La mejor política social es una buena política económica, decía Rodrigo Marín Bernal; una observación aguda y crudamente realista, que amerita una precisión: es condición necesaria pero no es suficiente. Olvidar este punto lleva a que las propuestas sociales se vuelvan flor de un día, palabras que se lleva el viento.
Lo anterior es pertinente recordarlo en momentos en que se inicia el gobierno Duque, que parece que será continuista en el frente económico a la par que tiene grandes compromisos de inversión social, con el empleo como compromiso prioritario. El continuismo por definición no es en sí malo, inclusive más inconveniente es el prurito del cambio por el cambio. Lo grave e irresponsable es mantener el rumbo inalterado a pesar de los reclamos de la dura realidad, como empieza a suceder con el acelerado cambio climático, cuya gravedad es mayor que lo anunciado de tiempo atrás por los analistas más pesimistas. Como consecuencia, las fuentes de energía minero-energéticas hasta ahora dominantes en la economía mundial empiezan, a un ritmo creciente, a ser sustituidas en el mundo y ello a pesar de los esfuerzos del presidente norteamericano por proteger los intereses carboníferos y petroleros estadounidenses.
A Colombia le toca, por la presión descendente e irreversible en los precios internacionales de los combustibles fósiles, iniciar el proceso lento y complejo, pero inaplazable, de romper la dependencia de su economía de la producción y exportación de esos bienes. Sin ese cambio, a pesar de posibles repuntes coyunturales de sus precios internacionales, es irresponsable cuando no suicida proyectar a mediano y largo plazo el futuro de la economía y de su crecimiento.
Urge entonces una redefinición del rumbo de la economía, que le permita a la actividad productiva industrial y agropecuaria recuperar su posición y papel central, que en los últimos 25 años ocupó el extractivismo minero-energético. Significa, igualmente, que seamos capaces de poner al servicio de un sólido y equilibrado desarrollo nacional la gran creatividad colombiana que le ha permitido al país llenar muchos de los vacíos de nuestro desarrollo tecnológico. Creatividad y capacidad tecnológica deben ser grandes impulsoras de una economía adaptada a las nuevas condiciones de las dinámicas mundiales, en las cuales estamos y debemos permanecer. El presidente da señales en ese sentido con su entusiasmo por la economía naranja, que tiene tanto de largo como de ancho, pues pretender reducir la cultura, la capacidad de creación, a industrias culturales puede significar matarle su alma, desnaturalizándola; tampoco se trata de condenarla al ostracismo, en el reinado de los malditos y encerrada en pequeños círculos de endogamia, autoelogio y canibalismo; la cultura camina por una línea estrecha entre la masificación propia del llamado posmodernismo y un elitismo del espíritu, si se admite la expresión.
La tarea requiere que la acción económica del Estado se libere de los sempiternos afanes fiscales cuando de impuestos se trata, o de la falacia de pensar que si las empresas no invierten y generan más empleo es porque los impuestos las agobian, simplificando una situación multicausal. Se necesita un sistema tributario simplificado, suprimiendo tantos beneficios tributarios, generadores de inequidades y favoritismo; sería lógico bajar la tarifa nominal de las empresas siempre y cuando se supriman las arandelas y beneficios existentes, así, sin afectar el recaudo tributario se les aclara el futuro a los inversionistas, sin lo cual difícilmente invierten. Complementarlo con un aumento de las tarifas para los ingresos de los sectores de más alto poder adquisitivo, sin cometer el error de empezar a gravar a una muy golpeada clase media según plantea el ministro de Hacienda de un gobierno de clase media, algo injusto tributariamente y políticamente equivocado. Y, obviamente, dar la batalla, siempre anunciada y jamás realizada, para mejorar la calidad y pertinencia del gasto público, pues la salida cómoda y destructiva de posibilidades para el país es simplemente reducirlo; que no se aumente pero que se cualifique.
Finalmente, requiere adelantar una revisión serena de los resultados logrados con los TLC, no para acabarlos sino para ajustarlos de manera tal que sí sean un apoyo efectivo al desarrollo de una economía sólida, balanceada en su estructura y funcionamiento, que no es lo que ha sucedido, contradiciendo las promesas con que se le vendieron al país. La tarea es inaplazable pero realizable, sin poner la casa patas arriba.
