Deforestación, titulación, especulación y guerra

El informe del Ideam (2021) sobre deforestación muestra que la destrucción del bosque natural biodiverso sigue siendo el problema ambiental de mayor amplitud y repercusión en Colombia. Desde el 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, se disparó la deforestación. Cifras altas muy similares entre sí encubren realidades y dinámicas muy diversas.

De 2013 a 2015, el promedio de deforestación fue de 125.000 hectáreas anuales; entre 2016 y 2019 se incrementó en más de un 50 %, pasando a ser de 198.000 hectáreas anuales, y de 2019 a 2020 fue de 165.000 hectáreas al año. Lo ocurrido a partir de 2016 muestra una correlación entre el repliegue de las Farc y el incremento de la deforestación, pues este grupo pasó de tener una fuerte presencia en las áreas de frontera agropecuaria a concentrarse en las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

En investigaciones de campo en el arco de deforestación Guaviare-Meta-Caquetá —Cespaz (2018) y KPMG (2019)— tuve conversaciones con diferentes actores. Todos señalaban que con el Acuerdo de Paz y el repliegue de las Farc llegaron inversionistas a comprar la posesión al colono-campesino, deforestar y esparcir semilla de pasto. Así, capitales legales e ilegales pasaron a tener reconocimiento local como poseedores “legítimos” de unas tierras que en corto plazo valían cinco veces más de lo invertido. Estas transacciones se realizaban en el mercado informal de tierras, atrayendo capitales asociados a la especulación predial, cuya esencia es la posesión informal del predio expresada mediante la tenencia de ganadería extensiva.

Este negocio empezó a decaer en 2019, cuando retornaron las confrontaciones armadas a la región. Con el colono-campesino de por medio, se mezclan hoy confrontaciones entre grupos de narcotraficantes y guerrillas, que se disputan los espacios y el dominio del territorio con el Ejército y el Gobierno Nacional. Como expresión de esta confrontación, las disidencias de las Farc amenazan y fuerzan el retiro, en el 2020, de los funcionarios de los parques nacionales de la Amazonia. La deforestación pasó a ser una expresión del dominio territorial y la valorización predial tiene vigencia solo en aquellas áreas donde la confrontación entre fuerzas armadas es menor.

Como afirma Julio Carrizosa, situaciones complejas no tienen soluciones simples. Ninguna acción unilateral frenará de un tajo la deforestación, pero la combinación de diferentes acciones tendrá un efecto positivo. De una parte, para frenar la especulación predial, el Gobierno de Colombia debe tomar la determinación y anunciar que no realizará más titulación individual en la Amazonia. Esto frenará al inversionista, que hoy especula asumiendo que en el futuro incrementará su riqueza al obtener el título legal y apropiar la valorización predial que se desprende de la inversión de recursos públicos en la construcción de carreteras. Debe aplicarse al especulador, con todo rigor, la recientemente aprobada ley de delitos ambientales.

Simultáneamente, se debe fortalecer la gobernanza en tierras de comunidades indígenas y afrodescendientes, zonas de reserva campesina y reservas naturales de la sociedad civil. Siguiendo los compromisos del Acuerdo de Paz, hay que concederle opciones de uso productivo en las áreas de Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) al colono-campesino, apoyarlo con la implementación de sistemas amigables con la biodiversidad y el desarrollo de mercados para productos provenientes de la extracción y el cultivo sostenibles de recursos del bosque, e incentivar su acción conservacionista mediante compensaciones a modo de pago por servicios ambientales.

Conservar y vincular el bosque a la frontera productiva, de forma climáticamente inteligente, es un reto nacional inaplazable.