La crisis climática planetaria (CC) se está enfrentando desde las prioridades y condiciones de cada país. Simultáneamente, la CC es reconocida en la ONU como un fenómeno global, con responsabilidades comunes pero diferenciadas, que debe enfrentarse desde el multilateralismo y para ello se realizan las COP climáticas.
El Pacto de Glasgow acordó que hay que reducir las emisiones de carbono, eliminar gradualmente el uso de algunos combustibles fósiles y fortalecer la acción climática en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza a nivel global, aumentando la ayuda a los países pobres mayormente afectados por la CC. El Pacto habla de adaptación, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología para mejorar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad a nivel global. La sociedad civil presionó y los gobiernos aceptaron que en el Pacto quedara el concepto de justicia climática, cuya aplicación significa abordar la CC considerando derechos humanos y desigualdades sociales. Hasta acá, todo “lindísimo”, un acuerdo político desde la perspectiva de un mundo globalizado, de responsabilidad conjunta y transfronteriza. Pero los gobernantes vuelven a sus países y las acciones se toman desde una perspectiva nacional y no global.
El Pacto reconoce que los compromisos financieros acordados en París (COP21) no se han cumplido. Señala que las acciones de adaptación deben ser definidas por los países integrándolas a sus procesos de planificación y que para su ejecución deben contar con el apoyo de los países desarrollados, e insta a que estos dupliquen de manera colectiva para 2025 lo comprometido en la COP21. Sin embargo, no se acuerdan cifras ni fechas por países. El Pacto señala la necesidad de que la banca multilateral apoye los planes climáticos de adaptación. Dicho de otra manera, propone que la CC se enfrente con recursos de deuda externa, que deben pagar los países afectados, y no con recursos de los países responsables del CC.
Históricamente, Estados Unidos y los países industrializados son los principales responsables. Hoy, los mayores contaminantes son China, EE. UU. e India. Si vemos las emisiones per capita, la lista la encabezan los países petroleros (Catar, Kuwait, Arabia Saudita) y los países industrializados del G20. Un estadounidense está asociado al doble de emisiones que un chino y ocho veces más que un hindú o un colombiano.
Hoy podemos verificar que frente al CC las naciones ricas invierten para proteger sus economías y el bienestar de sus ciudadanos, focalizan esfuerzos en adaptación climática en su interior y aumentan las barreras migratorias ante posibles avalanchas de desplazados climáticos provenientes de otros países. En mitigación, con contadas excepciones de algunos países europeos, las medidas las están tomando según las ventajas tecnológicas y económicas de cada país. EE. UU. es un caso patético que se refleja en el documento de su Consejo Nacional de Inteligencia “Cambio climático y respuestas internacionales: Desafíos crecientes para la seguridad nacional de EE. UU. hasta 2040” (octubre, 2021) y en los proyectos de ley sobre infraestructura y temas climáticos que se debaten en el Congreso norteamericano, que sólo contemplan inversiones dentro de su frontera. Estos programas, si son aprobados, generarían un déficit fiscal que deja poco espacio para que EE. UU. transfiera recursos frescos según el compromiso del Pacto de Glasgow.
En este contexto, países de alta vulnerabilidad, como Colombia, deben negociar canje de deuda externa por gestión climática, como mecanismo posible y efectivo de transferencia de los países ricos, principales accionistas de la banca multilateral y responsables del cambio climático, a los países más vulnerables ante la CC.
