Los Estados Unidos viven la peor crisis de droga en 60 años, informa nada menos que la Casa Blanca desde Washington. Aumentó en un 25 % el número de los consumidores de cocaína entre el 2014 y el 2015, mientras que las muertes por sobredosis de la droga crecieron en un 54 % desde el 2012.
Son cifras que obligan a repensar el problema desde la orilla colombiana, porque de entrada ponen en entredicho las reiteradas afirmaciones de esas mismas autoridades, de asignarle a la suspensión de las fumigaciones aéreas, el aumento del área sembrada en el país.
Una mirada rápida a los datos permite entrever que existe una relación de causalidad entre el aumento del consumo norteamericano y el consiguiente aumento en la oferta colombiana. Es verdad sabida que se produce lo que se vende; que una demanda creciente dinamiza la oferta, pues nadie decide trabajar a pérdida. La respuesta rápida de la producción a mayores demandas es posible en cultivos de ciclo corto, como es la mata de coca.
Negar el papel central y en buena medida decisorio que alcanzó el narcotráfico en nuestra violencia crónica es pretender tapar el sol con las manos. El punto es claro: mientras subsista y aun crezca el narconegocio, la paz en Colombia estará asentada en arenas movedizas; paz y narcotráfico son realidades que se excluyen.
Y eso precisamente es lo que nos dicen a los gritos las cifras presentadas esta semana acá en Bogotá, por el representante del Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Todd Howland: que no ceden los asesinatos de defensores humanos en el país —63 en el 2015 y 59 en el 2016—, especialmente en el Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, regiones con fuerte presencia del narcotráfico y de las Farc. Según el informe, estos asesinatos están relacionados con el vacío de poder que deja la desmovilización de las Farc y que el Estado no ha ocupado, generándose una competencia entre grupos armados —Eln, Epl, y grupos surgidos del paramilitarismo, donde se destaca el Clan del Golfo— por controlar actividades ilegales de narcocultivos y de minería ilegal, especialmente en el Chocó y el Bajo Cauca antioqueño.
Hoy ya queda completamente claro que uno de los grandes beneficiados con el conflicto armado ha sido y es el crimen organizado, que de siempre lo ha alimentado, por ser fundamental para la sobrevivencia de su negocio; consecuentemente, esos criminales son los principales perjudicados con la aclimatación de la paz.
Rematemos con esta afirmación de Howland: “Los actores vinculados al crimen organizado, el crimen local, las disidencias de las Farc-EP así como los grupos organizados del Eln y el Epl, compiten por el control, la explotación y los réditos de las actividades económicas ilegales”. El escenario es bien complicado para el país y su propósito de enterrar el conflicto armado, asediado por el narcotráfico dada una demanda incontenible por cocaína y una oferta dispuesta a satisfacerla “a sangre y fuego”.
Los Estados Unidos viven la peor crisis de droga en 60 años, informa nada menos que la Casa Blanca desde Washington. Aumentó en un 25 % el número de los consumidores de cocaína entre el 2014 y el 2015, mientras que las muertes por sobredosis de la droga crecieron en un 54 % desde el 2012.
Son cifras que obligan a repensar el problema desde la orilla colombiana, porque de entrada ponen en entredicho las reiteradas afirmaciones de esas mismas autoridades, de asignarle a la suspensión de las fumigaciones aéreas, el aumento del área sembrada en el país.
Una mirada rápida a los datos permite entrever que existe una relación de causalidad entre el aumento del consumo norteamericano y el consiguiente aumento en la oferta colombiana. Es verdad sabida que se produce lo que se vende; que una demanda creciente dinamiza la oferta, pues nadie decide trabajar a pérdida. La respuesta rápida de la producción a mayores demandas es posible en cultivos de ciclo corto, como es la mata de coca.
Negar el papel central y en buena medida decisorio que alcanzó el narcotráfico en nuestra violencia crónica es pretender tapar el sol con las manos. El punto es claro: mientras subsista y aun crezca el narconegocio, la paz en Colombia estará asentada en arenas movedizas; paz y narcotráfico son realidades que se excluyen.
Y eso precisamente es lo que nos dicen a los gritos las cifras presentadas esta semana acá en Bogotá, por el representante del Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Todd Howland: que no ceden los asesinatos de defensores humanos en el país —63 en el 2015 y 59 en el 2016—, especialmente en el Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, regiones con fuerte presencia del narcotráfico y de las Farc. Según el informe, estos asesinatos están relacionados con el vacío de poder que deja la desmovilización de las Farc y que el Estado no ha ocupado, generándose una competencia entre grupos armados —Eln, Epl, y grupos surgidos del paramilitarismo, donde se destaca el Clan del Golfo— por controlar actividades ilegales de narcocultivos y de minería ilegal, especialmente en el Chocó y el Bajo Cauca antioqueño.
Hoy ya queda completamente claro que uno de los grandes beneficiados con el conflicto armado ha sido y es el crimen organizado, que de siempre lo ha alimentado, por ser fundamental para la sobrevivencia de su negocio; consecuentemente, esos criminales son los principales perjudicados con la aclimatación de la paz.
Rematemos con esta afirmación de Howland: “Los actores vinculados al crimen organizado, el crimen local, las disidencias de las Farc-EP así como los grupos organizados del Eln y el Epl, compiten por el control, la explotación y los réditos de las actividades económicas ilegales”. El escenario es bien complicado para el país y su propósito de enterrar el conflicto armado, asediado por el narcotráfico dada una demanda incontenible por cocaína y una oferta dispuesta a satisfacerla “a sangre y fuego”.