¿Para dónde va o pretende ir esta nueva reforma política?
La pregunta tiene sentido porque en Colombia siempre flotan en el ambiente dos especies de fantasmas, que nunca se materializan: una reforma electoral y otra de la justicia. Y la razón es clara. Los dos temas permanecen irresolutos a pesar de su importancia, y cuando se han abordado, ha sido de manera fragmentaria y puntual, más para enfrentar coyunturas, los famosos “incendios”, sin una perspectiva comprensiva ni una política que oriente y les dé sentido a los proyectos. Se cae así en acciones que aunque puedan ser correctas son parciales, sin la capacidad de generar las necesarias sinergias transformadoras, como lo exigen la justicia y la política.
Sin apartarme del concepto rector de la reforma que discute el Congreso – el equilibrio de los poderes -, hay dos temas centrales que no aparecen en el proyecto: los partidos políticos y el poder local enraizado en los territorios, con su enorme diversidad y que mal se aviene con el centralismo de un sistema hiperpresidencialista como es el colombiano. El proyecto, válidamente, se centra en realinderar las tres ramas del Poder Público y sus organismos de control, luego del desorden que en ese punto produjo la Constitución del 91 con sus importaciones conceptuales e institucionales provenientes de otras latitudes, situación que se vio agravada con los ocho años, profundamente desinstitucionalizadores, de la era Uribista.
El punto que quiero abordar es el los partidos. Colombia desde hace veinte años, sin cambios y con la tendencia más bien a agravarse – y ahí la Constitución del 91 también tiene responsabilidad, se caracteriza por tener uno de los sistemas políticos más personalizados y atomizados del mundo. Los partidos son marginales, reducidos a la triste condición de ser simples dispensadores de avales a los candidatos que operan desde sus microempresas electorales, que han sobrevivido gracias a la posibilidad que brinda el voto preferente al permitir que no sea el partido sino cada candidato que “a su aire” defina su listado de propuestas, consiga la financiación para SU campaña – en ocasiones “vendiéndole el alma al diablo” -, organice su logística de campaña y, finalmente, son ellos y solamente ellos quienes se reúnen con el Ejecutivo, sea Presidente de la República, gobernador o alcalde, para definir su participación y apoyo al gobierno y las condiciones de ese apoyo.
Mientras tanto, los partidos miran el juego desde la tribuna, cuando debían estar sudándola en la cancha. Y esa situación que deslegitima y envilece la política, reduce el trabajo de los políticos a garantizar su sobrevivencia, no tanto gracias a un trabajo acorde con su dignidad y responsabilidad, sino a su entrega política al mejor postor, al que le garantice su reelección. Esta situación, que reduce la política a su mínima expresión, solo se resolverá cuando se logren al menos dos cuestiones fundamentales: Que la bolsa del dinero y su administración estén a cargo de los partidos y que sean estos los únicos interlocutores legalmente reconocidos para acordar con los gobernantes el contenido, condiciones y operación de los acuerdos políticos, que deben ser públicos y sometidos al escrutinio ciudadano y al control político del Congreso, pues dan origen a una clara y definida corresponsabilidad del gobernante y de los partidos de su coalición. Hoy y en el futuro, lo que se impone son los gobiernos de coalición a partir y para desarrollar los acuerdos programáticos, y no la simple repartija de puestos y contratos.
Solo entonces se podrá cerrar el atajo que impide tener verdaderos partidos. Es el voto preferente, el cual puede que por ahora le de tranquilidad a quienes aspiran a elegirse pero que cada vez hace más irrelevantes a los partidos. En ese escenario la financiación estatal total a las campañas es un imperativo para que se acaba ese derroche de dinero, de acuerdos non sanctus y de vanidades personales en que se convirtieron las campañas electorales, lo contrario a lo que nuestra empobrecida democracia necesita y reclama.
