden salir, deberían salir, decisiones concretas para lograrlo.
La razón es sencilla: son cultivos localizados en los extramuros de las áreas cultivadas, en zonas de colonización pobladas por familias campesinas que han salido de sus veredas de siempre, expulsados por la violencia o la falta de oportunidades y allí a pulso, sin recursos ni apoyos, se hicieron a una forma de vida. En su peregrinar no se toparon con el Estado pero si con las FARC y desde entonces han convivido unos con otros.
Son tierras de colonos donde una guerrilla transformada en fuerza política desarmada tendría su asentamiento y sus bases políticas principales, en zonas del país en donde están asentadas o con fuerte presencia de tiempo atrás y, obviamente planean seguir allí pero, se espera, sin armas. Esa es la realidad. Pretender negarla es darse contra una pared y alejarse del camino de salida que empieza a abrirse, para dejar definitivamente atrás nuestra condición de ser un país en guerra y narcotraficante.
Por ello, la relación impuesta por las circunstancias entre la guerrilla y esas comunidades rurales, que ha sido central en la Colombia coquera, se constituye en medio efectivo y casi que natural para erradicar los “cultivos malditos” y trabajar de manera organizada, con metas y planes de acción, por un desarrollo rural legal y sostenible. A la guerrilla a su vez, le permitiría que su regreso a la civilidad no se limite a deponer las armas y a sumirse en el mare magnum de la lucha electoral, al vincularse a la transformación de esos territorios, de escenarios de ilegalidad y violencia a asiento de comunidades organizadas, incluidos los exguerrilleros, a la vida normal y legal del país. Podría hasta lavar su imagen internacional, al menos en lo referente a ser un cartel del narcotráfico, y alejar la amenaza de la extradición, que día a día les recuerda la situación de Simón Trinidad.
Ya en el proceso del Caguán, a través de Manuel Marulanda, las FARC propusieron un plan piloto de erradicación de cultivos y desarrollo rural, que se adelantaría en Cartagena del Chairá durante cinco años y que tendría como líder y responsable a la guerrilla; contaría, entre otros, con inversionistas privados y una veeduría externa. Obviamente no funcionó porque no era ni siquiera concebible en medio de la guerra. Hoy la situación es bien distinta y una propuesta de participación fariana en la erradicación y sustitución de narco cultivos debe ser uno de los compromisos concretos de los acuerdos, que habrá de ejecutarse en el marco de los 10 años de la transición de la guerra a la paz, que se avizora después de La Habana.
Y en ese escenario, inédito para el país, las vilipendiadas zonas de reserva campesina podrían jugar un papel central para llenar un vacío institucional y operativo en el cual han perecido anteriores experiencias de “desarrollo alternativo”. Vacío originado en la falta de una estructura organisativa y de representación de esas comunidades, que sea el interlocutor válido con el gobierno a la par que el vigilante ciudadano para que se cumpla lo acordado. Además permiten abordar la tarea “con enfoque territorial”, como será discutida en el foro que para la semana entrante han convocado el PNUD y la Universidad Nacional.
En sana lógica, esas zonas son uno de los instrumentos de política de desarrollo rural, no el único, para adelantar el trabajo largo y complejo de la transformación que requiere el campo colombiano luego del silenciamiento de las armas guerrilleras, y en el cual, aunque a muchos no les guste, estará presente y actuante una guerrilla desmovilizada que mantiene su vocación política desarmada.