La mejor política social es una buena política económica, decía Rodrigo Marín Bernal; una observación aguda y crudamente realista, que amerita una precisión: es condición necesaria pero no es suficiente. Olvidar este punto lleva a que las propuestas sociales se vuelvan flor de un día, palabras que se lleva el viento.
Lo anterior es pertinente recordarlo en momentos en que se inicia el gobierno Duque, que parece que será continuista en el frente económico a la par que tiene grandes compromisos de inversión social, con el empleo como compromiso prioritario. El continuismo por definición no es en sí malo, inclusive más inconveniente es el prurito del cambio por el cambio. Lo grave e irresponsable es mantener el rumbo inalterado a pesar de los reclamos de la dura realidad, como empieza a suceder con el acelerado cambio climático, cuya gravedad es mayor que lo anunciado de tiempo atrás por los analistas más pesimistas. Como consecuencia, las fuentes de energía minero-energéticas hasta ahora dominantes en la economía mundial empiezan, a un ritmo creciente, a ser sustituidas en el mundo y ello a pesar de los esfuerzos del presidente norteamericano por proteger los intereses carboníferos y petroleros estadounidenses.
A Colombia le toca, por la presión descendente e irreversible en los precios internacionales de los combustibles fósiles, iniciar el proceso lento y complejo, pero inaplazable, de romper la dependencia de su economía de la producción y exportación de esos bienes. Sin ese cambio, a pesar de posibles repuntes coyunturales de sus precios internacionales, es irresponsable cuando no suicida proyectar a mediano y largo plazo el futuro de la economía y de su crecimiento.
Urge entonces una redefinición del rumbo de la economía, que le permita a la actividad productiva industrial y agropecuaria recuperar su posición y papel central, que en los últimos 25 años ocupó el extractivismo minero-energético. Significa, igualmente, que seamos capaces de poner al servicio de un sólido y equilibrado desarrollo nacional la gran creatividad colombiana que le ha permitido al país llenar muchos de los vacíos de nuestro desarrollo tecnológico. Creatividad y capacidad tecnológica deben ser grandes impulsoras de una economía adaptada a las nuevas condiciones de las dinámicas mundiales, en las cuales estamos y debemos permanecer. El presidente da señales en ese sentido con su entusiasmo por la economía naranja, que tiene tanto de largo como de ancho, pues pretender reducir la cultura, la capacidad de creación, a industrias culturales puede significar matarle su alma, desnaturalizándola; tampoco se trata de condenarla al ostracismo, en el reinado de los malditos y encerrada en pequeños círculos de endogamia, autoelogio y canibalismo; la cultura camina por una línea estrecha entre la masificación propia del llamado posmodernismo y un elitismo del espíritu, si se admite la expresión.
La tarea requiere que la acción económica del Estado se libere de los sempiternos afanes fiscales cuando de impuestos se trata, o de la falacia de pensar que si las empresas no invierten y generan más empleo es porque los impuestos las agobian, simplificando una situación multicausal. Se necesita un sistema tributario simplificado, suprimiendo tantos beneficios tributarios, generadores de inequidades y favoritismo; sería lógico bajar la tarifa nominal de las empresas siempre y cuando se supriman las arandelas y beneficios existentes, así, sin afectar el recaudo tributario se les aclara el futuro a los inversionistas, sin lo cual difícilmente invierten. Complementarlo con un aumento de las tarifas para los ingresos de los sectores de más alto poder adquisitivo, sin cometer el error de empezar a gravar a una muy golpeada clase media según plantea el ministro de Hacienda de un gobierno de clase media, algo injusto tributariamente y políticamente equivocado. Y, obviamente, dar la batalla, siempre anunciada y jamás realizada, para mejorar la calidad y pertinencia del gasto público, pues la salida cómoda y destructiva de posibilidades para el país es simplemente reducirlo; que no se aumente pero que se cualifique.
Finalmente, requiere adelantar una revisión serena de los resultados logrados con los TLC, no para acabarlos sino para ajustarlos de manera tal que sí sean un apoyo efectivo al desarrollo de una economía sólida, balanceada en su estructura y funcionamiento, que no es lo que ha sucedido, contradiciendo las promesas con que se le vendieron al país. La tarea es inaplazable pero realizable, sin poner la casa patas arriba.