¡Que vivan los abogados!

Trato de entender por qué mientras más influyentes son los abogados – al menos un grupo con poder, pues la mayoría sigue ganándose el pan en la baranda judicial -que son los profesionales llamados a velar por el cumplimiento de las normas y la salvaguarda de los derechos, mayor es el desorden y el conflicto reinante en la sociedad, más turbia y truculenta se ha vuelto nuestra cotidianidad.

Las respuestas parecen estar en dos cambios fundamentales que ha vivido el país. El primero, la judicialización de la vida civil y estatal que convirtió a los abogados en profesionales mandones y de moda; una realidad que no es solo colombiana, al ser otra desafortunada importación de Norte América. Hoy la última cuando no la única palabra que se escucha sale de tribunales y juzgados. Hoy son las licitaciones públicas organizadas y luego demandadas por abogados, las que deciden el destino de los crecientes recursos de los presupuestos públicos, como resultado de la acción conjunta de abogados y de otra rosca de profesionales, los economistas neoliberales, nuevamente inspirados en Washington, que hace 25 años vendieron e impusieron el ideal del Estado pequeño que terminó transformado en contratista de alto bordo, porque cada día crecen las partidas presupuestales para ejecutar y los reclamos ciudadanos para atender. Su argumento, sencillo y falaz, fue el combate a una burocracia corrupta e ineficiente; el resultado logrado fue que por la puerta de atrás se nos coló la gran corrupción de cuello blanco con su corte de abogados, transformados en “asesores jurídicos” de los contratistas.

Basta con asomarse a las grandes firmas de ingeniería que controlan la parte más importante de la contratación oficial, la de la construcción de obras públicas, para verificar que allí es más definitivo el departamento jurídico que el de ingeniería. La razón es sencilla, en muchos casos el negocio no es el contrato que se gana sino la demanda al Estado que luego se instaura.

El segundo motivo, aunque suene contradictorio, porque lo es, nace del boom de los derechos en el mundo y en Colombia, a raíz de la Constitución del 91. Ese que debe ser un espacio sagrado de la democracia, terminó convertido en un coto de caza de demandas y pleitos, de otro grupo de aventajados abogados. A la justa lucha por el reconocimiento de los derechos de grupos ciudadanos le salió la pata torcida del establecimiento de verdaderos peajes, cuando no descaradas vacunas, organizados por celosos abogados, convertidos en guardianes de los derechos, en especial de los propios que pueden equivaler hasta el 40% del valor recaudado por los pagos efectuados por particulares y por el Estado mismo.

Casos emblemáticos empiezan a presentarse con la restitución de tierras despojadas, no solo a campesinos, pero sobre todo con las consultas previas a las comunidades que obligatoriamente deben realizarse antes de tomar decisiones de inversión o de normatividad que pudieran afectar, sin necesariamente violar, sus derechos salvaguardados por la Constitución y las leyes. Las negociaciones, porque no son sobrias discusiones para salvaguardar y conciliar derechos que entran en conflicto, terminan muy frecuentemente en el secuestro, con cobro de rescate incluido, de la decisión sobre asuntos que son del interés de la comunidad, de la región o del país en general; es una operación dirigida y aprovechada económicamente por solícitos abogados que más que defender el derecho amenazado, cuidan sus respetables honorarios.

Como para rematar este recuento, tenemos que en Colombia el ciudadano, aunque sea abogado, no tiene el derecho de defenderse a sí mismo ante las autoridades judiciales y administrativas, pues las normas, elaboradas por abogados, lo obligan a otorgarle un poder para que lo represente, a otro abogado… sin comentarios.
Definitivamente la judicialización de la vida en Colombia donde todo terminó siendo un delito, absolutizó los derechos individuales y le abrió el camino al reinado de jueces y abogados. Un escenario antidemocrático e insensato en el cual se disolvió la defensa del interés general, y en el cual se mueven con desparpajo grupos o camarillas de abogados que, para rematar, capturan endogámicamente las instancias del poder de la justicia, como lo desnuda la actual Fiscalía contagiada del virus de la contratación pública, bajo la consigna sagrada de yo te contrato, tú me contratas.