Biden y Duque incumplen

En temas climáticos, los presidentes hacen grandes declaraciones, pero tienen precarias ejecuciones. La sociedad civil, que vive y vivirá en el largo plazo los impactos del cambio climático, está llamada a organizarse para tomar el liderazgo, enfrentar la crisis y exigir a los políticos acciones efectivas.

Lo ocurrido en EE. UU. y Colombia en los dos últimos años es un ejemplo contundente. La llegada de Biden a la Presidencia de EE. UU. generó una expectativa muy positiva. Los cuatro pilares de su campaña fueron cambio climático, pandemia, inequidad racial y recuperación económica, y en unas reñidas elecciones el tema climático fue determinante. En Colombia, el Gobierno Duque, en 2019, presentó ante Naciones Unidas el compromiso nacional de disminuir las emisiones de carbono en un 51 % para el 2030, y ante el país se comprometió a presentar y gestionar en el Congreso la aprobación del Acuerdo de Escazú. Compromisos alineados con el Acuerdo de París, que luego ratificó y amplió en la COP26 en Glasgow.

Biden, una vez posesionado, reincorporó su país al Acuerdo de París y emitió una orden ejecutiva (enero de 2020) para enfrentar el cambio climático; canceló los permisos para el oleoducto Keystone XL, de Canadá hasta Nebraska, y prometió suspender nuevas concesiones para exploración de petróleo y gas en tierras públicas y aguas federales. Ordenó a entidades gubernamentales coordinar esfuerzos para integrar el cambio climático en la política internacional, impulsando programas de asistencia financiera y técnica a otros países, e hizo explícita su intención de promover la protección de la Amazonia. Luego, firmó con la Unión Europea un acuerdo de reducción de emisiones de metano, se comprometió a tener un sector energético neutral en carbono en 2035, reducir emisiones entre 50 % y 52 % para el 2030 y avanzar para tener una economía neutral en carbono para el 2050.

Hay grandes contradicciones en las acciones de los dos gobiernos. Biden, según el Centro para la Diversidad Biológica, aprobó en su primer año de gobierno 34 % más permisos para explotación de petróleo y gas que Trump en su primer año. Días después de Glasgow, su gobierno autorizó concesiones de exploración de petróleo en 50 millones de hectáreas en el mar del golfo de México. La Agencia para la Protección Ambiental no ha logrado imponer las restricciones prometidas, que obligarían a las empresas a disminuir emisiones, y la ley que aportaría US$555.000 millones para acciones climáticas está empantanada en el Congreso.

En Colombia, los compromisos del 2019 exigían fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, asignación de importantes recursos financieros para acciones climáticas, acuerdos y legislación para impulsar la reconversión ganadera y frenar la deforestación, y medidas efectivas para detener el asesinato de líderes sociales y ambientales que defienden el territorio. Nada de eso se ha logrado y la Ley de Acción Climática (diciembre 2021) queda como marco jurídico de referencia, sin adecuada asignación de recursos para su ejecución.

En EE. UU. la sociedad civil está presionando a Biden para cumplir sus promesas ambientales. En Colombia la respuesta del Gobierno y de la sociedad ante el asesinato de campesinos, indígenas y afrodescendientes defensores del territorio es insuficiente. El fracaso del Estado y de este Gobierno en particular en la defensa de la vida de los líderes sociales es estruendoso.

Es tiempo de que la sociedad civil exija compromiso y estrategias claras de los candidatos presidenciales para enfrentar la crisis socioecológica. Votemos con criterio climático y socioecológico, y presionemos a los políticos para cumplir sus promesas. Es tiempo de que la sociedad civil se organice y asuma el liderazgo para enfrentar la crisis climática.