Otro remiendo tributario

Difícil encontrar a alguien que le guste pagar impuestos o a un país que haya progresado sin tener un buen sistema fiscal que le permita cobrar los impuestos que son, en el monto justo y a quienes están moral y socialmente obligados a pagarlos.

Se ha dicho y se repite, que el sistema tributario colombiano terminó reducido a un sartal de remiendos, de medidas transitorias que acabaron siendo permanentes – el 4 %o de las transacciones bancarias… -, de medidas puntuales para atender emergencias fiscales que muchas veces resultan contradictorias o al menos incoherentes entre sí. No se tiene una política para darles sentido y propósito a unos tributos que sirvan para algo más que atender las recurrentes afugias de un estado siempre escaso de recursos desprovisto; por la falta de una carta de navegación fiscal, se está en manos de la improvisación, fruto de la imprevisión, que le genera enorme incertidumbre al potencial inversionista que hasta estaría dispuesto a hacerle frente y darle manejo a impuestos y gravámenes altos, pero no a la inseguridad tributaria, a la imposibilidad de conocer, de prever lo que en tema tan sensible, le espera a la vuelta de la esquina.

Un sistema que en vez de atenuar la escandalosa concentración del ingreso nacional, una de las mayores del mundo, logra – caso único – que esta se acreciente después de impuestos; una situación que es ilógica, pues el sistema fiscal colombiano no tiene efectos redistributivos del ingreso sino que por el contrario, lo concentra aún más.

Nuevamente la sombra del déficit se le presenta a la economía, de 12.5 billones solo para el 2015 y aumentos por la caída en los ingresos petroleros, que ya es de la cuarta parte del valor con el cual el gobierno hizo sus proyecciones; Fedesarrollo calcula que para el próximo cuatrienio el déficit anual será equivalente a 1.2 puntos del PIB – 10 billones anuales -. A esa no despreciable cifra habría que sumarle al menos 8.5 billones para hacerle frente a los compromisos de gasto nacidos por la reelección y a las inversiones del postconflicto que, obviamente, no las va a pagar la cooperación internacional, como lo pudo entender el Presidente durante su infructuoso pero publicitado periplo europeo.

Es importante el debate entre gravar el patrimonio (“la riqueza”) o los ingresos, que se haría por medio de una sobretasa (¿temporal?) al CREE y de una ampliación del impuesto a la renta para incluir las utilidades/ingresos percibidos como dividendos por los accionistas, en tanto que propietarios de las empresas. Sin duda es más fácil recaudar el impuesto al patrimonio y controlar la evasión, pero es más técnico y democrático gravar los ingresos generados por ese patrimonio. Los patrimonios deben salvaguardarse por ser fuente de riqueza y empleo; los ingresos hoy hiperconcentrados deben ser redistribuidos por la vía del correspondiente impuesto. Solo entonces será posible que Colombia desarrolle una base económica sólida, una sociedad más equitativa y cohesionada, y una economía compatible con las exigencias del sistema democrático, que no funciona en escenarios polarizados entre los extremos de pobreza y opulencia.

Estamos en un mundo económicamente integrado y con absoluta movilidad de los capitales, razón por la cual las decisiones nacionales deben “estar a tono” con lo imperante en los países con los cuales se compite para atraer capitales e inversiones. La norma debe ser mantenerse en la línea de lo imperante en la OCDE y en la región, 41 y 48% de las utilidades respectivamente; en Colombia se tiene una tasa nominal del 60%; pero la comparación es falaz, pues lo comparable son las tasas efectivas, una vez deducidas a la nominal las concesiones a los inversionistas, especialmente durante los años finales de Álvaro Uribe – la explosión hotelera… - y los menores impuestos pagados gracias a las cláusulas de estabilidad jurídica que benefician a 40 empresas. En el 2010 esas gabelas representaron el 1.6% del PIB, mientras que el recaudo del impuesto de renta a persona naturales representó el 1% del producto interno; un completo sin sentido económico que finalmente profundiza el desequilibrio.