Comentar la ley sobre delitos ambientales que espera sanción presidencial no es tarea simple. Como ambientalista, estoy de acuerdo con la necesidad de sancionar a quienes incurren en delitos ambientales; como ciudadano y partiendo de mi entendimiento de las enseñanzas del profesor Julio Carrizosa —quien en sus diversos escritos y presentaciones nos ha hecho comprender que los problemas complejos no tienen soluciones simples—, entiendo e identifico dificultades en su aplicación y la considero una contribución parcial y limitada para la gestión de un mejor ambiente.
Esta ley tipifica nuevos delitos ambientales e incrementa las penas para otros ya existentes. Se abordan la deforestación, la promoción y financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica y la apropiación ilegal de baldíos de la nación, entre otros temas. Estoy de acuerdo con la urgencia de transformar la dinámica nacional de los procesos mencionados y también creo que ello requiere sanciones.
Sin embargo, hay compatriotas que han sido desplazados y arrinconados, y encuentran el sustento en la destrucción del bosque para producción agropecuaria. Debemos evitar que, amparados en argumentos ambientales, se cometan atropellos con colombianos que tienen derecho a sobrevivir. ¿Cómo lograr que el peso de la ley recaiga exclusivamente sobre los delincuentes que están destruyendo la biodiversidad y los bosques por usura, que no recaiga sobre los de ruana y machete que se vean obligados a degradar ecosistemas por razones de supervivencia?
La ley sanciona y considera delincuente a quien deforeste una hectárea o más de bosque natural continuo o discontinuo, aplicándole una pena de cinco a 12 años de prisión y multa de 134 a 50.000 salarios mínimos. La pena aumenta —lo que celebro— cuando la deforestación se adelanta con fines de acaparamiento de tierras, cultivos ilícitos o construcción de infraestructura ilegal, o cuando se deforesten más de 30 hectáreas. Hay que diferenciar a quien tumba para sobrevivir del que tumba para enriquecerse. Aplaudo que la ley establezca sanciones para quienes promuevan y financien la deforestación o la invasión de áreas de especial importancia ecológica, pues son quienes lo hacen por codicia o con fines políticos.
La ley sanciona a quien se apropie ilegalmente de baldíos de la nación —sin cumplir los requisitos de ley— y exime a campesinos, indígenas y afrodescendientes que lo hagan por supervivencia, evitando así que se cometan atropellos sociales en nombre de la justicia ambiental. Alabo que se sancione a los inversionistas que pretenden apropiarse de forma ilegal de los baldíos de la nación.
La ley incrementa sanciones para otros delitos ya existentes, como aprovechamiento ilícito y daño de los recursos naturales, caza y pesca ilegales, ecocidio y contaminación.
Así, esta ley busca cambiar la dinámica de procesos muy complejos; considero que es una buena contribución. Si tuviera que votar —a pesar de todos sus riesgos e imperfecciones—, votaría a favor de esta propuesta de ley, pues la considero oportuna y estructurada. Sé que, dada nuestra idiosincrasia y la naturaleza de algunos de los procesos, su aplicación será compleja e incierta y que, como sucede con muchas otras leyes, se inventarán mecanismos para justificar acciones indebidas. ¡Adelante con esta ley, pero no olvidemos presionar para su adecuada aplicación!
