Para volver a creer

Desde la semana pasada un rayo de esperanza parece alumbrar el futuro de Colombia, nacido del acuerdo para establecer una jurisdicción especial para la paz que le de salida al tema crítico para terminar el conflicto armado, establecer las responsabilidades frente al conflicto y la posición de la sociedad colombiana, y el reconocimiento del reclamo de las víctimas por justicia, colocadas, acertada y justicieramente, en el centro y norte de la negociación, lo cual le ha dado al proceso y a sus consecuencias, un nuevo sentido que abre posibilidades inéditas para terminar lo que parecía una condena irremediable a “cien años más de violencia e irracionalidad”, y permitir que finalmente la sociedad en su conjunto pueda decir, “nunca más”.

El acuerdo capitaliza logros del proceso de negociación, impensables hace solo unos meses: Que la guerrilla aceptara responsabilidad en nuestra tragedia; que se fuera consolidando la comprensión de que para salir de un conflicto armado interno, el elemento o criterio fundamental es el tratamiento de las víctimas en cuanto al reconocimiento del daño recibido, que no lo subsana sino la cárcel para los responsables, como lo reclaman algunos imbuidos de un sentido de venganza, expresión de la vieja “ley del Talión” – ojo por ojo, diente por diente – que regía en tiempos de bárbaras naciones y que solo logra aumentar la sed de sangre y de nuevas venganzas, cerrándole el camino a la no repetición, cuestión que parece confundir o malinterpretar el expresidente Uribe en sus observaciones.

En segundo lugar, hoy ya se entiende y se acepta, aunque sea de dientes para afuera, que no solo son responsables los que se enfrentaron con las armas en la mano, sino también los que decidieron y ordenaron. Un punto que tampoco es de buen recibo por el señor expresidente porque según sus planteamientos, ello equivale a igualar a las Fuerzas Armadas y a la sociedad con las Farc y el terrorismo; con todo respeto creo que confunde aceptar que las responsabilidades en el conflicto, en su génesis y desarrollo, no son solo de la guerrilla, en ningún caso implica la igualación señalada; son actores y circunstancias distintas pero que comparten responsabilidades; es difícil que esta realidad, compleja como pocas, la acepten quienes la pretenden circunscribir a una guerra entre buenos y malos, como en las viejas y maniqueas películas de vaqueros. Como lo explica el Consejero de Paz Jaramillo, se trata de abordar los hechos más graves y significativos del conflicto y de manera equilibrada, hacer justicia para todos. Santiago, el asesor de las Farc refuerza el punto al precisar que se trata de un sistema de justicia para todas las partes que hayan intervenido directamente en el conflicto. Claramente la participación no se limitaba a echar bala.

El propósito del acuerdo es claro: hacer de la verdad la piedra angular del edificio de la justicia, necesario para que Colombia se reconcilie consigo misma y le cierre el camino a la continuación de un sartal de venganzas que mantendría vivo el rescoldo, cuando no la llama de la violencia. El procedimiento es sencillo. Los delitos no indultables tipificados en la legislación colombiana como de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales de justicia para la paz. El sindicado debe rápidamente reconocer responsabilidades en los crímenes que se le imputan, decir la verdad, como condición para recibir penas de cinco a ocho años en condiciones de “restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales”, que define el juez. Si se demora en decir la verdad, será condenado a prisión en condiciones ordinarias hasta por ocho años. Si no se acoge y es condenado, enfrenta una pena de hasta veinte años de prisión.

La ley definirá lo referente a la amnistía “más amplia posible” para los delitos políticos y conexos (secuestro y narcotráfico), donde la conexidad de los casos concretos debe demostrarse, no es automática. Acá nuevamente el expresidente Uribe pretende caricaturizar un punto sensible y fundamental que reclama un tratamiento equilibrado. Una actividad ilegal como es la guerra subversiva, es un contrasentido siquiera imaginarlo, financiado por vías legales, convencionales.