Para conocer al Gobierno, mire su política tributaria

Suelo decirles en clase a los estudiantes que la verdad de un gobernante está en su política tributaria y en el empleo de esos recursos. La plata no engaña pues desnuda el alma y las intenciones del gobernante. Esta vez, con la tributaria de Duque y Carrasquilla no será distinto. Y el empaque que quieran darle es lo de menos. Las verdaderas intenciones de la reforma no pueden esconderse.

Para empezar, se propone cuidar el grado de inversión de la deuda —necesario para continuar endeudándonos en dólares y duro— que en este Gobierno alcanza ya el 60% del producto interno bruto (PIB), mientras que el promedio regional oscila en torno al 35%. Es una deuda a pagarse religiosamente; en el proyecto de presupuesto para el año entrante se le aumentarían en un 10% los recursos, mientras que las partidas para inversión se disminuirían en la cuarta parte, en medio de la peor crisis que el país ha conocido después de la Guerra de los Mil Días, hace 120 años.

Ya no hay duda sobre las intenciones del Gobierno: pagar cumplidamente la deuda externa y no afectar el presupuesto de defensa. Al respecto quiero pensar que la compra de aviones militares para una guerra internacional (¡$14 billones!) es simplemente un cuento o un mal chiste, pues de ser verdad sería una soberana estupidez.

Una rápida mirada al proyecto refrenda lo que sus críticos de derecha e izquierda vienen diciendo, que los pagadores del capricho gubernamental serán básicamente las clases media, obrera e informal que verán aumentar los precios de los alimentos, pues el IVA de los insumos para producirlos ya no podrá ser descontado por el agricultor y por consiguiente le será transferido al consumidor. Por añadidura, el producto importado se abaratará, aumentando aún más las irresponsables importaciones de una comida que podemos producir y acrecentando los riesgos de la seguridad alimentaria de los colombianos, en un mundo donde los intereses nacionales se han posicionado.

Con el IVA a los servicios públicos, sus costos, ya de por sí altísimos, aumentarían para la población de clase media y para la producción. Los de la energía subirían además por los impuestos verdes al carbón, planteados por la OCDE para supuestamente disuadir el consumo de energías contaminantes cuando las alternativas aún no han sido desarrolladas.

Pero el asunto no termina ahí. Si algo requiere la economía colombiana es recuperar su capacidad para demandar los productos de necesidad básica y los consumidores necesitan oxígeno monetario para ello, que el Estado a través de su gasto público debía suministrar. Pero la reforma hace todo lo contrario.

La pregunta lógica es quién va a aportar los recursos para enfrentar la situación presente. El Gobierno, con el disco rayado del IVA, busca sistemáticamente ese camino, el más fácil para recaudar. Para calmar la protesta se inventó el señuelo del reintegro a los consumidores del impuesto generado con sus consumos básicos, un procedimiento engañabobos pues muchos de los posibles beneficiarios simplemente no pueden acceder a él; escasamente la cuarta parte de los eventuales beneficiarios lo han logado.

Pero además el Gobierno mira a la otra gran fuente potencial de impuestos, los que se les cobran directamente a las personas sobre sus ingresos, de trabajo o de inversiones, y sobre su patrimonio. Y acá vuelve a poner el ojo especialmente en la clase media: bajando el monto del patrimonio sujeto a pago de impuestos, gravando las pensiones. Por donde se le mire, se trata de un proyecto fallido.