Colombia no solo es productor y exportador de cocaína, también es consumidor. La existencia de las mafias colombianas no solo se debe a su articulación con los distribuidores de cocaína en Estados Unidos, Asia y Europa, sino también con las mafias locales dedicadas a la distribución al menudeo en Colombia.
El consumo de drogas es hoy en Colombia un problema serio que amenaza especialmente a los jóvenes. Son múltiples las denuncias sobre la existencia de agentes del microtráfico que acechan a los alrededores de los colegios de secundaria, induciendo a los jóvenes a consumir drogas de diverso tipo, en especial cocaína y basuco. Este último, un subproducto del proceso de la cocaína, de menor calidad y menor precio, que genera mayor adicción.
El gobierno de los EE. UU. tiene sus razones y prioridades para combatir el consumo interno de cocaína. “Con menos del 5 % de la población mundial, consume el 50 % de la droga que produce el mundo” (El Tiempo, Septiembre 4/2018). Nosotros tenemos nuestras prioridades y, acorde con ellas, debemos definir la estrategia. Las pandillas de barrio y el microtráfico afloran como nuestros principales problemas. Coincidimos con EE. UU. en la conveniencia social de erradicar las mafias que se generan y fortalecen con la producción, transporte y distribución de los productos ilegales. El carácter ilegal de la cocaína genera y fortalece las organizaciones mafiosas.
En abril de 2017, la Corte Constitucional ratificó la prohibición de erradicar los cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea con glifosato, práctica que ya había sido suspendida por el Gobierno desde octubre 2015. Su argumento, aplicar el principio de precaución por los efectos nocivos que puede tener el uso del glifosato por aspersión aérea sobre la salud humana. Al referirse al uso del glifosato para la erradicación manual, dice que se deben buscar formas alternativas de erradicación con otra sustancia química no tóxica, o usar el glifosato bajo estrictos controles y minimizando los potenciales efectos negativos que éste puede llegar a tener. Tendríamos que aplicar las instrucciones que para su uso manual existen en EE. UU. Aun así, la aplicación manual tiene riesgos. Un jurado de California declaró a Monsanto responsable de un caso de cáncer por uso del glifosato, y siguen miles de demandas por la misma causa.
El campesino cultivador de coca no es un mafioso, es solo un instrumento de la mafia. La estrategia para enfrentar las mafias debe combinar acciones de persecución a las bandas urbanas que están haciendo la labor de distribución e inducción a los jóvenes al consumo; a los laboratorios donde se produce la cocaína y a los agentes transportadores y distribuidores de droga a gran escala, tanto para el consumo nacional como para el mercado internacional. Para estas acciones, bien vale una alianza con EE. UU. y otros países consumidores.
Si se tiene éxito en limitar la oferta de cocaína, ya no será negocio extender las áreas de producción de hoja de coca. Su volumen de producción depende de la demanda. Es errático asumir que el cultivo genera su propia demanda. La única solución a la vista es legalizar el cultivo de coca y penalizar y perseguir su transformación en cocaína, su transporte y distribución.
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Colombia no solo es productor y exportador de cocaína, también es consumidor. La existencia de las mafias colombianas no solo se debe a su articulación con los distribuidores de cocaína en Estados Unidos, Asia y Europa, sino también con las mafias locales dedicadas a la distribución al menudeo en Colombia.
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El gobierno de los EE. UU. tiene sus razones y prioridades para combatir el consumo interno de cocaína. “Con menos del 5 % de la población mundial, consume el 50 % de la droga que produce el mundo” (El Tiempo, Septiembre 4/2018). Nosotros tenemos nuestras prioridades y, acorde con ellas, debemos definir la estrategia. Las pandillas de barrio y el microtráfico afloran como nuestros principales problemas. Coincidimos con EE. UU. en la conveniencia social de erradicar las mafias que se generan y fortalecen con la producción, transporte y distribución de los productos ilegales. El carácter ilegal de la cocaína genera y fortalece las organizaciones mafiosas.
En abril de 2017, la Corte Constitucional ratificó la prohibición de erradicar los cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea con glifosato, práctica que ya había sido suspendida por el Gobierno desde octubre 2015. Su argumento, aplicar el principio de precaución por los efectos nocivos que puede tener el uso del glifosato por aspersión aérea sobre la salud humana. Al referirse al uso del glifosato para la erradicación manual, dice que se deben buscar formas alternativas de erradicación con otra sustancia química no tóxica, o usar el glifosato bajo estrictos controles y minimizando los potenciales efectos negativos que éste puede llegar a tener. Tendríamos que aplicar las instrucciones que para su uso manual existen en EE. UU. Aun así, la aplicación manual tiene riesgos. Un jurado de California declaró a Monsanto responsable de un caso de cáncer por uso del glifosato, y siguen miles de demandas por la misma causa.
El campesino cultivador de coca no es un mafioso, es solo un instrumento de la mafia. La estrategia para enfrentar las mafias debe combinar acciones de persecución a las bandas urbanas que están haciendo la labor de distribución e inducción a los jóvenes al consumo; a los laboratorios donde se produce la cocaína y a los agentes transportadores y distribuidores de droga a gran escala, tanto para el consumo nacional como para el mercado internacional. Para estas acciones, bien vale una alianza con EE. UU. y otros países consumidores.
Si se tiene éxito en limitar la oferta de cocaína, ya no será negocio extender las áreas de producción de hoja de coca. Su volumen de producción depende de la demanda. Es errático asumir que el cultivo genera su propia demanda. La única solución a la vista es legalizar el cultivo de coca y penalizar y perseguir su transformación en cocaína, su transporte y distribución.
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