Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
LA SEMANA PASADA, EN MEDIO DE nuevos aguaceros, se adelantó en Bogotá el taller de expertos "Ola Invernal, Ola Natural", convocado por el Viceministerio del Medio Ambiente, la Alta Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental, Asocars y la Embajada de Holanda.
El taller abrió con una interesante presentación de la experiencia holandesa en el manejo del riesgo asociado al recurso hídrico y en la recuperación y reconstrucción ambiental, sectorial y social de áreas afectadas. La CAR de Antioquia y la del Valle del Sinú y San Jorge presentaron sus respectivos planes de acción para la atención de la emergencia invernal y la mitigación de sus efectos, y el Ministerio del Interior y de Justicia presentó la política nacional de la gestión del riesgo. Tanto las presentaciones como los grupos de trabajo orientaron la reflexión a la atención del desastre generado por la ola invernal, lo cual se entiende dado que estamos viviendo una segunda emergencia a causa de las lluvias. La Oficina de Gestión de Riesgo ratificó que la mayor parte del presupuesto asignado está relacionado con la atención del desastre y no con su prevención.
El grupo en el que trabajé resolvió centrar su atención no en los asuntos ambientales asociados a la tarea de la reconstrucción de zonas afectadas por el invierno, sino a la coordinación interinstitucional, sectorial y territorial necesaria para la prevención de los desastres provocados por futuras olas invernales, que sin duda serán frecuentes e intensas. Como tema puntual, consideramos la propuesta holandesa de dar espacio a los ríos, en lugar de construir gigantescos diques para subir su altura; estos muros de contención deben levantarse alrededor de las ciénagas y así dar mayor capacidad de almacenamiento a los reguladores naturales de los ríos.
La perspectiva preventiva, en términos generales, reclama procesos de planificación y ordenamiento territorial con criterios ambientales —y, desde luego, sociales, pues los más pobres son los más vulnerables frente a los desastres generados por condiciones extremas de clima—. Las principales recomendaciones surgidas de nuestra mesa de trabajo son: realizar inmediatamente un mapa de roles y responsabilidades institucionales respecto a la planificación y el ordenamiento territorial a escala nacional, regional y local; otorgar liderazgo al Ministerio de Ambiente para el sistema de prevención del riesgo, el ordenamiento territorial, la política de población y la dirección del recurso hídrico; por su parte, el Ministerio del Interior deberá asumir el sistema de atención de desastres. Es necesario definir e incorporar criterios de prevención en la etapa de reconstrucción actual y articularlos con el ajuste de los planes de ordenamiento territorial. Finalmente, se debe considerar como delito contra la vida y el capital social toda acción que atente contra la estructura ecológica principal y los servicios socio-ambientales (esto exige poner en marcha cuanto antes la figura de los jueces ambientales).
Es necesaria la valoración económica del aporte de la conservación de ecosistemas estratégicos y el análisis costo-beneficio de la prevención y mitigación vs. la atención de desastres. En el futuro todos nuestros esfuerzos deberán estar enfocados en la prevención. Desde luego, hay muchos pasos intermedios.
