Tenemos que revisar nuestro rol en el nuevo contexto internacional con criterio de potencia mundial, de país estratégico para la biodiversidad y la regulación climática. La geopolítica global cambia con el Pacto Verde de la Unión Europea, el COVID-19, la crisis climática y el reciente reintegro de EE. UU. al Acuerdo de París. Los ecosistemas naturales, eje de nuestro patrimonio, son argumento para exigir transferencias por los servicios ecosistémicos que le estamos ofreciendo al mundo.
Apoyo a la conservación y el desarrollo de mercados para productos provenientes del uso sostenible del bosque, apoyo a la reconversión productiva hacia sistemas amigables con la biodiversidad y reducción de deuda externa por compromisos de regulación climática son posibilidades que se abren como parte del “efecto Biden”. Todos estos temas están mencionados en la orden ejecutiva sobre cambio climático en la parte 1, literal iii), Biden —como se mencioné en mi columna anterior— ordena un plan para promover la protección de la selva amazónica y otros ecosistemas críticos que sirven de sumideros globales de carbono, usando incluso mecanismos de mercado. La cooperación bilateral con Estados Unidos, que normalmente se canaliza a través de USAID, estará centrada en los bosques tropicales y su relación con el cambio climático; es decir, su conservación y la de sus servicios ecosistémicos asociados.
Un aspecto novedoso es la mención de mecanismos de mercado; esto puede ir en diversas direcciones. Por un lado, puede dirigirse al desarrollo de un mercado justo y estable para el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, condicionado a conservar la cobertura boscosa; al apoyo de la reconversión productiva de praderas degradadas a sistemas silvopastoriles que contribuyen a la conservar la biodiversidad y la fijación de carbono, y a transferencias mediante bonos de carbono para comunidades e instituciones que conserven el bosque. Por otra parte, razonable, pero con efectos económicos negativos en el corto plazo, puede significar la imposición de impuestos y trabas para la importación de productos colombianos, como carne, flores o café, si el país no está cumpliendo sus compromisos asociados al Acuerdo de París. El Pacto Verde de la Unión Europea también anuncia una cooperación internacional asociada al cambio climático y a la conservación de la biodiversidad. De hecho, Reino Unido, Alemania y Noruega ya han suscrito acuerdos con Colombia con estos propósitos.
El contexto internacional muestra que las zonas “abandonadas”, sin infraestructura, como son el andén Pacífico y la Amazonia no intervenida, donde la presencia estatal no ha impulsado la deforestación con la construcción de carreteras, constituyen un importante patrimonio que hoy con sus ecosistemas naturales y servicios ecosistémicos asociados, son herramientas de negociación y fortalecen a Colombia para entrar con paso firme a las reuniones de Naciones Unidas. Debemos asegurar transferencias justas y adecuadas a las comunidades que gestionan su conservación.
Negociar compensaciones asociadas a la conservación contribuye a cubrir el costo de oportunidad de no usar ese suelo para procesos productivos que requieren destruir los ecosistemas naturales. Esto no significa vender la naturaleza ni los derechos de manejo del territorio; significa cobrar por y para conservar los beneficios asociados a los servicios ecosistémicos que generan los bosques y otros ecosistemas naturales. Los bosques hoy cubren el 51 % de nuestro territorio y una adecuada compensación contribuye a mejorar calidad de vida y al desarrollo sostenible.
Tenemos que revisar nuestro rol en el nuevo contexto internacional con criterio de potencia mundial, de país estratégico para la biodiversidad y la regulación climática. La geopolítica global cambia con el Pacto Verde de la Unión Europea, el COVID-19, la crisis climática y el reciente reintegro de EE. UU. al Acuerdo de París. Los ecosistemas naturales, eje de nuestro patrimonio, son argumento para exigir transferencias por los servicios ecosistémicos que le estamos ofreciendo al mundo.
Apoyo a la conservación y el desarrollo de mercados para productos provenientes del uso sostenible del bosque, apoyo a la reconversión productiva hacia sistemas amigables con la biodiversidad y reducción de deuda externa por compromisos de regulación climática son posibilidades que se abren como parte del “efecto Biden”. Todos estos temas están mencionados en la orden ejecutiva sobre cambio climático en la parte 1, literal iii), Biden —como se mencioné en mi columna anterior— ordena un plan para promover la protección de la selva amazónica y otros ecosistemas críticos que sirven de sumideros globales de carbono, usando incluso mecanismos de mercado. La cooperación bilateral con Estados Unidos, que normalmente se canaliza a través de USAID, estará centrada en los bosques tropicales y su relación con el cambio climático; es decir, su conservación y la de sus servicios ecosistémicos asociados.
Un aspecto novedoso es la mención de mecanismos de mercado; esto puede ir en diversas direcciones. Por un lado, puede dirigirse al desarrollo de un mercado justo y estable para el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, condicionado a conservar la cobertura boscosa; al apoyo de la reconversión productiva de praderas degradadas a sistemas silvopastoriles que contribuyen a la conservar la biodiversidad y la fijación de carbono, y a transferencias mediante bonos de carbono para comunidades e instituciones que conserven el bosque. Por otra parte, razonable, pero con efectos económicos negativos en el corto plazo, puede significar la imposición de impuestos y trabas para la importación de productos colombianos, como carne, flores o café, si el país no está cumpliendo sus compromisos asociados al Acuerdo de París. El Pacto Verde de la Unión Europea también anuncia una cooperación internacional asociada al cambio climático y a la conservación de la biodiversidad. De hecho, Reino Unido, Alemania y Noruega ya han suscrito acuerdos con Colombia con estos propósitos.
El contexto internacional muestra que las zonas “abandonadas”, sin infraestructura, como son el andén Pacífico y la Amazonia no intervenida, donde la presencia estatal no ha impulsado la deforestación con la construcción de carreteras, constituyen un importante patrimonio que hoy con sus ecosistemas naturales y servicios ecosistémicos asociados, son herramientas de negociación y fortalecen a Colombia para entrar con paso firme a las reuniones de Naciones Unidas. Debemos asegurar transferencias justas y adecuadas a las comunidades que gestionan su conservación.
Negociar compensaciones asociadas a la conservación contribuye a cubrir el costo de oportunidad de no usar ese suelo para procesos productivos que requieren destruir los ecosistemas naturales. Esto no significa vender la naturaleza ni los derechos de manejo del territorio; significa cobrar por y para conservar los beneficios asociados a los servicios ecosistémicos que generan los bosques y otros ecosistemas naturales. Los bosques hoy cubren el 51 % de nuestro territorio y una adecuada compensación contribuye a mejorar calidad de vida y al desarrollo sostenible.