El presidente Duque ha dicho sí a todo lo que le han propuesto e incluso fue más allá. Pero el 2020 se fue en grandes promesas y pocos logros en temas ambientales.
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El pasado 12 de diciembre en la Cumbre sobre la Ambición Climática, cuando se cumplieron cinco años del Acuerdo de París, pacto global jurídicamente vinculante, el presidente Duque se comprometió —frente a 80 jefes de Estado, bancos de desarrollo, sociedad civil y sector privado— a aumentar la meta de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del 20 al 51 % de emisiones proyectadas en Colombia para 2030.
Coincidimos con el Gobierno cuando dice que esto significa avanzar significativamente en materia de transición energética, movilidad eléctrica, lucha contra la deforestación, restauración y siembra de 180 millones de árboles (2022), impulso a la economía circular, pago por servicios ambientales, conservación de la Amazonia, el Pacífico y páramos, y en hacer realidad los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de producir conservando y conservar produciendo.
Según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (Ideam, 2016), la transformación del bosque en pastizales más las emisiones directas de la ganadería representan el 25 % del total de los GEI en el país. Si queremos cumplir la meta, es indispensable una intervención radical sobre estas dos actividades. El Gobierno acaba de aprobar el documento Conpes “Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques”. La aprobación del Conpes es un paso conveniente, pero no suficiente; el documento contiene muy buenos propósitos que deben convertirse en realidad. Nos hemos acostumbrado a que “un Conpes no se le niega a nadie”.
Es urgente impedir la expansión de la red vial en el marco de deforestación del Guaviare, Meta y Caquetá que hoy favorece inversiones para especulación predial asociada a ganadería extensiva. Se debe impulsar la reconversión de la ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles y esto requiere un mecanismo de impuestos y recompensas que incluyen: crédito, transferencia tecnológica y política tributaria, medidas que deben ser explícitas y financiadas.
Como lo señala la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart (El Espectador, diciembre 23), Colombia y la Unión Europea lideran el compromiso de reducción de emisiones de CO2 para 2030. La UE viene hace años trabajando en la transición ecológica y ha puesto en marcha el Pacto Verde Europeo, que implica serias medidas para generar un nuevo modelo de gestión económica.
En Colombia estamos a la espera de los aportes concretos del Gobierno para ver cómo, con la activa participación y el compromiso de la sociedad civil, nos vamos a poner al día para cumplir lo prometido. Inicialmente, es indispensable apoyar la gestión social, ratificando el Acuerdo de Escazú; suspender todo proyecto de construcción de plantas de generación eléctrica con carbón y concentrarse en la generación con viento y sol; impulsar con mayores incentivos e impuestos la movilidad limpia e incluso definir si vamos a tomar medidas similares a la de Dinamarca, que suspendió la exploración de fuentes de energía fósil en su territorio (Groenlandia). En financiación, se debe transferir lo recaudado por el impuesto al carbono y el 5 % de las regalías para la gestión ambiental.
Los ajustes deben empezar ya. De lo contrario, el compromiso sería solo una payasada típica de una república bananera.
