Uribe nos dejó un tren minero desbocado que con Santos, sigue sin freno ni regulación. Colombia no necesita un nuevo Estatuto minero sino reglamentar la Ley 685 del 2001.
La Administración Uribe nos dejó un tren minero desbocado que con Santos, sigue sin freno ni regulación. Un desboque impulsado por la ley 1382 de 2010, afortunadamente declarada inexequible por la Corte Constitucional y que pretendió modificar el Código Minero, ley 685 de 2001. La situación que ello ha generado se agrava día a día, y puede convertirse en la perdición de las minerías colombianas, así en plural, con enormes perjuicios para el futuro material del país. El tren desbocado llevó a la satanización de la minería ante amplios sectores ciudadanos, que temen ver al territorio nacional convertido en un enorme y oscuro socavón.
Lo amenazante no es la minería en sí sino la forma como hoy se realiza en el país, como una actividad simplemente extractiva a realizar en el menor tiempo posible y al menor costo para la empresa minera, para obtener los mayores beneficios de un recurso no renovable que es de todos los colombianos.
Esto ocurre por contar con una normatividad insuficientemente y una autoridad e institucionalidad supremamente débiles. Se abandonaron o engavetaron los estudios técnicos del inventario de recursos mineros, básico para las decisiones en materia de permisos de exploración y legalización de títulos mineros.
Colombia no necesita un nuevo estatuto minero. Necesita sí que se reglamente la ley 685 de 2001 en asuntos tan cruciales como son los procedimientos previos al otorgamiento de las concesiones – certificación de existencia de comunidades étnicas en los territorios a concesionar, determinación de la fragilidad del ecosistema en donde se desarrollaría la explotación … -, al igual que en la determinación precisa de las áreas protegidas, de los baldíos y de las titulaciones colectivas existentes en favor de comunidades indígenas y afrocolombianas.
Estaría también por reglamentar lo referente a los criterios para la participación de las comunidades étnicas en las iniciativas mineras dentro de sus territorios colectivos, que permitan que los procesos de consulta sean más integrales, promisorios y significativos para esas comunidades; e igualmente con los territorios mineros con alta prevalencia de la pequeña minería informal o artesanal.
Colombia se sumió en un frenesí minero sin estar preparada para ello y sin tener la fortaleza institucional requerida. El resultado es un desarrollo minero con lógica de capitalismo salvaje, que amenaza su supervivencia. Fortalecer la capacidad estatal y adelantar las otras tareas mencionadas permitirían que la minería deje de ser la amenaza que es hoy y se transforme en portadora de progreso e impulsora de proyectos de desarrollo al servicio de la Nación y no a unos pocos empresarios, muchos de ellos extranjeros que extraen riqueza colectiva no renovable sin control ni planeación, ahondando el negro socavón que muchos colombianos temen.
Uribe nos dejó un tren minero desbocado que con Santos, sigue sin freno ni regulación. Colombia no necesita un nuevo Estatuto minero sino reglamentar la Ley 685 del 2001.
La Administración Uribe nos dejó un tren minero desbocado que con Santos, sigue sin freno ni regulación. Un desboque impulsado por la ley 1382 de 2010, afortunadamente declarada inexequible por la Corte Constitucional y que pretendió modificar el Código Minero, ley 685 de 2001. La situación que ello ha generado se agrava día a día, y puede convertirse en la perdición de las minerías colombianas, así en plural, con enormes perjuicios para el futuro material del país. El tren desbocado llevó a la satanización de la minería ante amplios sectores ciudadanos, que temen ver al territorio nacional convertido en un enorme y oscuro socavón.
Lo amenazante no es la minería en sí sino la forma como hoy se realiza en el país, como una actividad simplemente extractiva a realizar en el menor tiempo posible y al menor costo para la empresa minera, para obtener los mayores beneficios de un recurso no renovable que es de todos los colombianos.
Esto ocurre por contar con una normatividad insuficientemente y una autoridad e institucionalidad supremamente débiles. Se abandonaron o engavetaron los estudios técnicos del inventario de recursos mineros, básico para las decisiones en materia de permisos de exploración y legalización de títulos mineros.
Colombia no necesita un nuevo estatuto minero. Necesita sí que se reglamente la ley 685 de 2001 en asuntos tan cruciales como son los procedimientos previos al otorgamiento de las concesiones – certificación de existencia de comunidades étnicas en los territorios a concesionar, determinación de la fragilidad del ecosistema en donde se desarrollaría la explotación … -, al igual que en la determinación precisa de las áreas protegidas, de los baldíos y de las titulaciones colectivas existentes en favor de comunidades indígenas y afrocolombianas.
Estaría también por reglamentar lo referente a los criterios para la participación de las comunidades étnicas en las iniciativas mineras dentro de sus territorios colectivos, que permitan que los procesos de consulta sean más integrales, promisorios y significativos para esas comunidades; e igualmente con los territorios mineros con alta prevalencia de la pequeña minería informal o artesanal.
Colombia se sumió en un frenesí minero sin estar preparada para ello y sin tener la fortaleza institucional requerida. El resultado es un desarrollo minero con lógica de capitalismo salvaje, que amenaza su supervivencia. Fortalecer la capacidad estatal y adelantar las otras tareas mencionadas permitirían que la minería deje de ser la amenaza que es hoy y se transforme en portadora de progreso e impulsora de proyectos de desarrollo al servicio de la Nación y no a unos pocos empresarios, muchos de ellos extranjeros que extraen riqueza colectiva no renovable sin control ni planeación, ahondando el negro socavón que muchos colombianos temen.