El voto del próximo domingo tiene un hondo significado político, como manifestación del reconocimiento y rechazo ciudadano a la crisis de valores en que está sumida la sociedad y que genera la marejada de corrupción, grande y pequeña, en la que ésta se debate. Es tanto la corrupción de los eventos que salen en primera página, con cifras que producen vértigo y unos ladrones encopetados, cargados de privilegios y de responsabilidades con la comunidad, como la pequeña corrupción entreverada en la cotidianidad de la vida diaria —la propina para que le adelanten un trámite o le presten un servicio o simplemente buscar la palanca, saltarse la fila—, practicada y padecida por los ciudadanos de a pie, inconscientes de que con ello participan y fomentan una situación de corrupción que corroe la descomposición del sentido ciudadano de la responsabilidad y del respeto a las normas escritas y no escritas que fundamentan la convivencia civilizada, y que además lleva a que el ciudadano baje la guardia y se disponga a aprovechar a su favor la situación, pues si los otros, especialmente los privilegiados, lo hacen, por qué no él, a quien la sociedad ni ve ni valora.
En un país que le rinde culto al formalismo y al legalismo, el asunto va más allá de la expedición de nuevas normas. Tanto los proyectos de ley del gobierno Duque como los siete puntos de la consulta apuntan en la misma dirección y podrían entenderse como propuestas que se refuerzan; pero el problema los supera, pues la naturaleza y calado social, político y económico de la corrupción como se conoce hoy no los modifican medidas de prohibición como las planteadas, necesarias pero claramente insuficientes ante la magnitud y características del problema que se pretende resolver, con raíces éticas en torno al proyecto y sentido de vida hoy predominante, que no se supera con prohibiciones y cárcel; su solución es más compleja.
La corrupción, aunque variable en su intensidad y modalidades, es vieja acompañante de la vida y las actividades de los seres humanos. En la era del capitalismo desregulado, encuentra un terreno abonado por el culto a un individualismo radical y al éxito económico inmediato y sin atenuantes como único propósito de esa vida individual. Desaparece del escenario social cualquier connotación ética y de responsabilidad con terceros. Superar esta era de corrupción pasa por poner en cintura los excesos de ese capitalismo salvaje, que perdió su alma.
En el caso colombiano lo anterior tiene una connotación tremenda relacionada con el narcotráfico, con su enorme capacidad de corrupción, que encuentra en el escenario neoliberal condiciones óptimas para su operación nacional e internacional, con su escala de valores y de manifestaciones culturales, trágicas caricaturas del afán del enriquecimiento ilimitado y de la exaltación del individuo triunfador (“el capo” como personaje de novela y encarnación del sueño de muchos); el ideal de vida que alimenta es una caricatura dramática del “American way of life”.
El otro gran combustible de la corrupción que nos carcome fue la conversión neoliberal del Estado ejecutor de la inversión pública en Estado contratista con unos privados que ven en él a un proveedor de jugosos y amañados contratos; se dieron las condiciones para la eficiente operación de un tándem de corrupción entre contratistas inmorales —porque los negocios tienen una ética— y funcionarios y políticos reducidos a la condición de simples delincuentes. En este punto es donde pueden ser más efectivas las normas de control legal contenidas en la consulta.
No olvidar las acciones que van más allá de las normas, las del control ciudadano sobre el manejo de los recursos públicos, dineros de los ciudadanos y para los ciudadanos, fortalecidas por la sanción social a los comportamientos corruptos, grandes y pequeños, que debe enfrentar la exaltación del vivo, del ventajoso, del que sabe aprovecharse de las situaciones para su enriquecimiento personal. Votando el domingo el país da un primer y significativo paso en la dirección correcta, que por sí solo no basta.
El voto del próximo domingo tiene un hondo significado político, como manifestación del reconocimiento y rechazo ciudadano a la crisis de valores en que está sumida la sociedad y que genera la marejada de corrupción, grande y pequeña, en la que ésta se debate. Es tanto la corrupción de los eventos que salen en primera página, con cifras que producen vértigo y unos ladrones encopetados, cargados de privilegios y de responsabilidades con la comunidad, como la pequeña corrupción entreverada en la cotidianidad de la vida diaria —la propina para que le adelanten un trámite o le presten un servicio o simplemente buscar la palanca, saltarse la fila—, practicada y padecida por los ciudadanos de a pie, inconscientes de que con ello participan y fomentan una situación de corrupción que corroe la descomposición del sentido ciudadano de la responsabilidad y del respeto a las normas escritas y no escritas que fundamentan la convivencia civilizada, y que además lleva a que el ciudadano baje la guardia y se disponga a aprovechar a su favor la situación, pues si los otros, especialmente los privilegiados, lo hacen, por qué no él, a quien la sociedad ni ve ni valora.
En un país que le rinde culto al formalismo y al legalismo, el asunto va más allá de la expedición de nuevas normas. Tanto los proyectos de ley del gobierno Duque como los siete puntos de la consulta apuntan en la misma dirección y podrían entenderse como propuestas que se refuerzan; pero el problema los supera, pues la naturaleza y calado social, político y económico de la corrupción como se conoce hoy no los modifican medidas de prohibición como las planteadas, necesarias pero claramente insuficientes ante la magnitud y características del problema que se pretende resolver, con raíces éticas en torno al proyecto y sentido de vida hoy predominante, que no se supera con prohibiciones y cárcel; su solución es más compleja.
La corrupción, aunque variable en su intensidad y modalidades, es vieja acompañante de la vida y las actividades de los seres humanos. En la era del capitalismo desregulado, encuentra un terreno abonado por el culto a un individualismo radical y al éxito económico inmediato y sin atenuantes como único propósito de esa vida individual. Desaparece del escenario social cualquier connotación ética y de responsabilidad con terceros. Superar esta era de corrupción pasa por poner en cintura los excesos de ese capitalismo salvaje, que perdió su alma.
En el caso colombiano lo anterior tiene una connotación tremenda relacionada con el narcotráfico, con su enorme capacidad de corrupción, que encuentra en el escenario neoliberal condiciones óptimas para su operación nacional e internacional, con su escala de valores y de manifestaciones culturales, trágicas caricaturas del afán del enriquecimiento ilimitado y de la exaltación del individuo triunfador (“el capo” como personaje de novela y encarnación del sueño de muchos); el ideal de vida que alimenta es una caricatura dramática del “American way of life”.
El otro gran combustible de la corrupción que nos carcome fue la conversión neoliberal del Estado ejecutor de la inversión pública en Estado contratista con unos privados que ven en él a un proveedor de jugosos y amañados contratos; se dieron las condiciones para la eficiente operación de un tándem de corrupción entre contratistas inmorales —porque los negocios tienen una ética— y funcionarios y políticos reducidos a la condición de simples delincuentes. En este punto es donde pueden ser más efectivas las normas de control legal contenidas en la consulta.
No olvidar las acciones que van más allá de las normas, las del control ciudadano sobre el manejo de los recursos públicos, dineros de los ciudadanos y para los ciudadanos, fortalecidas por la sanción social a los comportamientos corruptos, grandes y pequeños, que debe enfrentar la exaltación del vivo, del ventajoso, del que sabe aprovecharse de las situaciones para su enriquecimiento personal. Votando el domingo el país da un primer y significativo paso en la dirección correcta, que por sí solo no basta.