No es la revolución, es la democracia

El acuerdo sobre la tierra producido en La Habana, no es el “decreto número uno” de un gobierno revolucionario, como anunciaban ciertas aves de mal agüero.

Expresa   el esfuerzo de gobierno y guerrilla para dejar atrás los maximalismos, tragándose ambos más de “un sapo frío” con el propósito político de  facilitar los acuerdos sobre el  tema  de “la tierra”, que  durante medio siglo fue bandera revolucionaria de las FARC. No es  el tema de más difícil negociación  pero sí es el más  cargado de simbolismo, tan importante en política.

Es imposible no pensar que en Colombia algo ha fallado a lo largo de su accidentada historia para que asuntos tan básicos y ya solucionados  en cualquier sociedad decente, como es el acceso a los servicios básicos, a la salud, a una vivienda digna, a la educación de las familias rurales, deban hacer parte de los compromisos negociados con la guerrilla para acabar con medio siglo de subversión armada. En otras latitudes esos logros nacieron no de los fusiles sino de las urnas.

El acuerdo (¿o sus bases?) se inscribe en el marco de un  reformismo social,  que necesita  Colombia  para  iniciar   un proceso de cambios progresivos nacidos  del debate democrático y de los correspondientes acuerdos políticos, no de la presión de las armas. Reformismo social que en el postconflicto le permitiría  al país  adelantar su atrasada transición de un estado de irracionalidad económica, exclusión  social, clientelismo político  y debilidad de las instituciones públicas, a uno donde el debate público impulse los cambios y  permita   recuperarle  sentido y dignidad a la política y a  los partidos.

Leyendo entre líneas, se vislumbra   una nueva  y más contemporánea comprensión de  nuestra realidad rural por parte de las FARC que   va más allá del fundamental problema de la tierra (“Reforma Agraria”) para plantear una reforma rural que sea integral – tierra, producción y consumo, desarrollo social campesino y protección del medio ambiente – y con un enfoque territorial donde el entorno y la comunidad importan y no la sola parcela; donde más que el tamaño de las explotaciones (“el latifundio”) importa  la manera como la tierra se emplea  para la producción (“tierras improductivas”); donde no se  privilegia  la parcela campesina individual sino la asociación de los pequeños en esquemas de economía solidaria y cooperativa; donde  la producción de alimentos permita que todos coman lo necesario (¿un campo y una Colombia sin hambre o con cero hambre a la brasileña?); donde se defina claramente la tierra disponible para el reparto agrario, en un fondo de tierras. 

Son grandes líneas que “rayan la cancha” de la inaplazable transformación rural, donde todos los actores y sectores tienen su responsabilidad y su posibilidad.  Ello supone a mi juicio que el Estado defina  el desarrollo rural como su principal prioridad para los próximos 10 años y proceda a modificar “el modelo de desarrollo” vigente para que su motor sean los sectores productivos y no el financiero.  Que reinvente   la institucionalidad pública para el desarrollo rural, no solo  la nacional  sino  la territorial, pues la transformación rural es ante todo transformación en lo local y lo regional. Y debe traducir  su prioridad política  en  presupuestos suficientes para el desarrollo rural, que no solo los del Ministerio de Agricultura. Será un proceso transformador liderado por  el Presidente de la República  desde  un Consejo Nacional  para la Reforma Rural que trace las líneas de acción, defina  las responsabilidades  institucionales tanto en lo nacional como en lo territorial y la correspondiente asignación de los recursos presupuestales y luego, supervise su ejecución.

Los departamentos y municipios son fundamentales en la tarea transformadora, con su institucionalidad y presupuestos fortalecidos para asumirla hombro a hombro con las comunidades organizadas, donde las zonas de reserva campesina deben jugar un papel importante; con  las organizaciones ciudadanas de jóvenes, ambientalistas y mujeres;  con  los gremios de productores, no solo los agropecuarios, que tanto tienen para aportar.

La reforma rural  que nace es ambiciosa y gracias a un esfuerzo continuado de claro contenido democrático permitirá acabar la tarea inconclusa de transformar y colocar en el siglo XXI a la sociedad, economía y comunidades rurales en  sus diferentes componentes y  dimensiones.