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En 2016, el ministro de Hacienda de aquel entonces, Mauricio Cárdenas, hizo en la sede del Banco Mundial en Washington una excelente presentación del impuesto al carbono. El país aparecía como líder latinoamericano en el tema. Pero poco pasó: el impuesto no cambió el comportamiento de las emisiones de CO2 y lo recaudado, que por lógica debería ser para apoyar la gestión ambiental, no se usó para ese fin. Se dijo que se gastaría en la implementación del Acuerdo de Paz, pero sigue siendo una incógnita saber cómo se ha empleado. Parece que la mayor parte de esos recursos siguen sin uso.
La gestión ambiental sigue desfinanciada y el aporte desde el presupuesto nacional al Sistema Nacional Ambiental ha sido y sigue siendo pírrico. En 2020 fue el 0,34 % del Presupuesto General de la Nación. Si nos comparamos con Latinoamérica, estamos en el grupo del 30 % de países que menos le asignan a la gestión ambiental con relación a su PIB. Si nos comparamos con los países de la OCDE, menos ricos en biodiversidad y ecosistemas naturales, encontramos que esos países le asignan entre tres y cinco veces más recursos como proporción de su PIB. Colombia no se comporta como país potencia global en biodiversidad, no le asigna recursos adecuados a su conservación ni a la investigación para su uso sostenible. Al contrario, día a día somos testigos de la tala y quema de nuestros bosques naturales, con la destrucción de sus servicios ecosistémicos y la pérdida de nuestra biodiversidad, riqueza y soporte para un futuro sostenible.
La fallida reforma tributaria de Carrasquilla subía el impuesto a las emisiones de CO2, le ponía impuesto al carbono, creaba un impuesto para envases plásticos y plaguicidas, se creaba un fondo del clima y se generaban incentivos para descarbonizar el sistema de transporte. La reforma recientemente aprobada solo hace referencia a temas ambientales cuando determina la destinación específica del impuesto al carbono establecido en 2016, que por un año debe ir al medioambiente. ¡Debería ser por siempre!
La justificación del Gobierno para haber omitido todo lo demás es que esta reforma se centraba en gravar al sector productivo y que no quería imponer impuestos ambientales a la producción. El dilema es que este argumento, que en medio de la crisis económica puede tener validación política, deja sin piso financiero el compromiso de reducción de emisiones al 51 % que el gobierno Duque adquirió ante Naciones Unidas a nombre del país.
Para terminar de agravar las cosas, según Climate Action Tracker, estamos en el grupo de los países que de manera muy insuficiente dan cumplimiento al Acuerdo de París, y si todos estuviesen como nosotros, la temperatura se elevaría más de 4 °C.
La reforma tributaria no responde al propósito de recuperación económica enverdecida y dista significativamente de lo propuesto por el FMI en términos de impuesto al carbono, que considera que, para tener impacto, el gravamen por tonelada de CO2 debe ser de US$75 en las economías ricas, de US$50 en economías emergentes altas y de US$25 para los de menor ingreso. Colombia está en menos de US$5 por tonelada.
Sin impuesto adecuado a las emisiones, sin recursos financieros para gestión ambiental y sin claros incentivos para la descarbonización, el compromiso internacional del 51 % es bla, bla, bla… En gestión ambiental seguimos con promesas y compromisos en el ámbito internacional pero sin coherencia en medidas fiscales y asignación local de recursos. Somos país modelo en discurso y política-ficción.
