Colombia no ha sido indiferente a la realidad, destacada en estos días, del fracaso clamoroso de la hipócrita y ahora sabemos que inútil “guerra contra las drogas” que un Richard Nixon acorralado políticamente lanzó hace ya medio siglo, ejemplo universal de estupidez y torpeza política. Para Colombia lo único claro es que la droga continúa su avance incontenible con consumidores y productos que no paran de aumentar y de diversificarse: de la mariguana de hippies y marginados sociales, hoy en trance de ser entronizada como la nueva sustancia milagro, y los hongos alucinógenos tradicionales en muchas culturas, al “pase” de coca y heroína de ejecutivos y yuppies en clubes, fiestas burguesas y oficinas; en tiempos más recientes, la proliferación de drogas químicas producidas por los principales países consumidores, es decir, los industriales.
Ha sido medio siglo de crecimiento tanto del consumo como de una guerra centrada en los eslabones débiles de la cadena de producción: los campesinos cocaleros y los vendedores al menudeo, mientras que se mueve libremente el negocio multimillonario controlado por organizaciones criminales transnacionales que como pocas se benefician de la globalización y desregulación del sistema financiero internacional, el lavadero eximio de capitales sucios —droga, contrabando, comercio de seres humanos…—.
La simple lógica económica enseña que la rentabilidad del negocio está en proporción directa a la intensidad de las acciones de represión y control en la supuesta guerra, que al contrario de lo predicado, en vez de terminar el negocio, lo fertiliza y estimula con utilidades que crecen al ritmo de la represión. Se configuró un escenario del absurdo que no puede calificarse sino como macabro, el de la pseudoguerra que se libra en los países productores, financiada indirectamente por los consumidores y directamente por los gobiernos de los países demandantes, Estados Unidos en especial. El relato justificativo es el de unos gringos víctimas inocentes de unos latinos malos, configurando un cuadro maniqueo, falso, lastimoso y asesino, que Trump llevó al límite de la caricatura, que subyace en la política norteamericana y permea la mundial.
Es indudable que la violencia y la corrupción que por años han destruido la sociedad y distorsionado la economía colombiana, alimentando un capitalismo salvaje y depredador, tienen su fuente principal en las drogas, constituyéndose además en gran obstáculo, aunque no el único, para que la convivencia democrática se imponga finalmente en un país hastiado y debilitado por la violencia y su compañera inseparable, la corrupción. Con un terrible ingrediente adicional y es que ya no solo somos campeones en la producción, sino que padecemos un crecimiento enorme del consumo interno, grave problema de salud pública no atendido y fuente de una criminalidad urbana en aumento exponencial, alimentada por el microtráfico criollo.
De Colombia, a pesar de ser una de sus principales víctimas, claramente no depende que se cambie la política, pero como país sí está en la obligación de denunciarla y de apoyar las iniciativas internacionales para modificarla. No solo tiene el derecho sino el deber ético de hacerlo. Respecto al aumento del consumo interno, especialmente entre los jóvenes, urge elevarlo a la categoría de amenaza a la salud pública y tratarlo como tal, con campañas permanentes de educación sobre el sentido del uso de este tipo de drogas y de sus peligros para los consumidores y para la sociedad, por la criminalidad, muerte y corrupción que trae y que los colombianos queremos, necesitamos dejar atrás; y esto nadie lo hará por nosotros.
Colombia no ha sido indiferente a la realidad, destacada en estos días, del fracaso clamoroso de la hipócrita y ahora sabemos que inútil “guerra contra las drogas” que un Richard Nixon acorralado políticamente lanzó hace ya medio siglo, ejemplo universal de estupidez y torpeza política. Para Colombia lo único claro es que la droga continúa su avance incontenible con consumidores y productos que no paran de aumentar y de diversificarse: de la mariguana de hippies y marginados sociales, hoy en trance de ser entronizada como la nueva sustancia milagro, y los hongos alucinógenos tradicionales en muchas culturas, al “pase” de coca y heroína de ejecutivos y yuppies en clubes, fiestas burguesas y oficinas; en tiempos más recientes, la proliferación de drogas químicas producidas por los principales países consumidores, es decir, los industriales.
Ha sido medio siglo de crecimiento tanto del consumo como de una guerra centrada en los eslabones débiles de la cadena de producción: los campesinos cocaleros y los vendedores al menudeo, mientras que se mueve libremente el negocio multimillonario controlado por organizaciones criminales transnacionales que como pocas se benefician de la globalización y desregulación del sistema financiero internacional, el lavadero eximio de capitales sucios —droga, contrabando, comercio de seres humanos…—.
La simple lógica económica enseña que la rentabilidad del negocio está en proporción directa a la intensidad de las acciones de represión y control en la supuesta guerra, que al contrario de lo predicado, en vez de terminar el negocio, lo fertiliza y estimula con utilidades que crecen al ritmo de la represión. Se configuró un escenario del absurdo que no puede calificarse sino como macabro, el de la pseudoguerra que se libra en los países productores, financiada indirectamente por los consumidores y directamente por los gobiernos de los países demandantes, Estados Unidos en especial. El relato justificativo es el de unos gringos víctimas inocentes de unos latinos malos, configurando un cuadro maniqueo, falso, lastimoso y asesino, que Trump llevó al límite de la caricatura, que subyace en la política norteamericana y permea la mundial.
Es indudable que la violencia y la corrupción que por años han destruido la sociedad y distorsionado la economía colombiana, alimentando un capitalismo salvaje y depredador, tienen su fuente principal en las drogas, constituyéndose además en gran obstáculo, aunque no el único, para que la convivencia democrática se imponga finalmente en un país hastiado y debilitado por la violencia y su compañera inseparable, la corrupción. Con un terrible ingrediente adicional y es que ya no solo somos campeones en la producción, sino que padecemos un crecimiento enorme del consumo interno, grave problema de salud pública no atendido y fuente de una criminalidad urbana en aumento exponencial, alimentada por el microtráfico criollo.
De Colombia, a pesar de ser una de sus principales víctimas, claramente no depende que se cambie la política, pero como país sí está en la obligación de denunciarla y de apoyar las iniciativas internacionales para modificarla. No solo tiene el derecho sino el deber ético de hacerlo. Respecto al aumento del consumo interno, especialmente entre los jóvenes, urge elevarlo a la categoría de amenaza a la salud pública y tratarlo como tal, con campañas permanentes de educación sobre el sentido del uso de este tipo de drogas y de sus peligros para los consumidores y para la sociedad, por la criminalidad, muerte y corrupción que trae y que los colombianos queremos, necesitamos dejar atrás; y esto nadie lo hará por nosotros.