Lo ocurrido en la consulta popular en Cajamarca, Cabrera y Piedras demuestra que las comunidades locales no ven, ni en la minería, ni en la explotación de hidrocarburos, ni en los grandes proyectos hidroeléctricos, actividades que generen beneficios locales. La existencia de recursos naturales no renovables ha sido evaluada como una condena y no como una oportunidad.
Para muchos macroeconomistas, el desarrollo de la actividad minera es motor del desarrollo económico y social, a tal punto que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 propuso la minería como el motor de la locomotora para el desarrollo.
De las contradicciones entre lo local y lo macro surgen varios interrogantes. ¿Cómo así que la minería funciona y es esencial para lo macro, pero genera impactos negativos en lo micro? ¿Es algo estructural u obedece a la forma como hemos hecho minería en Colombia? ¿Por qué en Colombia ni la minería a gran escala, ni la pequeña, ni la mediana minería han generado prosperidad y buen vivir para las comunidades locales?
Una respuesta de muchos, simple e inmediata, es que la minería no se debe apoyar y que es una actividad social y ambientalmente indeseable que sólo beneficia a unos pocos. Si no hubiese evidencias contrarias, nos podríamos quedar con esta respuesta. Pero no es así.
La disponibilidad de recursos mineros e hidrocarburos plantea la necesidad de tomar decisiones. En cada caso, antes de determinar su extracción, hay que realizar una evaluación costo-beneficio que incluya todos los aspectos de impacto social, económico y ambiental y, según el análisis, definir si se extraen o se toma la determinación de mantenerlos bajo tierra. Una sociedad bien informada y con instituciones públicas sólidas debe ser capaz de tomar determinaciones adecuadas.
Decisiones que, ante las circunstancias cambiantes, pueden y deben ser periódicamente revisadas. Cambia el precio de los recursos naturales no renovables, las condiciones técnicas de su extracción, sus impactos ambientales y sociales, la capacidad institucional de regulación e incluso los valores sociales y las circunstancias económicas que definen la evaluación costo-beneficio.
En el ámbito mundial se han usado los recursos naturales no renovables de manera diversa y con resultados muy distintos. Hay países que han sembrado los excedentes de la actividad minera generando beneficio social y desarrollo sostenible (Noruega, Suecia, Chile). Hay otros donde han alimentado sistemas corruptos, dando lugar a la destrucción ambiental y social (Venezuela, Indonesia).
Para generar un efecto socialmente positivo es necesario combinar una política de redistribución de ingresos que beneficie a las comunidades locales, alta participación accionaria del Estado en las industrias extractivas, impuestos altos, inversiones en educación, desarrollo de capital humano y tecnologías ambientalmente sanas, altos estándares ambientales y, lo más importante, transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Chile es el país de América Latina que mejor ha logrado relacionar el desarrollo económico y social con la minería. Tiene el mejor nivel en educación y salud pública de América Latina, su ingreso per cápita es dos veces mayor que el colombiano, su economía tiene alto nivel de competitividad, atrae capital extranjero y el sector privado nacional invierte capital en el exterior.
En Colombia, minería sí, pero no así. Debemos declarar una moratoria para reinventar esta actividad.
* Miembro Consejo Nacional de Planeación. @Juparus
Lo ocurrido en la consulta popular en Cajamarca, Cabrera y Piedras demuestra que las comunidades locales no ven, ni en la minería, ni en la explotación de hidrocarburos, ni en los grandes proyectos hidroeléctricos, actividades que generen beneficios locales. La existencia de recursos naturales no renovables ha sido evaluada como una condena y no como una oportunidad.
Para muchos macroeconomistas, el desarrollo de la actividad minera es motor del desarrollo económico y social, a tal punto que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 propuso la minería como el motor de la locomotora para el desarrollo.
De las contradicciones entre lo local y lo macro surgen varios interrogantes. ¿Cómo así que la minería funciona y es esencial para lo macro, pero genera impactos negativos en lo micro? ¿Es algo estructural u obedece a la forma como hemos hecho minería en Colombia? ¿Por qué en Colombia ni la minería a gran escala, ni la pequeña, ni la mediana minería han generado prosperidad y buen vivir para las comunidades locales?
Una respuesta de muchos, simple e inmediata, es que la minería no se debe apoyar y que es una actividad social y ambientalmente indeseable que sólo beneficia a unos pocos. Si no hubiese evidencias contrarias, nos podríamos quedar con esta respuesta. Pero no es así.
La disponibilidad de recursos mineros e hidrocarburos plantea la necesidad de tomar decisiones. En cada caso, antes de determinar su extracción, hay que realizar una evaluación costo-beneficio que incluya todos los aspectos de impacto social, económico y ambiental y, según el análisis, definir si se extraen o se toma la determinación de mantenerlos bajo tierra. Una sociedad bien informada y con instituciones públicas sólidas debe ser capaz de tomar determinaciones adecuadas.
Decisiones que, ante las circunstancias cambiantes, pueden y deben ser periódicamente revisadas. Cambia el precio de los recursos naturales no renovables, las condiciones técnicas de su extracción, sus impactos ambientales y sociales, la capacidad institucional de regulación e incluso los valores sociales y las circunstancias económicas que definen la evaluación costo-beneficio.
En el ámbito mundial se han usado los recursos naturales no renovables de manera diversa y con resultados muy distintos. Hay países que han sembrado los excedentes de la actividad minera generando beneficio social y desarrollo sostenible (Noruega, Suecia, Chile). Hay otros donde han alimentado sistemas corruptos, dando lugar a la destrucción ambiental y social (Venezuela, Indonesia).
Para generar un efecto socialmente positivo es necesario combinar una política de redistribución de ingresos que beneficie a las comunidades locales, alta participación accionaria del Estado en las industrias extractivas, impuestos altos, inversiones en educación, desarrollo de capital humano y tecnologías ambientalmente sanas, altos estándares ambientales y, lo más importante, transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Chile es el país de América Latina que mejor ha logrado relacionar el desarrollo económico y social con la minería. Tiene el mejor nivel en educación y salud pública de América Latina, su ingreso per cápita es dos veces mayor que el colombiano, su economía tiene alto nivel de competitividad, atrae capital extranjero y el sector privado nacional invierte capital en el exterior.
En Colombia, minería sí, pero no así. Debemos declarar una moratoria para reinventar esta actividad.
* Miembro Consejo Nacional de Planeación. @Juparus