Salvo los treinta años, entre 1940 y 1970, en los que hubo un modelo de desarrollo centrado en el fortalecimiento del mercado interno y de industrialización de su producción primaria – siderúrgica y fertilizantes, vidriería y cerámica, textiles y poliésteres, lácteos y cárnicos… - y en la constitución de ramas industriales – ensamblaje de automotores, electrodomésticos e industrias petroquímicas…, Colombia siempre ha vivido a la caza de bonanzas de precios de materias primas agrícolas y, en los últimos 25 años, de las minero – energéticas.
Nos creímos un país petrolero y minero, olvidando que el mercado internacional de materias primas (los “commodities”) es eminentemente volátil y coloca el futuro de los países minero - energéticos en manos del azar, situación agravada cuando los gobiernos son improvidentes y actúan con mentalidad de nuevo ricos. Por algo se habla de la maldición de los recursos naturales.
Es claro que recentrar la economía en las materias primas debilitó la incipiente industrialización lograda y sumió en la confusión a un sector agropecuario privado de norte y de propósito que, aunque herido y debilitado por el conflicto interno, debe ahora padecer otra guerra entre los intereses y las ideologías agroindustriales y las campesinistas, de la cual todos saldrán perdedores; mientras tanto el mundo rural, minería incluida, con su institucionalidad pública desmontada y deslegitimada, se debate en medio de la confusión y la ausencia de una política, de un derrotero de acción que convoque esfuerzos y no la polarización entre intereses encontrados.
¿Pero hay tiempo, recursos e instrumentos para hacer esa inaplazable transformación económica? Ciertamente la respuesta no está en el PIPE 2, pues en el mejor de los casos este sería un simple paliativo para amortiguar el golpe de la crisis. El problema empieza con una Colombia, que al revés de los países serios y con experiencia en el manejo de las bonanzas como Chile y Noruega, no ahorró en los años de las vacas gordas, creyendo que los precios altos del petróleo serían para siempre. Los particulares, presos de un frenesí consumista de bienes suntuarios, no solo no ahorraron sino que se endeudaron. En medio de la bonanza aumentó la deuda pública y se propició el endeudamiento privado para consumo y vivienda, que solo en el último año aumentó en un 23%. Ahora, cuando se necesita crédito para financiar la transformación económica, tenemos copada la capacidad de endeudamiento público. Para rematar, la inversión en estos años, principalmente en proyectos minero – energéticos, corrió por cuenta de la inversión extranjera, que puede evaporarse por efecto de la recuperación de la economía norteamericana.
Pretender, en medio de la desaceleración en curso, subir los impuestos es un sin sentido económico, solo comparable con la rebaja que de ellos se hizo, cuando precios, ingresos y ganancias registraban unos niveles de boom. La devaluación en curso ataja la enfermedad holandesa ocasionada por la bonanza de ingresos petroleros. El creciente déficit en la balanza de pagos, obliga a revisar las elevadas y crecientes importaciones aupadas por la mentalidad de boom. La nueva ley anticontrabando llega en el momento indicado, pero por si sola no bastará para controlar un negocio cuyo monto, calcula la DIAN, equivale a dos puntos del PIB.
La actual es la gran oportunidad para que los sectores productivos nacionales empiecen a recuperar su espacio económico; facilitar ese proceso debe ser la prioridad en la orientación de los recursos, públicos y privados. Solo entonces será posible superar el bajonazo económico en curso (que durará unos años), y lograr que el empuje y posibilidades de la economía se liberen de las volátiles e incontrolables fuerzas de unos mercados internacionales, ante las cuales somos impotentes.
Salvo los treinta años, entre 1940 y 1970, en los que hubo un modelo de desarrollo centrado en el fortalecimiento del mercado interno y de industrialización de su producción primaria – siderúrgica y fertilizantes, vidriería y cerámica, textiles y poliésteres, lácteos y cárnicos… - y en la constitución de ramas industriales – ensamblaje de automotores, electrodomésticos e industrias petroquímicas…, Colombia siempre ha vivido a la caza de bonanzas de precios de materias primas agrícolas y, en los últimos 25 años, de las minero – energéticas.
Nos creímos un país petrolero y minero, olvidando que el mercado internacional de materias primas (los “commodities”) es eminentemente volátil y coloca el futuro de los países minero - energéticos en manos del azar, situación agravada cuando los gobiernos son improvidentes y actúan con mentalidad de nuevo ricos. Por algo se habla de la maldición de los recursos naturales.
Es claro que recentrar la economía en las materias primas debilitó la incipiente industrialización lograda y sumió en la confusión a un sector agropecuario privado de norte y de propósito que, aunque herido y debilitado por el conflicto interno, debe ahora padecer otra guerra entre los intereses y las ideologías agroindustriales y las campesinistas, de la cual todos saldrán perdedores; mientras tanto el mundo rural, minería incluida, con su institucionalidad pública desmontada y deslegitimada, se debate en medio de la confusión y la ausencia de una política, de un derrotero de acción que convoque esfuerzos y no la polarización entre intereses encontrados.
¿Pero hay tiempo, recursos e instrumentos para hacer esa inaplazable transformación económica? Ciertamente la respuesta no está en el PIPE 2, pues en el mejor de los casos este sería un simple paliativo para amortiguar el golpe de la crisis. El problema empieza con una Colombia, que al revés de los países serios y con experiencia en el manejo de las bonanzas como Chile y Noruega, no ahorró en los años de las vacas gordas, creyendo que los precios altos del petróleo serían para siempre. Los particulares, presos de un frenesí consumista de bienes suntuarios, no solo no ahorraron sino que se endeudaron. En medio de la bonanza aumentó la deuda pública y se propició el endeudamiento privado para consumo y vivienda, que solo en el último año aumentó en un 23%. Ahora, cuando se necesita crédito para financiar la transformación económica, tenemos copada la capacidad de endeudamiento público. Para rematar, la inversión en estos años, principalmente en proyectos minero – energéticos, corrió por cuenta de la inversión extranjera, que puede evaporarse por efecto de la recuperación de la economía norteamericana.
Pretender, en medio de la desaceleración en curso, subir los impuestos es un sin sentido económico, solo comparable con la rebaja que de ellos se hizo, cuando precios, ingresos y ganancias registraban unos niveles de boom. La devaluación en curso ataja la enfermedad holandesa ocasionada por la bonanza de ingresos petroleros. El creciente déficit en la balanza de pagos, obliga a revisar las elevadas y crecientes importaciones aupadas por la mentalidad de boom. La nueva ley anticontrabando llega en el momento indicado, pero por si sola no bastará para controlar un negocio cuyo monto, calcula la DIAN, equivale a dos puntos del PIB.
La actual es la gran oportunidad para que los sectores productivos nacionales empiecen a recuperar su espacio económico; facilitar ese proceso debe ser la prioridad en la orientación de los recursos, públicos y privados. Solo entonces será posible superar el bajonazo económico en curso (que durará unos años), y lograr que el empuje y posibilidades de la economía se liberen de las volátiles e incontrolables fuerzas de unos mercados internacionales, ante las cuales somos impotentes.